El pasado 14 de junio se cumplieron 15 años de que, bajo el gobierno del priista Ulises Ruiz, la Policía Estatal de Oaxaca intentó desalojar con violencia el zócalo de aquella entidad, ocupado por un plantón de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Aunque fue repelida por la población y el magisterio, la represión de los pueblos de Oaxaca en 2006 dejó tras de sí heridos y otras graves violaciones a DDHH que, a lo largo del proceso que dio inicio aquél día (encarnado en la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), sólo fueron sumando más delitos por parte de las fuerzas represivas del Estado.
Según un informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el proceso de la APPO hubo al menos 383 presos políticos, 20 ejecuciones extrajudiciales y 87 heridos. Estas cifras, desde luego, están muy por debajo de las registradas por la Comisión de la Verdad instalada para el caso, que da cuenta de al menos 500 casos de tortura y 26 ejecuciones de líderes y activistas.
Los llamados por parte del Congreso local a la Fiscalía General de la República para fincar responsabilidades al exgobernador Ulises Ruiz y a su antiguo secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, han sido meramente formales y por la vía de los hechos prevalece la impunidad.
El pasado lunes, durante la conmemoración de este décimo quinto aniversario, integrantes de la sección 22 realizaron una marcha en la que denunciaron cómo varios de los responsables de la represión no sólo siguen impunes, sino que forman parte de la administración actual. Desde otros cargos, siguen operando la represión a pesar de los discursos democráticos de apertura al diálogo.
Entre los ejemplos más representativos de esto, está el de Ardelio Vargas Fosado, actual subsecretario de Gobernación en Puebla, entidad en donde recientemente el gobierno de Morena repirmió a la jóvenes estudiantes de la Normal de Teteles y Vargas Fosado ha sido señalado entre los responsables.
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