En 2010, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ser parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); sin embargo, su solicitud fue rechazada, puesto que no elaboró suficiente producción científica ni aporta investigaciones en “la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, como se establecía en el reglamento de aquel tiempo.
En las últimas dos semanas, el fiscal –quien percibe 159 mil 536 pesos mensuales– se ha involucrado en una situación para recibir los estímulos como investigador SNI III apoyado por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien declaró que anteriormente no se había “valorado de manera objetiva e imparcial su producción y trayectoria académica y científica".
El fiscal, entonces, por fin pudo acceder al recurso sin contar con los requisitos. Álvarez-Buylla, incluso, defendió el caso frente al Conapred, arguyendo que en 11 años “se cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos”.
Conacyt creó una comisión especial ad hoc para analizar su caso, basado en una interpretación jurídica ex profeso que argumenta el criterio pro persona, con el cual le dieron el grado más alto que se otorga a los investigadores. Un SNI III puede ganar hasta 300 mil pesos por los estímulos, beneficiando a las burocracias académicas y ahora a los funcionarios públicos.
Álvarez-Buylla es parte de ambas, antes era académica y ahora, como funcionaria, tiene un sueldo mensual de 96 mil 758 pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021, junto con prestaciones que suman 23 mil 577 pesos; lo que da un total de 120 mil 336 pesos.
Sumando los estímulos que recibe como investigadora SNI III, de entrada, recibe una beca mensual de 32 mil 857 pesos; es decir, percibe 153 mil 193 pesos mensuales, eso más otros estímulos a los que podría acceder, lo cual supera por mucho el estándar de austeridad republicana marcada por el presidente de un máximo de 100 mil pesos.
Aplicación discrecional de los reglamentos
La actitud de Álvarez-Buylla resulta cínica y refleja el uso que la 4T da a los recursos para la investigación, omitiendo que sólo los académicos con plaza en una institución pública de educación superior tienen derecho a recibir los estímulos del SIN como señala el reglamento. Algo que Gertz Manero no tiene, mostrando que aplican las leyes según su conveniencia.
Este nuevo reglamento abre la puerta para que funcionarios puedan aprovecharlo; ya que, si un gobernante o funcionario público tiene plaza de académico –con licencia por el ejercicio de funciones públicas– puede recibir los recursos del SNI, aunque no imparta clases, revise tesis, escriba artículos, etc. Lo cual resulta contradictorio en un gobierno que presume de “austeridad republicana”.
Nueva orientación “productiva” para el conocimiento
Miles de profesores de todo el país llevan a cabo actividades de investigación y docencia bajo condiciones precarias contratados bajo la figura de asignatura, eventual o temporal, con sueldos raquíticos. Además, muchos de los académicos que están en el SNI no pueden recibir las becas porque no tienen plaza y, año con año, les niegan tanto el dinero como la estabilidad laboral.
Los funcionarios del Estado, en cambio, se reparten los recursos que deberían estar destinados a la investigación y al desarrollo científico (como las vacunas para combatir la pandemia, por ejemplo), violando sus propios reglamentos, con criterios discrecionales, mientas que a los profesores de asignatura a veces ni les pagan; como a los docentes de la Facultad de Ciencias de la UNAM quienes denunciaron que les llegaban cheques de dos pesos, situación que sigue sin resolverse, lo que despierta la pregunta ¿dónde quedó ese principio “pro persona”?
Resulta necesario reorganizar un potente movimiento universitario que defienda la basificación y sindicalización de todos los profesores y trabajadores universitarios, junto con la democratización de las universidades y el control obrero sobre el Conacyt para cambiar su orientación productiva y distribuir el presupuesto democráticamente que combata la precarización laboral. Estos casos demuestran la urgente exigencia para que todo funcionario gane lo mismo que un trabajador promedio, pues mientras nosotros pagamos las consecuencias de la crisis, estos personajes buscan nuevas formas de seguir llenando sus bolsillos.
Cuéntanos tu experiencia como docente, trabajador administrativo o estudiante en medio de la pandemia y participa en la consulta universitaria, pues se requiere de las más amplia participación de los de abajo para frenar la precarización laboral implementada por las burocracias académicas, quienes se aprovechan de los presupuestos para ganar sacar provecho. | 
