La Ley provincial N° 14783 que otorga un cupo mínimo del 1% de cargos en la administración pública de personas travestis, transexuales y transgénero, fue sancionada en el año 2015. Sin embargo, pasaron seis años para que la Suprema Corte de Justicia de la provincia firme la Resolución SC 920/21 que la reglamenta en el ámbito del Poder Judicial.
Dicha resolución fue aprobada el pasado 14 de junio, y habilita a crear un registro de aspirantes especial para personas trans que quieran ingresar a trabajar al Poder Judicial de la provincia y relevar la cantidad de personas de dicho colectivo que actualmente desempeñan labores en dicho Poder.
Desde la página oficial de la SCBA se presenta la resolución como una "Igualdad real de oportunidades y de trato", mientras desde el gremio judicial (AJB) lo anuncian cómo un "triunfo histórico", a pesar de sus límites, y cómo "un gran paso hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva".
No hay dudas de que es una gran noticia. Sin embargo, no debe dejar de tenerse presente que se trata de una gran conquista que el colectivo LGTBIQ+ arrancó al Estado con su lucha y organización.
Igualdad en el papel, violencia en la calle
La población trans sufrió históricamente difíciles condiciones de vida: discriminación, falta de acceso a salud y educación, desocupación, falta de vivienda, persecución y maltrato policial, sumado a los crímenes de odio, transfemicidios y travesticidios, genera que su expectativa de vida llegue apenas a los 35 años.
La desaparición de Tehuel De la Torre, en Alejandro Korn, es un botón de muestra: fue visto por última vez hace más de tres meses, cuando salió a una entrevista de trabajo. Recién seis días después de su desaparición se comenzó su búsqueda, y aún no hay rastros del mismo.
El informe elaborado por ATTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina) da cuenta de que sólo el 18% de travestis y trans tuvieron acceso alguna vez a un trabajo formal.
El Poder Judicial ha actuado en diversas ocasiones, desde su faceta punitiva, castigando y encarcelando a dicha población. Las grandes mayorías populares, conocen bien esta faceta.
Son estos magistrados que gozan de grandes privilegios, los que definen, desde sus lugares de poder, quienes serán los que ingresen a trabajar. Debemos continuar en el camino de la lucha y organización, para que cumplan con el cupo laboral trans.
Por esa demanda y tantas más, debemos continuar en las calles: por la aparición con vida de Tehuel, por la efectiva implementación del cupo laboral trans, por cada una de las medidas más elementales como viviendas y trabajo, pero también por terminar con los travesticidios y transfemicidios, así como con la violencia policial e institucional.
Y ahí es donde todos los gremios, y en especial la AJB tienen la tarea de convocar a asambleas y espacios de organización que permitan multiplicar la fuerza en las calles y ligar las demandas gremiales a las del colectivo LGTBIQ+, como parte de un plan de salida a la crisis sanitaria, social y económica, con medidas que apunten a resolver los problemas de fondo de las grandes mayorías.
Nada se puede esperar de Jueces y funcionarios que viven en barrios privados, viajan en autos de lujo y se codean con empresarios de toda índole. Mucho menos de reformas cosméticas que terminan perpetuando la desigualdad. Sólo la organización independiente del Estado, y en unidad con el conjunto de los trabajadores y pueblo empobrecido, hará efectiva esta y nuevas conquistas. | 
