El 16 de junio a las ocho de la mañana se estableció un operativo policial en el barrio San Miguel, lindero a Nuevo comienzo, en la zona de Santa Catalina. A esas horas, irrumpieron las fuerzas policiales cuando los vecinos y vecinas estaban desayunando para dirigirse a sus trabajos. Varios efectivos uniformados, y otros tantos sin uniforme armados apuntando a las casas, se introdujeron sin permiso en las viviendas y sin orden legal.
En el operativo, que incluyó una fuerte presente de la Guardia Republicana, detuvieron a 6 hombres y 7 mujeres, sin ninguna orden judicial ni motivo aparente, sin dar explicaciones, violando su domicilio, dejando a niñas y niños solos, llevándose a una mujer que había parido recientemente, dejando a su beba de 1 mes y medio a cargo de sus hermanitos menores, Esta misma mujer, horas más tarde y ya en la comisaría del Cerro debió ser asistida debido a que se le abrió la herida de la cesárea, además de que tuvieron que llevarle a la beba para la alimentara, ya que estaba en pleno proceso de lactancia. A otro vecino, no le permitían que se llevara sus medicamentos psiquiátricos. A otros se los llevaron casi engañados. Una violación sistemática de los derechos humanos tanto de la población adulta como de las infancias.
El accionar policial, la complicidad de la justicia y el derecho a la vivienda nuevamente vulnerado
El accionar de las fuerzas policiales no es nuevo, sino que mantiene una similitud con operativos anteriores sufridos por la población del barrio Nuevo Comienzo el año pasado. Inclusive cuenta con la protección y el impulso de la justicia, personificada en el Fiscal Diego Pérez quien, desde que se realizaron las primeras ocupaciones en lo que hoy es Nuevo Comienzo, se encargó de criminalizar y perseguir a las familias, tratándolos de delincuentes cuando lo que pretendían era vivir en un lugar digno, y engañándolas vilmente con citaciones que luego se convirtieron en una trampa extorsiva para deternerlas.
Pronunciamiento del abogado Juan Ceretta que había logrado resolución del Comité de DDHH de la ONU por el caso Santa Catalina
Este Fiscal Pérez es tristemente conocido por ensañarse con la gente que menos tiene, con hostigar permanentemente a los más vulnerables, aprovecharse del desconocimiento y la falta de información y de la buena fe de las familias, para terminar solicitando penas contra estas al punto de pedir la reclusión penitenciaria o la prisión domiciliaria en otro caso, que finalmente consiguió imponer. No le importan los derechos humanos, solo la propiedad.
En medio de la pandemia, donde los medios oficiales, que repiten como loros los mensajes del gobierno, nos dicen “quédate en casa”, donde apelan a una supuesta “libertad responsable” y cuando el Covid se ha llevado la vida de cientos de personas, el gobierno, la justicia y la policía cargan las tintas contra quienes no pudieron seguir pagando un alquiler porque sus ingresos se vieron cortados, y debieron ocupar un terreno para poder vivir.
Se trata de familias trabajadoras, cuyos ingresos se vieron afectados por la crisis económica y sanitaria. Se criminaliza así al pobre y a su derecho a una vivienda digna. Contra este sector, el gobierno descarga todo el peso de la ley, mientras otorga subsidios millonarios y exoneraciones siderales a las grandes empresas.
Por otra parte, no podemos olvidar que el móvil de todo esto no es otro que el de liberar esos terrenos para generar un gran negocio inmobiliario que puede otorgar jugosos dividendos. Así, el derecho a una vida y a una vivienda digna está por debajo del derecho a la renta y la propiedad. Puro capitalismo.
Por otro lado, hay que recordar que, a principios de este año el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas (ONU) emitió un fallo favorable a los vecinos del barrio Nuevo Comienzo, donde se exigía al Estado uruguayo que suspendiera el intento de desalojo, y obligaba al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial a reasignar viviendas dignas a las familias involucradas mientras se evaluaba el caso.
Núcleo sindical de AFUTU Santa Catalina: siempre solidario con la comunidad
Desde el día 1 que las profesoras y profesores que integran el Núcleo Sindical de la UTU ubicada en el barrio, junto a otras organizaciones solidarias, se han puesto a disposición de las necesidades de las familias. Allí estuvo la solidaridad de la clase trabajadora, que colaboró en la construcción de salones comunales, que brindó actividades recreativas a las niñas y niños, y que peleó codo a codo con las familias en la defensa de su derecho a una vivienda digna.
Ayer, en el medio de la jornada del paro general convocado por el PIT-CNT, integrantes del núcleo sindical acompañaron una movilización de las familias de San Miguel que exigían la inmediata liberación de las y los detenidos.
Esta es la tradición solidaria del movimiento obrero que es necesario rescatar, que demuestra además el acercamiento que tiene la comunidad docente con la cruda realidad que viven cientos de miles de familias pobres en nuestro país.
El Estado debe garantizar el acceso a la vivienda
Es responsabilidad del Estado generar planes y programas que otorguen terrenos para construir, vivienda para quienes no la tienen – como la población en situación de calle - y facilidades para quienes puedan adquirirlas a bajo costo.
Con estas bajas temperaturas invernales, no puede haber ni una familia que viva en la calle ni en condiciones precarias.
La Intendencia de Montevideo también tiene responsabilidad en proteger y garantizar los derechos de las familias más vulneradas, y no actuar – como ocurrió en Nuevo Comienzo - como mandadera de la justicia metiendo miedo entre la gente, cuando no directamente amenazando con el desalojo.
Mientras se les otorga sumas millonarias a las grandes empresas de la construcción que tienen decenas de contratos de obras con el Estado – es decir, que viven de la obra pública – se debería desarrollar un verdadero plan de obras públicas que construya miles de viviendas populares, que genere decenas de miles de puestos de trabajo a nivel nacional, pero que se encuentre bajo gestión de los propios trabajadores de la construcción y de la población que necesita una vivienda digna, para evitar los actos de corrupción, romper cualquier favoritismo empresarial y fiscalizar la calidad y la efectividad de los fondos invertidos.
Exigimos la libertad inmediata de las y los detenidos, el fin de las persecuciones y de la criminalización de la pobreza.
Exigimos tierra para que la habita.
Tenemos que rodear de solidaridad a estas familias e impedir que sean desalojadas.
¡Familias en la calle NUNCA MÁS!
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