Desde La Izquierda Diario Uruguay repudiamos la represión en el Barrio San Miguel sucedida el pasado 16 de junio contra los vecinos del barrio.
Las fuerzas policiales, el ministro del interior Luis Alberto Heber, el presidente Lacalle Pou y el fiscal Fiscal Diego Pérez son directos responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los vecinos.
Prepotencia, violencia y detenciones ilegales contra los pobres, de igual manera a como actuaron en Santa Catalina bajo las órdenes del mismo fiscal, que se encargó de criminalizar y perseguir a las familias, tratándolos de delincuentes cuando lo que pretendían era vivir en un lugar digno. Enviando a prisión a trabajadores/as culpables de pelear por un pedazo de tierra para vivir con sus familias.
En medio de la pandemia, donde los medios oficiales, que repiten como loros los mensajes del gobierno, nos dicen “quédate en casa”, donde apelan a una supuesta “libertad responsable” y cuando el Covid se ha llevado la vida de cientos de personas, el gobierno, la justicia y la policía cargan las tintas contra quienes no pudieron seguir pagando un alquiler porque sus ingresos se vieron cortados, y debieron ocupar un terreno para poder vivir.
Mientras se les otorga sumas millonarias a las grandes empresas de la construcción que tienen decenas de contratos de obras con el Estado – es decir, que viven de la obra pública – se debería desarrollar un verdadero plan de obras públicas que construya miles de viviendas populares, que genere decenas de miles de puestos de trabajo a nivel nacional, pero que se encuentre bajo gestión de los propios trabajadores de la construcción y de la población que necesita una vivienda digna, para evitar los actos de corrupción, romper cualquier favoritismo empresarial y fiscalizar la calidad y la efectividad de los fondos invertidos.
Exigimos el fin de la persecución policial y judicial a los vecinos de San Miguel y de la criminalización de la pobreza.
Exigimos tierra para que la habita.
Tenemos que rodear de solidaridad a estas familias e impedir que sean desalojadas.
¡Familias en la calle NUNCA MÁS!
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