Según datos de Orlando Ferreres, en 1970 el 4,6 % de la población argentina estaba debajo de la línea de la pobreza. Con la dictadura cívico militar las cifras comenzaron a elevarse. Durante la hiperinflación de 1989 y 1990 hubo picos muy altos con alrededor del 40 % de pobreza. Las cifras descendieron una vez pasada la crisis. En 1994, uno de los mejores años económicos de la convertibilidad menemista, la pobreza afectó al 21 % de la población. No obstante, las cifras siguieron en alza y los noventa terminaron con cerca de 30 % de la población pobre. La devaluación de Eduardo Duhalde logró un récord histórico: 55 % de pobreza en 2002. Como luego de la crisis de 1989 y 1990, las cifras mejoraron cuando se reinició el crecimiento económico desde 2003. No obstante, a pesar de la mentira piadosa de Aníbal Fernández, quien afirmó que Argentina estaba mejor que Alemania, la “década ganada” consolidó un piso de pobreza algo por debajo de un tercio de la población, aún en los años de crecimiento a tasas chinas. Con el regreso del FMI a la Argentina gracias a los oficios de Mauricio Macri y luego con el efecto del Covid, la pobreza saltó por encima del 40 %. Es decir, al término de cuatro décadas el porcentaje de población bajo la línea de pobreza se multiplicó por diez.
Las cifras son más alarmantes en los partidos del Gran Buenos Aires, donde el nivel de pobreza alcanzó el 51 % en el segundo semestre de 2020, según los datos del INDEC. Y entre las niñas y niños menores a 14 años donde los números oficiales registran que seis de cada diez son pobres. Un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señala que la pobreza por ingresos en todo el país fue más alta que la medida por INDEC: alcanzó al 45 % de la población en 2020. Pero también advierte que las privaciones sociales no solo se expresan en la insuficiencia de ingresos (que es utilizada para medir la pobreza), sino que existen otras dimensiones: acceso a la buena alimentación y salud, a los servicios básicos, a la vivienda digna, a la educación, medio ambiente saludable, al empleo y seguridad social. El 70 % de la población en 2020 tuvo al menos una carencia no monetaria. La Argentina se volvió más “democrática”: a nadie se le niega el derecho a ser pobre.
La gestión de la pobreza
La gestión de la miseria social engendró una enorme batería de políticas asistenciales por parte del Estado. Es una confesión que el régimen capitalista no puede dar una salida de fondo a la pobreza. Solo la administra. Eduardo Duhalde dio el puntapié inicial en la masificación de los planes con el Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Claro que su “iniciativa” tuvo lugar después de que se incendiara al país, y con el aval del FMI. Pero de esa maquinaria también hizo uso la gestión macrista. Su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con el oficio del Papa Francisco desde el Vaticano, mantuvo una relación privilegiada con el llamado Triunvirato Cayetano y el Movimiento Evita, ahora integrados directamente como funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández. Para el macrismo se trataba de un engranaje para contener el descontento social mientras aplicaba tarifazos y las recetas fondomonetaristas.
El año pasado, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aunque tenía un monto totalmente insuficiente para atender las necesidades de una familia, abarcó a unas 9 millones de personas. Aun así, Argentina fue uno de los países que menos gasto público desembolsó para la asistencia por Covid, no sólo comparado con potencias económicas, sino también con los países vecinos de la región. Pero en este 2021, en medio de una potente segunda ola de Covid, los anuncios del oficialismo están lejos de abarcar el universo de personas que percibieron el IFE. En abril, junto con mayores restricciones a la circulación, se implementó por única vez un bono de $15 mil para un millón de beneficiarios en el Gran Buenos Aires. Recientemente, se anunció un bono extraordinario de $6 mil a cobrarse en julio para otro millón de inscriptos en el programa Potenciar Trabajo. Previamente, el oficialismo había anunciado el adelanto del complemento de $7 mil por única vez para 1,3 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y una ampliación en la Tarjeta Alimentar, que llega a 2,3 millones de hogares.
Existen otros programas y los números son abrumadores de detallar, pero una cifra sintética permite establecer comparaciones. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en mayo de 2021 en comparación con el mismo mes de 2020, los desembolsos totales del Ejecutivo Nacional en programas sociales retrocedieron 42 % en términos reales (en decir, después de quitar el efecto inflacionario). Allí explican que el recorte del IFE no es compensado con las medidas del corriente año. Varios de los anuncios antes detallados se ejecutarán desde junio, por lo cual habrá que ver hacia adelante cuáles son los resultados de las cuentas públicas, pero difícilmente cambien el signo del ajuste.
El informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA antes mencionado estimó que la pobreza por ingresos en 2020 habría trepado del 45 % al 53 % si no existiera la Tarjeta Alimentar, el IFE, la AUH y otros programas. Lo que destaca que el “estado presente” que propugna el Frente de Todos apenas alcanza a reducir en un 8 % la pobreza, pero deja inmutable el 45 % restante. Una incógnita que queda abierta es en qué medida la tibia recuperación económica en curso compensará el recorte en los programas sociales para evitar que las futuras estimaciones oficiales de pobreza no exhiban cifras más dramáticas.
El sentido común liberal
A pesar de los números contundentes sobre el ajuste en curso, la derecha liberal hace un análisis perverso de las políticas de emergencia anunciadas por el oficialismo. Una muestra de eso es el cálculo de “máxima” del economista Fernando Marull, reproducido por medios de comunicación y en las redes sociales. Considera que una familia podría tener un ingreso de $ 73 mil durante el mes de junio gracias a la ayuda social: es para el caso que el hogar tenga tres hijos que califican para la Asignación Universal por Hijo (AUH), reciba el beneficio de la Tarjeta Alimentar (que se paga a madres con hijos hasta 14 años de edad), más dos padres anotados en el plan Potenciar Trabajo. Este tipo de análisis “científico” está orientado a generar un sentido común favorable a desmantelar el gasto público en asistencia social: se presenta una realidad donde es más fácil no trabajar, descansar, no hacer ningún esfuerzo porque el Estado garantiza todo, cuando en realidad lo que garantizó en las últimas décadas es un aumento geométrico de la pobreza.
Pero los cálculos liberales resultan ridículos y una provocación al sufrimiento de millones de personas. Esta semana el INDEC difundió el costo de la canasta de pobreza para mayo: un hogar de cinco integrantes necesitó $ 68 mil para no ser pobre. Si todos los hogares argentinos tuvieran garantizado un ingreso de $ 73 mil por mes (tal el cálculo de “máxima” de Marull) no existiría pobreza. O, al menos, no existiría pobreza medida por ingresos (como se dijo antes, la pobreza comprende otras aristas, además de los ingresos). Lejos del cálculo de “máxima” de Marull, las estadísticas muestran que los ingresos son mínimos (acá sí, sin comillas). El último informe de distribución del ingreso del INDEC (corresponde al cuarto trimestre de 2020) expuso que el 70 % de los hogares percibieron ingresos totales menores a $ 70 mil, pero hay situaciones peores: por ejemplo, el 40% de los hogares no llegaba a $ 40 mil. Además, el INDEC registró que subieron los ingresos laborales en detrimento de los no laborales, probablemente porque se terminó el IFE hacia finales del año pasado.
A los condenados a la desocupación y la pobreza por las propias leyes del funcionamiento del sistema capitalista los liberales los presentan prácticamente como a unos oportunistas, que “optan” por descansar en una reposera todo el día gracias a los incentivos del Estado. El ladrón liberal piensa que todos son de su condición. Este distorsionado relato de la realidad también busca desalentar cualquier ánimo solidario y promover la división entre las filas de la clase trabajadora: inocula odio entre los trabajadores ocupados que supuestamente bancan a los “vagos” a través del pago de impuestos. Es el dogma que repite Javier Milei en sus shows televisivos: está en guerra contra quien recibe asistencia pública porque no tiene nada de nada, pero es indulgente con empresarios que les sobra de todo gracias al Estado. Tal es el caso del jefe de Milei, Eduardo Eurnekian, a quien el Estado le garantiza el monopolio en la operación de los aeropuertos con Aeropuertos Argentina 2000. Eurnekian también es socio del Grupo América, uno de los mayores receptores de pauta publicitaria estatal.
El estudio maníaco obsesivo al detalle del gasto social por parte de la derecha liberal contrasta con la nula rigurosidad para escrutar la fuga de capitales a paraísos fiscales del gran empresariado, el robo de la deuda de la mano del FMI y los lobos de Wall Street, las non sanctas maniobras de las multinacionales agroexportadoras para evadir impuestos, el curro de los bancos que viven de la “teta” del Estado (igual que Eurnekian) gracias a los intereses que les paga el Banco Central por las Letras de Liquidez (Leliq), que constituyen un enorme déficit cuasi fiscal, tanto antes con Macri como ahora con Alberto Fernández. Esta es la clase social capitalista responsable de que el país naufrague en un mar de pobreza.
El ajuste llegó hace rato
El Frente de Todos aloja cierto espíritu keynesiano: en su concepción el Estado tiene que tomar un rol clave en la reactivación de la economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, es discípulo de Joseph Stiglitz. Este último está ubicado en el espectro de los denominados economistas neokeynesianos, una versión “light” del keynesianismo. El año pasado, a propósito de los efectos del Covid en la vida económica, Stiglitz se pronunció a favor de medidas que reduzcan la desigualdad en el ingreso, de políticas monetarias que apunten a garantizar el pleno empleo (y no sólo la reducción de la inflación), de mejorar la legislación laboral y de buscar una globalización (como si tal cosa existiera) que mejore el empleo y el medio ambiente.
El oficialismo parece tener deprimida la fe en sus preceptos keynesianos. Algo de eso se expresa en la evolución de la ejecución presupuestaria. Las últimas cifras de la recaudación que publicó el Ministerio de Economía muestran un crecimiento enorme de los ingresos tributarios: 68 % interanual en el acumulado entre enero y mayo. El dato puntual de mayo exhibe un alza más importante: 73 %. Este número se ubica casi 25 puntos porcentuales por encima de la inflación del quinto mes del año, que fue del 49 % interanual. Durante mayo se destacó el incremento extraordinario de los derechos de exportación: 268 %. Esto se explica fundamentalmente por el aumento de los precios internacionales de la soja. La Oficina de Presupuesto del Congreso hace un análisis que no solo incluye los ingresos tributarios (que son los previamente mencionados), sino más en general todos lo ingresos públicos: sin contar las utilidades que envía el Banco Central al Ministerio de Economía, en mayo los ingresos totales muestran una expansión del 41,5 % interanual en términos reales. En esto influye, por ejemplo, el aporte extraordinario que empezó a ingresar al fisco en el quinto mes del año y seguirá en los próximos. Con los ingresos recuperando terreno a paso firme, la lógica keynesiana indicaría que es el momento para que el Estado empuje la demanda agregada, vía el gasto público. Pero no es lo que está ocurriendo.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en mayo el gasto público primario retrocedió 17 % en términos reales. Esta disminución se explica, entre otros ítems, por las bajas en los montos destinados a las jubilaciones (-10 % interanual) y de los salarios públicos (-8 %). Como se mencionó antes, los desembolsos en programas sociales cayeron 42 %, siempre en términos reales. El ajuste de las cuentas públicas, en sintonía con lo que exige un futuro acuerdo con el FMI, lo están pagando los sectores de la población más expuestos a los efectos de la crisis social. La economista Marina Dal Poggeto explicó que “La consolidación fiscal fue más rápida de lo que percibía el mercado; el déficit fiscal acumulado a mayo fue de 0,3% del PBI, contra 2,6% del mismo período de 2020. Aún acelerando el gasto al final del año el déficit fiscal puede dar entre 2,5 y 3% del PBI (por debajo del 4,2% proyectado en el presupuesto), contra el 6,4% de déficit del año pasado”. Es decir, que en los primeros cinco meses del año, el déficit se aproximó al “déficit cero”, el sueño eterno del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, el adalid del neoliberalismo vernáculo, que no casualmente elogió los números que logró Guzmán.
El ajuste en el gasto público afecta negativamente el consumo, por lo tanto resulta un atentado, en los términos de la teoría keynesiana, contra la posibilidad que la tímida recuperación en curso pueda consolidarse. Esto ocurre aun cuando se trata de una recuperación tímida, que tiene lugar en contraste con el derrumbe del año pasado y cuando el país produce niveles de riqueza per cápita que exhiben más de una década de estancamiento. El gasto en obra pública sí se está recuperando, pero parte de niveles muy bajos de los últimos años y no representa un volumen de recursos que permita un impacto fuerte en la actividad económica.
La política monetaria del Gobierno del Frente de Todos tampoco está al servicio de la recuperación económica y de la búsqueda del pleno empleo, tal las indicaciones de Stiglitz. Desde la salida de Mauricio Macri del poder, el Banco Central multiplicó el negocio de las Letras de Liquidez (Leliq). En las últimas semanas, la entidad monetaria habilitó a que los bancos integren una parte de sus encajes remunerados con títulos del Tesoro. En palabras llanas, implica un reemplazo del financiamiento por parte del Banco Central en favor del sistema bancario, en sintonía con lo que exige el FMI. Así el Estado pierde grados de autonomía en el financiamiento. Esto ubica al sistema bancario más alejado de los objetivos de la recuperación económica. En otro andarivel se observa que las tasas de interés elevadas que cobran los bancos no favorecen la actividad productiva vía el financiamiento del consumo y la inversión. Solo hay que ver los exorbitantes intereses que cobran en las tarjetas de crédito y en los créditos personales para entender que se trata de un robo a mano armada que desincentiva el consumo.
Hay un aspecto de la teoría de Lord John Maynard Keynes que es menos difundido por el progresismo local. Se trata de la “ilusión monetaria” de los trabajadores. Keynes creía, en contra del pensamiento liberal, que la conducta de los trabajadores está determinada, en mayor medida, por el salario nominal: es decir, por el dinero que se recibe cada mes por trabajar. Y, en menor medida, influía la percepción del salario real: es decir, la capacidad de compra de mercaderías y servicios que tiene el salario. En su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, una obra del año 1936, el economista británico afirmaba que “puede suceder que, dentro de ciertos límites, lo que los obreros reclaman sea un mínimo de salario nominal y no de salario real”. Así, concluía que “si bien los trabajadores suelen resistirse a una reducción de su salario nominal, no acostumbran abandonar el trabajo cuando suben los precios de las mercancías para asalariados”.
Las paritarias arrancaron el año alineadas con el 29 % de inflación proyectada por Guzmán. Luego pasaron a negociarse en el torno al 35 % conforme avanzó el año y la inflación. La última semana el gremio de camioneros, conducido por Pablo Moyano cerró en 45 % en tres tramos hasta 2022. Pero la inflación de mayo, aunque exhibió una desaceleración, registró un aumento interanual del 49 %. Las cúpulas sindicales, a la vez que firmaron para la tribuna la proclama del 25 de Mayo contra el Fondo, estamparon la firma en las paritarias que podrían consagrar al 2021 como el cuarto año de pérdida del poder de compra. Como demostraron la lucha de la salud en Neuquén o los trabajadores vitivinícolas, salir a pelear es el único camino para encarar la recuperación salarial.
Según otro estudio de la UCA casi el 30 % de los asalariados son pobres. No solo eso. Más grave es la firma que estamparon las conducciones sindicales en el Consejo del Salario que consagró un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia. En realidad, no es que las cúpulas de la CGT y las CTA sufren “ilusión monetaria”, sino que son parte del operativo de desguace del salario a cielo abierto.
Por cada punto que la inflación le gana al incremento de salarios los capitalistas como clase embolsan una parte mayor de la torta de la riqueza social que se produce cada año: eso ocurrió, según las estadísticas del INDEC, durante 2020. Probablemente, se repita en 2021. Una riqueza que, claro está, se produce íntegramente por el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores. Los keynesianos de estas pampas prendieron fuego su libreto. De las enseñanzas de su maestro preservaron una sola parte: la que orienta a usar la licuadora inflacionaria para devorar el poder de compra del salario.
El famoso segundo semestre
En el oficialismo, algunos dicen que la disputa entre el ministro de Economía y su subordinado Federico Basualdo se resolvió en favor de este último. En términos de lo que sucede con las tarifas de los servicios públicos, es cierto. Pero, según la visión del ala kirchnerista del Frente de Todos, esa disputa era apenas un capítulo de una disputa más amplia por terminar con el ajuste, por propugnar que el gasto público consolide la recuperación económica. Si esto es así, como dice el encuadre kirchnerista de aquel round entre Guzmán y Basualdo, se presenta la paradoja que el derrotado, es decir Guzmán, impuso su concepto de ajuste del gasto público. Además, la versión kirchnerista omite que el Presupuesto 2021, que guía los gastos del Estado que sufren la tijera de Guzmán, fue votado en el Congreso por el Frente de Todos, con Cristina Fernández al frente del Senado y Máximo Kirchner al frente de la conducción del bloque oficialista en Diputados.
En los próximos meses empezará a impactar el cambio en el impuesto al salario, se trata de una inyección de unos $ 50 mil millones, lo cual no mueve el amperímetro significativamente. Por otro lado, el ajuste de los primeros cinco meses del año, junto con una tímida recuperación de las reservas del Banco Central por la soja, más el ingreso de unos U$S 4.400 millones por Derechos Especiales de Giro (DEG) que enviaría el FMI en agosto, ofrece cierto margen al Gobierno para soltar la billetera hacia el período electoral. Por eso hay quienes desde el oficialismo, como hizo el macrismo en su momento, buscan instalar la idea de que lo peor del ajuste ya pasó y que en el segundo semestre habrá más gasto público para mejorar las chances del gobierno en las elecciones. El experimento no podría ir más allá. Luego del vaso de agua para las elecciones, el Gobierno tendrá para ofrecer, nuevamente, el desierto de un nuevo acuerdo con el FMI.
Es lo que fue a negociar Sergio Massa a los Estados Unidos, donde se habrá sentido muy a gusto: años atrás, las revelaciones de Wikileaks expusieron el actual presidente de la Cámara de diputados con un diálogo muy fluido con la Embajada yanqui en Argentina. En esta oportunidad disertó invitado por el Consejo de las Américas. En relación al FMI, dijo que “los acuerdos van a estar cerrados cuando el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía sientan que están cerrando un deal (acuerdo) favorable para Argentina”. La pregunta que surge es ¿hay posibilidad de un “deal” favorable para el país? La historia del FMI y la Argentina no deja lugar a dudas que para las mayorías populares la única respuesta razonable es el desconocimiento soberano de la deuda, la ruptura con el FMI y una reorganización económica que ponga en el centro de las necesidades sociales urgentes.
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