Este martes el diario italiano Il Correre Della Sera informó que hace cinco días el Vaticano pidió formalmente al Gobierno italiano que haga modificaciones al proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que se está debatiendo en el Senado, luego de que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados de ese país europeo.
El hecho ya está causando revuelo en Italia y el resto del mundo, ya que el cuestionamiento de la “santa sede” a la iniciativa parlamentaria contrasta con los “gestos” que los apologistas de Jorge Bergoglio realzan a la hora de mostrarlo como un papa “progresista” y tolerante con las disidencias sexuales.
El jueves la Secretaría de Estado vaticana, órgano de gobierno y relaciones exteriores de la Iglesia católica, cursó el pedido al Gobierno italiano ya que considera que “algunos pasajes” de la norma en debate violan el llamado Concordato que mantienen ambos Estados, cuya versión original data de 1929 (firmado por la Iglesia y Benito Mussolini, su versión actual fue redactada en 1984).
El titular de la Secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Gallagher, presentó el pedido en la Embajada italiana ubicada a metros de la Plaza de San Pedro. Allí, según Il Corriere, señala que “algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica por el artículo 2, párrafos 1 y 3 del acuerdo de revisión del Concordato”.
La protesta del Vaticano es contra una parte del texto del proyecto de ley que prevé que las escuelas católicas no podrán gozar del privilegio de negarse a organizar actividades especiales durante la Jornada Nacional contra la Homofobia (fecha que prevé instituir la nueva norma).
“Pedimos que se tengan en cuenta nuestras preocupaciones”, le dice el Vaticano al Estado italiano, y acusa al proyecto de ley de atacar “la libertad de pensamiento” de la comunidad católica y de abrir un panorama con “temibles” consecuencias judiciales. La norma fue presentada por el diputado del Partido Democrático Alessandro Zan y fue aprobada por esa Cámara el 4 de noviembre último, con 265 votos a favor y 193 en contra.
Según la revelación del diario italiano, el obispo Gallagher alega en su nota diplomática que es necesario defender el Concordato firmado entre los dos Estados para garantizar a la Iglesia “libertad de organización, de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal”. Teniendo en cuenta qué es lo que rechazan las huestes de Bergoglio, podría decirse que el Vaticano reclama su “libertad” y la de sus fieles de no combatir la homofobia y la transfobia e incluso de reproducirlas dentro de sus instituciones.
Medios como El País del Estado español y otros de relevancia en Europa afirman que la presentación de la “santa sede” causa “un choque sin precedentes en la historia de las estrechas relaciones entre Italia y el Vaticano, puesto que este último, hasta el momento, nunca había intervenido directamente en el proceso de tramitación de las leyes italianas”.
El dato no es menor, ya que la monarquía de Bergoglio viene intentando “despegarse” de sus predecesoras (Rantinger y Wojtyla) para mostrar a una Iglesia “comprensiva” con las personas a las que considera desviadas del plan de Dios, como es el caso de gays, lesbianas, trans y demás disidencias sexuales.
De hecho para quienes hacen apología de la “popularidad” del papa no era esperable una actitud de este tipo. Se sabe que Juan Pablo II y Benedicto XVI intervinieron activamente en la política italiana, como cuando se debatió la legalización del divorcio y del aborto (en los 70 y 80) o contra las leyes de uniones civiles, fecundación asistida e investigación científica con células madre de los últimos años. Sin embargo, siempre había sido sin presentaciones formales por parte de la Secretaría de Estado vaticana.
Bergoglio y compañía se ubican así del bando de la ultraderecha italiana y europea, al menos en esta debate. De hecho ya salieron a respaldar al Vaticano nada menos que La Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, quienes ven en el “sumo pontífice” un aliado extraparlamentario para su batalla en el Congreso.
Salvini en persona agradeció al Vaticano por el “sentido común” expresado en la carta al Gobierno italiano. Y reivindicó su coincidencia con Bergoglio al reclamar el derecho de las instituciones católicas (incluso las que se financian con fondos públicos) tanto a educar a millones de niñas y niños bajo el precepto de que “mamá, papá y familia son el corazón de nuestra sociedad” como a negar “la ideología del género en las escuelas”. | 
