El pasado lunes 14 de junio, en horas de la tarde, la mamá de Guadalupe alertó al 911 sobre la desaparición de su pequeña hija. Estaban en el cumpleaños de un familiar, en uno de los barrios del sur de la capital puntana, cuando la niña - que jugaba con otras en la vereda de la casa - desapareció.
El caso tiene en vilo a la sociedad puntana y al país, ya que más allá de las líneas de investigación que se siguen, se sabe que la menor no se fue por su propia cuenta, no está perdida, sino que alguien se la llevó.
Desde el martes pasado, el rostro, nombre y características físicas de la niña son parte del portal de Missing Children. También se activó a nivel nacional el Protocolo #AlertaSofia, utilizado para localizar por las redes sociales a niños, niñas y adolescentes que desaparecieron.
La rápida difusión y enorme conmoción que tiene el caso es gracias a la movilización de la familia de Guadalupe junto a vecinas, vecinos, amistades y gran parte de la sociedad puntana. Son ellas y ellos quienes tienen la potencia y la fuerza de sostener su búsqueda hasta que aparezca con vida, a la vez que el Estado, los Gobiernos y todas sus instituciones son las responsables de ello, debiendo proporcionar todas las herramientas necesarias para hallar a la pequeña sana y salva.
Esta desaparición forzada expone una vez más la vulnerabilidad de las niñas y los niños en esta sociedad, como así también, de las mujeres, las y los jóvenes y demás sectores vulnerables. De hecho, en San Luis, esta desaparición se suma a la de Lucas Bolotti y Abel Ortíz.
Este flagelo no está escindido de lo que pasa en el país con la violencia machista, con la violencia de género y la falta de decisión política de los Gobiernos para implementar medidas concretas de emergencia contra todos los tipos de violencia y para la contención, cuidados y garantías de los derechos de las infancias y las y los adolescentes, empezando por el magro e insuficiente presupuesto que se destina.
En este sentido, es vox populi que las deficitarias políticas públicas del Gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y del Gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá, para abordar este tipo de problemáticas solo están a disposición como “depósitos” de consultas y asesoramientos, más que como espacios de intervención o acompañamiento hacia las familias y las víctimas. Es más que necesaria una investigación a fondo, que no quede ni una medida sin tomar, que el Estado, los Gobiernos y sus instituciones proporcionen todas las herramientas que se necesiten y que se redoblen los esfuerzos hasta que Guadalupe aparezca con vida, sana y salva. |
