Con la pandemia se implementó el trabajo remoto o home office dentro del Poder Judicial Bonaerense y comienza a debatirse si no llegó para quedarse. La Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires encontraron de esta manera, una herramienta que perpetúa las tareas laborales en condiciones altamente estresantes y sin ningún costo para la patronal.
Una de las tantas consecuencias que atrajo la nueva modalidad es la extensión del horario laboral. Magistrados, funcionarios y jefe de distintas oficinas de la provincia manejan los horarios y días a su antojo. Abusando de la comunicación por whatsapp y su inmediatez dan “avisos”, tareas, información que puede ser importante o no, fuera del horario laboral establecido, inclusive los fines de semana y hasta altas horas de la noche.
Además de los horarios se vulneraron los distintos espacios. Al estar encerrados en el mismo lugar donde se realizan las tareas laborales, no hay posibilidad real de descanso. La mayoría de las y los trabajadores no cuentan con un espacio exclusivo para trabajar en sus casas y solo algunos logran improvisar un espacio de trabajo.
La situación se agrava para quienes además se deben ocupar de los cuidados familiares, de niños, niñas o niñes, acompañándolos en sus clases virtuales y deberes, como también en el cuidado de adultos mayores y todas las demás tareas de la casa que hay que realizar simultáneamente.
Sin dejar de mencionar que la gran mayoría de estos casos, el género femenino se ve más vulnerado, dando cuenta que en los hogares la sensación de agotamiento resulta mucho mayor en el caso de las mujeres; agravando así la dificultad de articular la rutina laboral con la dinámica y exigencias propias del entorno hogareño con los momentos de descanso y esparcimiento.
Como si todo eso no alcanzase, tanto los dispositivos como su conexión y consumo de energía es sostenida por sus trabajadores; sin ningún tipo de remuneración por ello y soportando los gastos de las tareas laborales. Cuando debería ser la Suprema Corte Bonaerense la que garantice los dispositivos, la conexión y los gastos que generan.
Por eso, la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires como el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires son los que deben garantizar las condiciones de trabajo, respetando los tiempos, brindando el equipamiento necesario y la formación para ello.
Esta es la realidad que muchos de nosotros vivimos en el día a día. Invitamos a todas y todos los trabajadores de la justicia a que también sumes tu denuncia en nuestra página de La Izquierda Diario. Así podemos poner en pie una organización para defendernos y que las patronales no descarguen esta crisis sobre nuestras espaldas. | 
