La Fundación Vida Silvestre denunció que la Provincia paga por matar a los felinos. La Fundación expresa su “preocupación ante las políticas implementadas por la provincia de Chubut de promover y recompensar la caza de zorros colorados y pumas, con el objetivo de solucionar el conflicto entre animales silvestres y ganado”.
El gobierno provincial de Mariano Arcioni y su “política ambiental” son noticia una vez más. A la ofensiva megaminera que desarrolla junto al gobierno nacional del Frente de Todos, que pretende entregar a las mineras el 70% del territorio, se suma la implementación de una ley que permite la cacería indiscriminada de pumas y zorros colorados.
La misma ofrece remuneración económica por las pieles de dichos ejemplares: 5000 pesos por los pumas y 1000 pesos por los zorros, además de destinar fondos públicos para el montaje de una estructura que va desde dichas recompensas a capacitaciones para la puesta de trampas en los campos. Como vemos, Arcioni propone “lidiar” con una compleja situación que lleva décadas a punta de escopeta, promoviendo una práctica que ya se ha confirmado como inútil: la matanza de poblaciones silvestres solo las ha empujado históricamente a la extinción.
La noticia causó fuerte bronca y rechazo a nivel provincial y nacional. Las brutales fotografías de pumas y zorros colgados en los alambrados de los campos circularon por las redes, aumentando el repudio. Desde diversas organizaciones ambientales se pusieron en pie petitorios y comunicados para solicitar que se derogue la ley. La Fundación Vida Silvestre expresó que “el conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma” y que “en las últimas décadas, los ecosistemas silvestres y las especies que los habitan fueron perdiendo esta disputa”.
Así mismo plantean, respecto a cómo atender el asunto, que “hace falta elaborar planes de manejo de estas especies que estén basados en información técnica sólida para evaluar su situación poblacional, identificar claramente los problemas o conflictos con las actividades productivas, y analizar diferentes alternativas para solucionarlos”. Cuestiones que están sobradamente lejanas a los planes encarados por Arcioni.
Una nefasta ley
La denominada ley “Creación de la Comisión de Control de las Especies Depredadoras de la Ganadería” posee veinte artículos y es nefasta de principio a fin. En el primero establece que solo cuatro personas integrarán la “Comisión de Control de las Especies Depredadoras” para llevar adelante esta ley, donde estarán representados el gobierno (dos integrantes) y la Federación de Sociedades Rurales de Chubut (dos integrantes).
Como vemos, están excluidas de las decisiones para la elaboración de políticas al respecto, como de costumbre, la comunidad científica, las organizaciones ambientales, los pueblos originarios y las comunidades afectadas. El Gobierno pretende tomar decisiones de forma unilateral y secreta, excluyendo de esto a las décadas de investigaciones y estudios realizados por investigadores tanto de las universidades públicas como de las instituciones científicas de la Patagonia.
En el artículo dos establece que esta comisión podrá dotarse de su propio reglamento y utilizar los fondos públicos para el armado de la estructura a cargo de implementar la ley, o sea la matanza de los ejemplares silvestres. En su tercero, establece que a la ley fluirán distintos fondos que van desde aportes presupuestarios de la Provincia, donaciones recibidas, multas por incumplimiento y hasta “de fondos provenientes de la comercialización de las pieles y/o despojos que resulten adquiridos” (inciso c). Este último aspecto realmente grave. Por supuesto, para el gobierno de Arcioni todo tiene que ser un negocio.
El pago por las pieles arrancadas de los ejemplares silvestres, pumas y zorros colorados, se expresa en el artículo doce. “La Comisión, podrá pagar precios estímulo por las pieles o despojos de las mismas, cuyos montos fijará. Dichos valores podrán ser modificados por la Comisión, cada vez que lo estime conveniente”.
El biólogo Andrés Novaro, quien expresó que “buscar información y herramientas para que la fauna y la gente puedan coexistir ha sido el hilo conductor de mi carrera”, comentó en entrevista al diario Rio Negro que se están desarrollando investigaciones para desarrollar métodos que impliquen el resguardo de la fauna silvestre y que la gente no los mate. “Estamos avanzando en el uso de luces y otros métodos para espantar a los carnívoros y que no se metan en los corrales del ganado”.
Novaro también detalló dos experiencias que le llevan a la conclusión sobre involucrar a las comunidades en las decisiones así como la participación de varias áreas para decidir sobre la situación ganadería-animales silvestres. Respecto a la primera, mencionó que pudieron obtener conocimiento de la recuperación de los pumas en Auca Mahuida (Neuquén) por conocimientos, aportados por las comunidades locales, que luego fueron corroborados por estudios de genética. “La experiencia local de la gente puede aportar información valiosísima”, sintetizó.
También que ha sido gratificante ver “cómo han innovado los crianceros en la Patagonia y están abiertos a incorporar herramientas como el tema de perros protectores del ganado o cambios en el sistema de pastoreo para proteger su ganado frente a depredadores. Las protecciones en los corrales para que sean impermeables a los depredadores”.
Perros para ahuyentar y mantener lejos de los corrales a depredadores como pumas y zorros, mecanismos de luces para espantar, una ganadería y agricultura que no se abalancen sobre los territorios históricos de poblaciones silvestres completas, junto a otras técnicas desarrolladas por las comunidades y científicos son ignoradas por el Estado y los gobiernos.
Una política no exclusiva de Chubut: el caso de Rio Negro
En la vecina provincia de Rio Negro también se ha avanzado en estos años en una legislación similar, cuando el gobierno de Alberto Weretilneck -el actual senador por Rio Negro y antecesor de la actual gobernadora Arabela Carreras- desempolvó en el año 2015 la ley N° 736 sancionada el 28 de agosto de 1972, el mismo día que asumió Oscar Luis Lava como interventor federal de facto bajo la dictadura de Lanusse.
Esta ley de la dictadura titulada “Declara obligatoria la lucha contra las especies animales silvestres perjudiciales para la ganadería y agricultura” habla de pagos por los cueros y pieles, la provisión de trampas, armas y tóxicos, la unilateralidad del Gobierno y la Sociedad Rural para la toma de decisiones. El texto de esta ley rionegrina es en parte, copie y pegue para la chubutense.
En aquellos años Weretilneck pagaba 3 mil pesos por los pumas y 700 por los zorros reivindicando la ley de la dictadura, pero recibió la resistencia por parte de organizaciones como la Asociación de Caza y Pesca Bariloche, investigadores del CONICET, del Instituto INIBIOMA, entre otras.
Una ley que es parte de toda una política ambiental destructiva y de saqueo
Esta ley que re-impulsa Arcioni es parte de su nefasta política que concibe al ambiente como un simple repositorio para la extracción indiscriminada y a cualquier costo de recursos naturales, mediante el daño y la contaminación, para el claro beneficio de los grandes grupos económicos. Una política que defiende el interés de los grandes capitalistas que vieron históricamente y ven en la actualidad a la Patagonia, como “zona de sacrificio” y saqueo.
Los ejemplos sobran. El reemplazo del bosque nativo de lengas, ñires, maitenes, notros en la cordillera y precordillera chubutense por los pinos, que año a año ganan territorio y su introducción para el monocultivo de exportación ha generado desde intensificación de los incendios forestales como la disminución de las especies nativas. La pesca depredadora, que busca exclusivamente el langostino por su elevado precio internacional, conlleva la eliminación de la tristemente apodada “fauna acompañante” como la merluza que es desechada al mar en miles de toneladas para dejar más espacio en las bodegas para la captura de langostino.
Como vemos, en plena crisis social mientras miles de estatales y jubilados no cobran sus salarios en tiempo y forma y no tienen recomposiciones salariales hace más de año y medio, Arcioni prioriza la violencia y la brutalidad a punta de escopeta, destinando fondos para la matanza indiscriminada de poblaciones silvestres que han vivido hace siglos en la región, haciendo de la flora, la fauna y los recursos un negocio para los capitalistas.
