El problema de la violencia en el hogar, así como las penurias que representa para millones de mujeres y niños a lo largo y ancho del país, es solo una parte del mosaico de violencias y opresiones al que estamos sujetas diariamente.
Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, vivía, como muchas otras mujeres, con la violencia familiar como pan de cada día. Su esposo la golpeaba y debido a esto, en el sexto mes de su embarazo tuvo un aborto espontáneo en los baños de una tienda Soriana, trauma tras el cual regresó a casa, según se ha difundido.
En el caso de Diana Patricia, sus familiares detallaron que la policía ministerial revisó las cámaras de seguridad de la tienda de conveniencia y la ubicó. Horas después la llevaron a un hospital y después la detuvieron.
Esta joven mujer tiene tres hijos de 10, 6 y 2 años, en su cuarto embarazo ella llevaba el control prenatal de manera periódica y los registros médicos ya señalaban que era de alto riesgo.
"Fue al baño y sin esfuerzo salió el feto, se asustó, no supo qué hacer y se fue. No lo hizo a propósito. Ella se cuidaba, su embarazo era deseado y llevaba su control. Su marido le había pegado y arrastrado. Ya presentaba problemas mentales por el maltrato", reveló un familiar.
Decir solamente que Diana vivía “una situación familiar complicada” minimiza los alcances que tiene la violencia contra las mujeres, misma que, como es sabido, aumentó durante el encierro obligatorio durante la pandemia.
La “justicia”
Únicamente en los estados de Oaxaca y la CDMX el aborto está despenalizado según lo convenga la persona gestante hasta las doce semanas de embarazo. Esto quiere decir que en 30 entidades federativas, el aborto está restringido por la vía legal y, como veremos a continuación, esto tiene consecuencias devastadoras para el grueso de la población, sobre todo femenil, trabajadora y que vive todos los días la precariedad de la vida y de los servicios de salud.
Ahora Diana Patricia enfrenta un juicio por homicidio ya que en Veracruz el aborto aún está penalizado. Para ser mas precisos, en esta entidad el aborto es un delito que está tipificado y solo se permite en casos de violación, peligro de muerte para la madre o malformación del feto.
El caso de homicidio se ha basado en un dictamen forense que refiere que el bebé de 6 meses nació con vida y murió por sofocación, lo cual agravó el delito.
Las consecuencias legales de esta restricción, golpean sobre todo, a las mujeres trabajadoras, debido a que no poseen muchas veces los medios para costearse una defensa legal íntegra. En el caso de Diana, su madre, María Leticia Araisa Hernández, pidió apoyo ya que no tienen dinero para pagar una digna defensa, cuyo precio, se ha dicho, va desde los 10 mil pesos en adelante.
En ese sentido es que cientos de mujeres se ven tras las rejas hasta por 25 años por “delitos” de este tipo, siendo que es sabido que muchas de ellas, de hecho, tenían embarazos de alto riesgo, producto del estilo de vida al que nos someten dentro de este sistema: trabajando en lugares precarios, con dietas poco adecuadas que terminan por ocasionar desnutrición tanto a la madre como el feto y la propia violencia en el hogar que expone a las mujeres a más riesgos.
Desde 2017, en Veracruz se declaro una Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Agravio Comparado, llamada así por para enfatizar que la violencia contra las mujeres viene desde las normas y políticas públicas, en particular en materia de derechos sexuales y reproductivos. Desde entonces se denunciaba la existencia de regulaciones restrictivas en el estado para las mujeres que buscaran acceder a una interrupción del embarazo.
El caso de Diana es un ejemplo de cómo la declaratoria de este tipo de Alertas, por la vía de los hechos no implica ningún avance en la mejora de las condiciones de vida y de acceso a derechos por parte de las mujeres en nuestro país.
Tenemos los derechos negados. Hay que ganarlos bien
En el caso de Diana Patricia podemos observar diferentes condiciones que se replican incontables veces diariamente en todas las entidades del país; desde la misma violencia en el hogar, hasta la restricción de un derecho elemental para las mujeres y personas gestantes: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra maternidad, nuestra determinación reproductiva.
En conjunto, el panorama que se vive sobre todo en los estratos populares, plagado de violencias, abuso, trabajo agotador y mal pagado, asi como el propio marco de la ley sellado por el conservadurismo y la desigualdad, conforman un atentado contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres trabajadoras.
Debería ser prioritario para el Estado garantizar, en primer lugar, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, con aborto libre legal, seguro y gratuito en cada clínica del país.
Por otro lado, y como hemos visto durante los sombríos meses de pandemia, el sector salud neesita recursos para garantizar salud sexual y reproductiva, lo cual implica anticonceptivos gratuitos e irrestrictos, controles de planificación familiar, equipo e insumos para seguir adecuadamente los embarazos y desde luego, todo el equipo médico que se requiera para atender complicaciones durante el embarazo.
Es urgente que se construyan hogares de transición para las mujeres que huyen de sus viviendas para dejar a sus agresores atrás, asi como garantizar trabajos dignos que brinden permisos de maternidad y sean dignos, a la par que se aumenta el salario mínimo para que cubra el precio de la canasta básica.
Todo esto debería ir acompañado por una educación sexual integral en las escuelas, laica y completamente libre de prejuicios, que permita cuidados sin estigmatización del placer.
Con lo anterior se estaría dotando de salud, educación, trabajo y vivienda a las mujeres de la clase trabajadora, reduciendo drásticamente los “embarazos de alto riesgo” así como la violencia en el hogar. Sin embargo hace falta poner todavía mucho empeño para organizarnos y arrancarle al Estado la vida que merecemos. | 
