Los becarios mexicanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) denunciaron en los últimos días que la institución recortó las becas con las cuales estaban realizando estudios de posgrado en el extranjero; así, muchos de ellos ya no podrán continuar con los proyectos que estaban desarrollando en Reino Unido y en otras naciones de Europa.
Ante la solicitud de una explicación, las autoridades respondieron mediante un correo electrónico el pasado 14 de junio, diciendo que: “Una de las indicaciones es no otorgar recursos nuevos a raíz de la extinción de los fideicomisos de los fondos CONACyT-SENER”. Pero, ¿qué es lo que buscan en realidad los funcionarios de la 4T al recortar los recursos de los becarios?
Los fideicomisos y los proyectos de investigación
Primero habría que aclarar el asunto de los fideicomisos al que refiere la administración del Conacyt encabezada por Elena Álvarez-Buylla. Desde mayo del 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una iniciativa legislativa para derogar la Ley de Ciencia y Tecnología, pues argumentaba que los fideicomisos existentes servían a privados y que además eran opacos en su manejo. Lo cual es verdad, esos recursos públicos se destinaba a beneficiar a entes particulares con el fin de generarles ganancias; el problema es que eso no quiere decir que su desaparición sea por sí misma la solución, pues se siguen fomentando esquemas de competencia que crean terribles desigualdades sociales entre los investigadores. Asimismo, no se garantiza que ese dinero se invierta en proyectos que beneficien a las mayorías.
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Lo que pasa es que las investigaciones no tendrían por qué estar en manos de privados, es decir en fideicomisos. Los recursos tendrían que ser invertidos directamente por el Conacyt sin la mediación de particulares para fomentar la investigación científica y tecnológica, lo cual no está sucediendo. Simplemente le están recortando las becas a los investigadores en el extranjero sin darles alternativas. Lo que está llevando a la institución dirigida por Álvarez-Buylla a contradecir sus supuestos fines, pues los estudiantes de posgrado a los que se les quitaron las becas desarrollaban proyectos relacionados con la energía, sustentabilidad y aeronáutica.
Ahora, la contradicción viene porque en marzo del presente año se reformó el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el cual se afirma que se busca “(…) el avance del conocimiento universal mediante el impulso de la investigación de frontera en alguna de las áreas del saber, el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social (…)”.
Y es que las investigaciones realizadas en países imperialistas que tengan que ver con la energía, sustentabilidad y aeronáutica entran en los conocimientos de frontera, incluso desde el punto de vista del Conacyt.
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Pero entonces, si ese capital no se está invirtiendo en ciencia y tecnología, ¿a dónde va a parar? En este mes se dio a conocer que, a la refinería de Tula, Hidalgo, se le inyectó más capital, al ser PEMEX uno de los pilares económicos de la 4T. Lo cual es financiado completamente por recursos públicos, pero al frente de este proyecto están las empresas privadas ICA, que dirige Guadalupe Phillips, y un 30 por ciento corresponde a la trasnacional Techint, de Paolo Rocca. Para completar la inversión se extrajeron 12 mil millones de pesos del Conacyt, de la UNAM y del Politécnico.
En otras palabras, en vez de que se inviertan en investigaciones científicas de energías sustentables y en la basificación de miles de profesores que laboran en condiciones precarias, estos millones se invirtieron en megaproyectos, que por cierto son terribles con el medio ambiente. | 
