Inquilinos Agrupados denuncia que el Estado no controla que se cumpla la ley, lo que explica ese aumento desproporcionado. Porque la letra de la ley, que permite una actualización de precios anual, indica que ese aumento se realiza en base al índice para Contratos de Locación (ICL) que elabora el Banco Central.
Esa fórmula de ajuste, calcula en partes iguales la evolución de los salarios y la inflación, y arrojó para julio una actualización interanual de alrededor del 41%.
Como plantea dicha agrupación de inquilinos, el problema de que el Estado no haga cumplir la ley es que todo queda librado a la sed de ganancias de ese mercado, y en los casos de propietarios que tienen una sola propiedad que ponen en alquiler, a la buena voluntad de ese locador.
El mercado explica el aumento en relación a la baja de ofertas de viviendas para alquiler, dado que por la ley se disminuye su margen para realizar aumentos (lo cual siguió sucediendo todo el año pasado y este, así que es una excusa poco valedera). Recordemos que la ley admite solo un aumento por año. También aducen que influyo el congelamiento de los alquileres entre marzo del 2020 y 2021. Y que por esos motivos los propietarios optan por poner a la venta sus inmuebles. Actualmente hay un 30% menos de viviendas en alquiles con respecto al año pasado.
Esta letra de la ley fue progresiva, pero si el Gobierno no vela por su aplicación redunda en que en la realidad, más allá de las intenciones, no se aplica. Porque lógicamente es más fuerte ese mercado inmobiliario que una familia que necesita una vivienda en alquiler y cobra salarios por debajo de la inflación interanual.
Recordemos que en Argentina son 3 millones de familias con déficit habitacional, para darle solución hay que implementar un plan de obras públicas con el fin de construir viviendas y controlado por trabajadores y trabajadoras, las organizaciones genuinas de inquilinos, porque son los que sufren este flagelo de la falta de vivienda en el país. | 
