El cura Sidders había sido denunciado por Rocío, una exalumna del Colegio San Vicente de Paul de La Plata, acusado de abuso sexual y corrupción de menores. La joven, que ahora tiene 28 años, testimonió que el sacerdote abusó de ella entre sus 11 y 14 años, cuando asistía al colegio.
Sidders permanece en la casa de su hermana, con tobillera electrónica, lugar al que fue trasladado por tener más de 60 años y por supuestos problemas de salud. La Justicia le otorgó este beneficio a pesar de que las pericias no determinaron que no pueda ser atendido en la sede penitenciaria donde se encontraba detenido.
El sacerdote goza de ese privilegio sólo por ser parte de la Iglesia Católica y tener estrechísimos lazos con el Estado. De no haber sido por la valiente denuncia de Rocío, hoy sería capellán de Gendarmería en Misiones.
Pese a que los delitos de los que se lo acusa son de mucha gravedad, hoy espera el juicio en un country mientras hay miles de personas con prisión preventiva acusadas de delitos infinitamente menores, incluso con causas armadas, en unidades carcelarias que se encuentran en condiciones inhumanas de detención y cuya salud se ha incluso deteriorado en tiempos de pandemia por la desatención.
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