Con patotas, topadoras y armas, Orlando Canido, el dueño de la empresa de gaseosas Manos, invadió un territorio de la comunidad indígena Yacu Kachi del pueblo originario Guaycuru, en Bajo Hondo, Santiago del Estero.
Las once familias de la comunidad Yacu Kachi, ubicada a más de 280 km al este de Santiago Capital, fueron sorprendidas, no por primera vez, por topadoras que irrumpieron en su territorio de madrugada para intentar desalojar a los pobladores rompiendo los alambrados que delimitan su territorio cada vez más reducido. “Por la mañana, la Policía de Santiago del Estero fue a testificar la situación y la banda armada continuó con los disparos y se negaron a identificarse”, indicaron desde el Mocase.
A eso se sumaron disparos de armas de fuego realizados por los hombres que ofician de sicarios de Orlando Canido, que viene hostigando a estas familias desde el año 2000. Estas familias resisten de manera sistemática los intentos de desalojo y viven rodeados de los campos del empresario de Manaos. Ahora conservan en un territorio comunitario el único monte que existe en la zona de 900 hectáreas, donde crían sus vacas, cabras, chanchos y gallinas.
Esta situación que relatamos sucedió en la madrugada del sábado 28 de junio, previamente, el 13 de junio había sucedido una situación similar. “Personal del empresario Orlando Canido, cortaron más de 2 km de alambre, robaron varilla y postes como respuesta al desalojo no ejecutado por orden de la Jueza Rosa Falco”, relataron desde el Mocase (Vía Campesina).
“Los integrantes de la comunidad ya han radicado la denuncia en la policía de Quimilí, a más de 80 km del territorio en conflicto. Solicitamos al fiscal de turno ordene llegar a realizar inspección ocular y se resguarde la vida que está en riesgo de las familias de la comunidad que resiste y defiende sus derechos”, denunciaron.
Estos hechos fueron en respuesta a no haberse podido cumplir, por la resistencia de la comunidad, la orden de desalojo que pretendían la jueza federal Rosa Falco, que con una orden de 2019 y personal de Infantería provincial mandada por el gobernador Zamora, pretendía sacar de sus tierras a las familias, incumpliendo entre otras cosas, la Ley que prohíbe los desalojos a comunidades indígenas.
Este viernes 2 de julio, Adolfo Farías, referente del Mocase (VC), confirmó a La Izquierda Diario que este jueves por la noche volvieron a entrar en los terrenos de la comunidad Yacu Kachi “con una topadora con gente armada, tiraron el alambre y montaron una casilla con 30 tipos armados”.
Denunciaron en sus redes sociales que “la Fiscal Sottini tiene el informe y aún NADA contra los matones y poniendo en riesgo la vida y seguridad de las flias de la comunidad de Bajo Hondo”.
Un verdadero muestrario de connivencia sistemática alevosa entre el empresario usurpador y el poder judicial cómplice. Mientras, el gobierno provincial manda la policía cuando la justicia se lo “solicita”, mostrando abiertamente su encubrimiento al empresario dueño de la empresa de gaseosas Manaos, Orlando Canido.
Canido está acusado hace décadas de liderar en Santiago del Estero y Jujuy bandas paramilitares que expulsan violentamente a miembros de pueblos originarios de sus tierras para poder desmontar y sembrar soja. Los métodos, además de los que hemos relatado, incluyen según los miembros de la comunidad, la quema de viviendas, rotura de los pozos de agua y les han prendido fuego a los medios de movilidad que tienen los habitantes y les mataron varios de sus los animales. Así se expresa el odio racial de Canido y sus matones.
La organización Greenpeace también lo denunció en el año 2016, bajo la consigna “Canido, por qué destruís lo mejor de nuestro país”, haciendo referencia al bosque nativo que destruye sistemática brutalmente.
Nos preguntamos qué ha hecho hasta el momento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirige Juan Cabandié, para frenar definitivamente el avance del desmonte y los atropellos hacia las familias originarias, que violan todas las leyes establecidas para proteger sus derechos. | 
