El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, es quien dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Ducoté, como “autor” del delito de administración infiel cometida en perjuicio de la administración y ordenó también la prohibición de salida del país, informaron fuentes judiciales.
El ex Intendente, también está siendo investigado por el desvío de fondos nacionales destinados a créditos de hasta 24 mil pesos para que familias pudieran refaccionar sus hogares y acceder a servicios básicos de infraestructura que no garantiza el estado como agua potable, cloacas, gas y electricidad. El presupuesto para los créditos fue de 300 millones de pesos, que no llegaron.
Cómo si esto fuera poco también se lo acusa de “malversación de caudales públicos” que vendría de un convenio con Nación de 15 millones de pesos para la instalación de una planta de tratamiento cloacal. El convenio contemplaba la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en el barrio Peruzzotti. La planta no fue construida pero sí certificada y cobrada por la empresa adjudicataria. Los vecinos siguen viviendo sin cloacas ni agua potable.
Estas denuncias están hechas desde 2019, ese manejo de los fondos para el privilegio de Ducoté y otros funcionarios se constituyeron en una estafa al pueblo de Pilar.
Sin embargo, las familias del distrito continúan con problemas estructurales, ya que ni Ducoté en su momento ni el ahora intendente Achával han dado respuestas a las necesidades básicas en los barrios, que incluso se han agravado en el marco de la pandemia.
Este accionar de políticos aliados a empresarios es común en todos los países, la corrupción y la utilización del dinero del estado para usos personales o de campañas electorales no sorprenden a la gente, pero sí les da bronca. No es un hecho aislado, sino un modus operandi en el que existe complicidad de una casta política y empresarios “amigos de la obra pública”.
Está claro que no se puede seguir con el mismo esquema: donde empresarios y funcionarios de turno se benefician con fondos del pueblo trabajador. El Frente de Izquierda plantea otra alternativa para evitar la corrupción “la obra pública tiene que ir destinada a las necesidades fundamentales de las mayorías populares y no a los negocios que hagan los empresarios. Para eso tiene que ser gestionada por los trabajadores, por especialistas de las universidades”. | 
