Tras la aprobación de una ley que legaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación en Hidalgo, obispos de la Provincia eclesiástica pidieron al gobernador de aquella entidad que ejerza su "derecho de veto". Asimismo lanzaron acusaciones en contra de los legisladores por la votación de la ley que se aprobó el pasado 30 de junio con 16 votos a favor, 8 en contra y una abstención.
Por medio de un comunicado titulado "Los hidalguenses estamos a favor de la vida", autoridades católicas de la entidad cuestionaron la votación en el Congreso, calificándola de "dividida y precipitada". Aseguraron que la ley "cambia el valor de la vida de todos los hidalguenses" y llamaron al gobernador a "vetar" esta ley que "destruye la vida y afecta sensiblemente a la madre". A pesar de las movilizaciones a favor, en su comunicado los obispos insistieron en que la legalización del aborto "no es una petición de los hidalguenses".
Firmado por el Arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez; el obispo de Huejutla, José Acosta Beltrán; el obispo de Tula, Juan Juárez Meléndez, este comunicado se suma a posicionamientos en contra del derecho a decidir en Hidalgo, como los de la Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz. Ahí, el vocero de la instancia religiosa insistió en que se trató de una votación "llena de irregularidades y de mentiras". Sin ningún reparo, aseguró que la legalización del aborto promueve una "cultura de la muerte" y aseguró que incrementa la violencia.
En Morelos, el vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, amenazó con excomunión a quienes se involucren en el tema del aborto, legisladores incluidos. Cabe mencionar que en aquella entidad el aborto se encuentra en la congeladora legislativa desde el pasado 28 de septiembre de 2020.
Hidalgo, Veracruz y Morelos forman parte de los diez estados desde donde viajan a la CDMX el mayor número de pacientes para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo. Las declaraciones eclesiásticas no sólo muestran la injerencia de la Iglesia en asuntos de Estado, sino también la indolencia ante una situación que afecta la vida de miles de mujeres en todo el país. Según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, en cinco años al menos mil 297 hidalguenses se han realizado una ILE en la Ciudad de México.
La hipocresía de estas declaraciones que buscan presentarse como preocupadas por la vida y la violencia, es la misma de la institución que, tanto a nivel internacional como en México, tienen una cuenta pendiente por distintos crímenes por pederastia y abuso en contra de menores, así como de encubrimiento, corrupción y vínculos con el crimen organizado. Históricamente ligada a dictaduras y regímenes genocidas, la Iglesia Católica suma su voz a la criminalización de quienes deciden interrumpir un embarazo, tal y como lo ha hecho en contra de los derechos de las personas trans y la población LGBT.
Como mencionamos aquí, es importante señalar que la despenalización del aborto, si bien es un paso alcanzado gracias a la movilización, es aún un peldaño rumbo a la legalización del mismo, necesaria para garantizar el pleno acceso de manera efectiva para todas. El caso de Hidalgo es una muestra clara de esto, y es que a pesar de los discursos y legislaciones, el acceso a este derecho aún está vedado por la vía de los hechos, considerando la incapacidad logística y estructural de clínicas y del sistema de salud estatal para garantizarlo.
Ante la embestida de los discursos criminalizadores y legislaciones que buscan frenar el avance de la lucha de las mujeres y personas gestantes por el derecho a decidir, la necesidad de construir y fortalecer un movimiento de mujeres que dé ímpetu a la marea verde para arrasar con la Iglesia, la derecha conservadora y el gobierno está puesta sobre la mesa. |
