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6 de julio de 2021 Twitter Faceboock

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Políticas de género: la subejecución en las partidas muestran las prioridades del gobierno

El ministerio de Elizabeth Gómez Alcorta utilizó un 24,7% del total de sus recursos. El abismo entre los discursos y la realidad deja en el medio a miles de mujeres ante el flagelo de la violencia machista.

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La creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno en un intento de mostrar que los temas de género estaban dentro de sus prioridades y su agenda. Sin embargo como ya lo hemos señalado desde este diario la realidad dista bastante de los hechos concretos.

Durante el Foro Generación Igualdad, evento organizado en París por el presidente francés Emmanuel Macrón, Alberto Fernández dio detalles de los logros de su gestión en cuanto a la agenda de género.

Estos supuestos objetivos alcanzados se contraponen con la información que brinda el propio gobierno desde el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía que indica que de la partida presupuestaria del MMGyD, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, solo utilizó el 24,7% del total de su presupuesto.

Desde La Izquierda Diario Investiga y la Sección Género y Sexualidades pudimos comparar lo presentado oficialmente como el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

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Uno de los objetivos del plan se concentra en el tema de refugios y hogares de tránsito para las personas en situación de violencia de género. De hecho la partida para esto es de 17.671 millones de pesos. Sin embargo, en la página oficial del presupuesto nacional, lo vigente para el MMGyD figura tan solo un tercio de los informado del cual no llegó a ejecutarse ni el 10% del mismo.

Según nos informó el MMGyD, en todo el país hay 142 centros territoriales con 1.800 plazas. Mientras las llamadas recibidas sólo por la Línea 144 durante el 2020 fueron 30 mil y se produjeron alrededor de 300 femicidios. Aún hay provincias, como Formosa y Tierra del Fuego, que no cuentan con ningún centro ni refugio.

Durante la pandemia los llamados a la línea 144 de asistencia a las personas en situación de violencia de género recibió más de 30 mil llamados. Sin embargo sus trabajadoras denunciaron en varias oportunidades sus condiciones de contratación y de trabajo, dejando en evidencia que un servicio esencial, como lo es una línea telefónica de ayuda, es sostenido por el trabajo precario de otras mujeres.

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Es importante señalar no solo la subejecución del gasto, sino la reducción de partidas en áreas vitales. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los programas destinados a la salud sexual y reproductiva tuvieron, en este primer semestre, un recorte de casi el 7% de su crédito inicial. En tanto los destinados a prevenir la violencia de género se vieron reducidos en alrededor del 7,5%.

Por ejemplo el Programa Acompañar que implica otorgar un Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 23.544) por 6 meses a las mujeres y personas LGTBI en situación de violencia por motivos de género, fue ejecutado en un 8,6%. El Programa fue presentado el año pasado y hasta marzo, solo 843 personas fueron dadas de alta y otras 1.513 están en proceso de validación para proceder al alta. No llega al 2% del anuncio oficial con el objetivo de asistir a 92 mil personas.

Recordemos que cuando se aprobó el presupuesto en el Congreso, desde el gobierno también señalaron que era el primero con perspectiva de género. Pero hay que remarcar que de ese presupuesto, las partidas etiquetadas para género el 85,71% fue asignado para la ANSES, el 13,27% para el Ministerio de Desarrollo Social y solo el 0,48% por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

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Estas “etiquetas” ligadas a la ANSES o al Ministerio de Desarrollo Social siguen dejando en evidencia que, aun aumentando el presupuesto, se sigue interpretando la cuestión de género como una extensión de los cuidados por parte de las mujeres. Esto podemos traducirlo como la confirmación de la feminización de la pobreza frente a lo que quieren mostrar como "agenda feminista".

La realidad discursiva por parte del gobierno y sus adalides de ministerios está muy alejada del día a día que viven cientos de mujeres. La aplicación de un plan real contra la violencia hacia las mujeres no puede formar parte de una agenda que solo se queda en intenciones.

 
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