Desde la promulgación de la mal llamada “Ley de protección del empleo”, hemos visto el aumento de la precarización de las condiciones laborales, sanitarias, vivienda, insumos básicos, costo de vida, entre muchas otras.
Situación que va en aumento, llegando a tener niveles de desempleos de un 10%, que significan más de 897 mil personas sin trabajo, mientras que la tasa de ocupación informal se situó en un 26,5%, superando los 2 millones de trabajadores, lo cual se traduce en la creciente contratación sin derechos laborales mínimos por parte de aplicaciones como Rappi, Uber Eat, Pedidos Ya, Glovo; sumado a la industria del arte, cocina y puestos de retail, los que han ofrecido un trabajo mal remunerado en medio de la pandemia, que ya lleva 4 millones de muertos a nivel mundial.
Estas condiciones lejos de ser un resultado natural de una crisis sanitaria, representan una realidad que desde hace mucho tiempo venía en aumento; la crisis por pandemia sólo vino a profundizar y exacerbar años de miserias para las familias trabajadoras. Dejando en claro que la pandemia de coronavirus, no solo es un asunto de vacunaciones, cuidados, distanciamientos sociales y demases, sino a su vez un asunto económico, político y social, que nos está afectando en nuestras condiciones de vida.
Sin ir más lejos, la nueva encuesta CASEN reveló que en Chile la pobreza extrema se duplicó, y el índice que le sigue, el de pobreza, superó el 10%, abarcando a más de 2 millones de personas.
Lo que algunos ya preveían se hace realidad debido a la incompetencia del Gobierno para contener el aumento de casos y paliar los problemas económicos con bonos que tienen más requisitos que un crédito bancario. Que la pobreza extrema se haya casi doblado (4,3% actual, 2,3% en el 2017) demuestra las nulas garantías que entrega el estado en términos de protección social.
Situación que afecta en su mayoría a mujeres y migrantes, llegando en este contexto a alcanzar 42,7 puntos en el índice general mundial, borrando 10 años de avance en materia de participación femenina en el ámbito laboral y aumentando considerablemente la precarización laboral a personas migrantes. Mientras la participación laboral de los hombres cayó de 74% a 69%, lo que muestra el fracaso de la empresa neoliberal en el mundo.
Hoy en día la pandemia ha generado la pérdida de casi 2 millones de puestos de trabajo, retrotrayendo a Chile a cifras del año 2010 en términos de desocupación e inactividad.
Las justificaciones en base al contexto pandémico, que argumentan una recesión económica y menor recaudo fiscal, llevan a autoengaños y a hipocresías que carecen de fundamentos cuando vemos que las principales fortunas del país (Angelini, Luksic, Matte, Saieh) han seguido aumentando sus patrimonios y generando utilidades aún mayores que antes que iniciara la pandemia. Por otro lado, el cobre se encuentra en un máximo histórico sostenido y no se visualiza que esta tendencia del metal vaya a interrumpirse en el corto plazo, entregando una base importante del presupuesto nacional en base a Codelco y los miserables impuestos a la megaminería, que como en el caso de Minera Escondida de BHP, aumentó sus ganancias en más del 400%.
Debido a las profundas condiciones de precariedad y desigualdad, que se venían cuestionando antes de la pandemia, como expresó el grito de "no son 30 pesos, son 30 años", de la rebelión popular de octubre de 2019, y que abrió por los acuerdos de la cocina de los partidos del régimen desde la derecha al Frente Amplio, y la gran tregua asegurada por el Partido Comunista cuando presidía la CUT, expresada en la Convención Constitucional; es que aumentaron las expectativas e ilusiones en un gran sector de la población, en que este organismo pueda resolver aquellos problemas que aquejan a millones. Hay quienes creen que a través de este proceso se podrían sentar bases distintas a la de la sociedad neoliberal en el país y se espera que muchos de los derechos privatizados, no sean manejadas por lo que dicte el mercado y los intereses de privados, para así dar un piso mínimo de garantías sociales a los estratos económicos de menores ingresos.
Pero, sabemos que lo anterior no se dará en la actual situación, lo que quedó demostrado en estos primeros días de convención, donde una de las demandas más sentidas como la libertad de los presos políticos, fue reducida a una declaración para apurar la Ley de Indulto en el Congreso- confiando en que esta institución liberará a los cientos de jóvenes encarcelados-, y también de exigencia a Piñera, cuando éste último incluso anunció que vetaría el proyecto si este daba a luz. Es decir, ya comenzamos a ver cómo los partidos del régimen detrás de esta declaración, y la adaptación de sectores de la Lista del Pueblo y la Vocería de los pueblos, redujeron la discusión a que la Convención no tiene la facultad para liberar a nuestros jóvenes privados de libertad, en la mayoría con montajes, entregando toda la facultad al mismo Estado que los apresó.
Por lo mismo, planteamos la necesidad de que la convención se declarara soberana, rompa el “Acuerdo por la Paz” y decrete como primera medida la amnistía de las y los presos de la rebelión e hiciera un llamado a todas las organizaciones sociales, centrales sindicales, asambleas territoriales y coordinadoras a una gran movilización para imponer esta decisión. La convención se puso a sí misma por debajo de las odiadas instituciones del régimen, mostrando que está lejísimos de ser una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que era lo que luchamos durante la rebelión.
Es así que el único camino para enfrentar las paupérrimas condiciones de vidas a las que nos han arrojado, poner los recursos y riquezas naturales a disposición de las necesidades del pueblo trabajador y pobre, será retomando el camino de la movilización, en perspectiva de tirar abajo a Piñera a través de una huelga general y así conquistar una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para que seamos la mayoría, los millones que nos movilizamos durante la rebelión de octubre quienes decidamos realmente sobre el destino del país. |
