El escándalo internacional provocado por el envío del gobierno de Macri de armamento para apoyar la brutal represión golpista en Bolivia no deja de causar indignación y expresiones de repudio.
No es para menos. A esto se agrega que quien firma la carta de agradecimiento por el aporte de armas y el apoyo internacional para financiar el golpe de Añez y los crímenes a quienes resistieron, el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, es actualmente ministro de trabajo del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy.
Sin embargo, una voz disruptiva se escuchó anoche, entre tantos, con razón, “indignados”. Esa voz es la de Sergio Maldonado, que se preguntó en Twitter, también con razón, si las adulteraciones en los expedientes de la causa por la desaparición seguida de muerte de su hermano Santiago, no deberían también provocar “la misma indignación.”
El día anterior, en la misma red social, Sergio había denunciado “Pasa el tiempo y no han hecho nada para saber que hicieron con Santiago”.
La parálisis de la causa es a esta altura un verdadero escándalo. No estamos lejos de que se cumplan cuatro años de la represión en la Pu Lof Cushamen en Esquel, Chubut, donde la gendarmería comandada, alentada y defendida por Patricia Bullrich y el conjunto del gobierno macrista, reprimió de manera salvaje a la comunidad mapuche y en ese marco Santiago fue desaparecido y 78 días después hallado muerto. Hasta el momento no hay responsables materiales ni políticos imputados, ni mucho menos procesados.
El gobierno de Alberto Fernández asumió con un discurso que se pretendía opuesto a su predecesor, y en materia de violaciones a los derechos humanos y libertades democráticas funcionarios como la ministra de Seguridad Sabina Frederic, sucesora de Patricia Bullrich, prometió entre otras cosas, avanzar en la investigación contra los gendarmes y funcionarios implicados en la causa de Santiago.
Sin embargo, como sin descanso denuncia Sergio Maldonado, “La Causa de Santiago Maldonado está tan planchada, que sólo falta que nieguen su Existencia. El Silencio de políticos y funcionarios del actual gobierno, solo favorece a Jueces y Macristas”.
A lo máximo que llegó el Ministerio de Seguridad que dirige Frederic fue a presentar una denuncia penal contra la jerarquía que actuó en la represión: Pablo Noceti, exjefe de Gabinete del Ministerio, y los gendarmes Gerardo Otero y Oscar Robino, exdirector y exsubdirector de Gendarmería Nacional, respectivamente, por considerarlos “autores, coautores o partícipes” de los delitos de “violación de los deberes de los funcionarios públicos”, “injerencia en el cumplimiento de una orden judicial”, “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”.
Esta denuncia fue hecha a dos días de cumplirse el tercer aniversario de la desaparición de Maldonado y luego de que, como señalamos, su familia denunciara públicamente a los gobiernos de Mauricio Macri por sus responsabilidades en el hecho y de Alberto Fernández por sus políticas actuales en el área de la "seguridad".
Recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello. ¿Será la justicia federal, denunciada sistemáticamente por el propio gobierno por proteger al macrismo, quien avanzará en castigar a los responsables del crimen de Santiago? Por el momento, solo se ve pasividad cómplice.
Recientemente fue archivado el juicio político al juez federal Guido Otranto, el primero que tomó la causa en Esquel. Fue el Consejo de la Magistratura quien hizo semejante favor a la impunidad. Ni siquiera trató el expediente. Otranto había sido separado de la causa por "parcialidad" a favor de Gendarmería, sospechada en una desaparición forzada y había sido responsabilizado por las arbitrariedades cometidas por esa misma fuerza el día de la desaparición de Santiago Maldonado.
Resulta justo entonces, sin lugar a dudas, que todo esto cause, como mínimo, indignación. Pero parece que para muchos la causa de Santiago fue parte de un relato, y hoy es solo silencio e impunidad.
Otro tanto podemos decir de la causa por el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi a manos de efectivos de la Prefectura el 25 de noviembre de 2017. No solo sigue impune su muerte, sino que el gobierno nacional y provinciales insisten en resolver el problema de quienes reclaman el justo derecho a la tierra y la vivienda con topadoras y represión.
Tampoco el Ministerio de Seguridad publicó una sola línea sobre la represión que fuerzas de la Ciudad y federales desataron en el 14 y 18 de diciembre de 2017 contra manifestantes que luchaban contra el robo a los jubilados que el gobierno de Macri y el Parlamento sellaron en esos días. Muchos de ellos perdieron la vista por culpa de disparos premeditados a los ojos.
El Estado es responsable, evidentemente hay intereses que quienes dirigen hoy el Estado tienen que preservar, como el poder de fuego de Gendarmería, una fuerza preciada para la represión a los trabajadores y el pueblo que lucha. El empoderamiento a las fuerzas de seguridad del que hizo gala el gobierno desde el inicio de la pandemia, es una muestra de esto, junto a los casi 400 de casos de gatillo fácil ocurridos en un año.
No hace falta hacer historia: este jueves se vio a la Gendarmería desatando toda su crueldad represiva usando topadoras para desalojar a 300 familias que viven desde hace años en el barrio ubicado sobre la Ribera a pocas cuadras de Camino de Cintura en Lomas de Zamora.
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