El anhelo de los docentes por más de 30 años era la desmunicipalización, con esto esperábamos que la educación pública pasara nuevamente a manos del estado como lo era antes de la dictadura.
El gobierno anterior de la ex Nueva Mayoría en acuerdo con la derecha, promulgan la ley de Nueva Educación Pública, que era anunciada con bombos y platillos, donde daban a conocer que el énfasis de los Servicios Locales de Educación (SLE) darían un fortalecimiento a la educación pública y la instauración de un nuevo modelo que revertiría, en profundidad, el actual sistema estandarizado que rige la educación chilena. Lamentablemente nada de esto ocurrió, ya que esta ley mantiene intactos los pilares esenciales del modelo existente.
Desde un inicio los Servicios Locales de Educación han presentado serios problemas en su funcionamiento y administración referidos entre otros aspectos a: pago de sueldos, infraestructura, no reconocimiento de derechos adquiridos, plagas de ratones y palomas, insalubridad de escuelas, liceos que no cuentan con recursos pedagógicos mínimos, salas sin calefacción en el sur, etc. Esto ha generado serios reclamos, malestar e indignación entre docentes por el incumplimiento una y otra vez de parte de dichos servicios y se ha visto una total apatía y desinterés del Gobierno.
Cabe resaltar que estos incumplimientos no obedecen solo a incapacidades en la implementación de esta ley o a falta de personal que pueda mejorar su puesta en práctica. El tema de fondo es que estamos en presencia de una ley que, en esencia, mantiene los mismos fundamentos de la municipalización, de allí que no resuelva los aspectos que por décadas hemos cuestionado al actual sistema.
Entre otros aspectos continúan: la lógica de sostenedores, la competencia por la matrícula con el sector particular, el sistema de financiamiento, el no hacerse cargo de la educación pública por parte del Mineduc, se mantiene la posibilidad de cerrar escuelas y liceos públicos, algo que ha ocurrido inclusive en tiempos de pandemia.
Actualmente funcionan 11 SLE en algunas zonas de las regiones Metropolitana, Atacama, Valparaíso y La Araucanía, agrupando a 624 colegios de 41 comunas y un total de 175 mil escolares. Pero a partir de ahora el ritmo debería incrementarse y comenzar a operar 15 SLE nuevos todos los años, hasta completar 70.
El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública compuesto por seis “expertos en educación” junto al subsecretario de educación evaluaron el traspaso de los restantes colegios y a su parecer esto evidenció la existencia de una sobredotación de personal, lo que se explicaría por “criterios políticos” usados en la administración municipal, y que afectaría la sostenibilidad de los SLE. Para solucionarlo, el consejo recomienda evaluar acudir a un organismo externo para que resuelva el tema.
Este es uno de los grandes problemas que afectará a los trabajadores pertenecientes a los seis nuevos SLE que comenzarán a funcionar según decreto a inicios del próximo año, entre estos uno será el de Antofagasta donde existe la Corporación Municipal con mayor cantidad de establecimientos educacionales, sobre 50 entre escuelas, liceos y escuelas de párvulos.
Tal es el temor por perder su fuente de ingresos, que los asistentes de la educación, que han sostenido reuniones con los alcaldes y Secretario Ejecutivo de la CMDS para entregar sus inquietudes y propuestas ante este inminente traspaso al SLE.
Desde la Coordinación Macro Zona Norte, generaron una primera etapa de propuestas tales como un análisis de la ley N°21.040, donde consideran una “discriminación arbitraria que tanto los profesionales docentes como los asistentes de la educación sean traspasados directamente desde las Corporaciones y Municipios a los nuevos SLEP, pero que, sin embargo, no suceda lo mismo con quienes han administrado la educación desde 1980 no existiendo ningún argumento que sustente tal distinción salvo claro la reducción de personal bajo un concepto economicista de reducción de costos”.
Por lo mismo, proponen una planta en extinción que sea absorbida por el Director Ejecutivo de los nuevos SLEP y que se vaya profesionalizando y especializando en el proceso atendido además a la observación por la falta de personal idóneo y con los conocimientos necesarios para la administración de la educación.
Mientras se estudia la ley N°21.040 en pandemia por el Covid-19, se aplace el inicio de la segunda etapa de la instalación de los servicios locales por un período mínimo de dos años, que se justifican en el tiempo que llevamos en el estado de excepción, y lo que estiman los expertos demorará en recuperarse la economía y crear nuevas fuentes de empleo.
Por último plantean “que se analice otorgar al Presidente de la República facultades para modificar los Decretos con Fuerza de Ley que establecieron la dotación de la planta de los SLEP por cuanto la realidad nos ha demostrado que el cálculo inicial (entre 45 y 50 funcionarios incluidos los 6 directores) resulta insuficiente para cubrir las tareas y funciones de la educación de los extensos territorios. Lo anterior, se sustenta desde las mismas indicaciones de informes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública”
Debemos luchar por el paso de las escuelas y liceos al estado y que las decisiones alrededor de estos sean tomadas democráticamente por las comunidades educativas, que apueste por acabar con la lógica de mercado en la educación, donde el papel de docentes, estudiantes y apoderados, no quede devaluada a la decisión arbitraria de los directivos. | 
