El programa educativo de Daniel Jadue, candidato presidencial por el Partido Comunista, tiene grandes ausentes: las demandas que las y los profesores hemos puesto sobre la palestra durante años, junto a los estudiantes universitarios y secundarios. Su programa se basa en la defensa y continuidad del legado del segundo gobierno de Bachelet (del cual fueron parte) y no en lo que durante años se ha reclamado en las calles.
Promueven la falsa idea de que el gobierno de la Nueva Mayoría “desarrolló una serie de transformaciones en todos los niveles educativos” que habrían permitido “apoyar al sistema público, pero por la vía de la consolidación de la oferta pública, más que cambiar la lógica imperante, implicando así un cambio de dirección respecto de la trayectoria histórica de las políticas escolares”.
La lógica de mercado no se ha transformado profundamente, así como tampoco la oferta pública se ha engrosado. Basta hacer eco de los balances respecto a la implementación de la Ley por una Nueva Educación Pública donde diferentes dirigentes del Colegio de Profesores, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, de la Confederación de Jardines VTF, entre otros, además de instituciones como el Observatorio de Políticas Educativas (OPECH) denuncian que, donde se han implementado los Servicios Locales de Educación (SLE), se han trasladado los problemas de municipalización, se han despedido profesores y trabajadores, se han desfinanciado jardines, se mantuvieron la pruebas estandarizadas como el SIMCE. Este será un punto que seguiremos desarrollando más adelante.
Educación inicial: Nada nuevo bajo el sol
La educación inicial sigue siendo el "pariente pobre" de la educación chilena, así se manifiesta en el programa de Jadue, el cual propone “mejorar y fortalecer las condiciones para el desarrollo del aprendizaje”, y como medida plantea homologar las condiciones laborales de las trabajadoras de Junji, Integra y VTF, pero no aclara cómo cumplirá este objetivo.
En ese sentido, nos preguntamos ¿es posible homologar las condiciones sin el reconocimiento por ley del título de las trabajadoras de los jardines VTF y de Integra? Esta es una demanda clave, parte de la lucha docente del 2019, es que a pesar de trabajar para el Estado, las trabajadoras de estas instituciones no son acreedoras de asignación por título, marcando la diferencia con trabajadoras de otras instituciones del Estado. El lema de los diferentes gobiernos de turno sigue siendo divide y vencerás, y este es uno de los mecanismos que promueve la existencia de trabajadoras de primera y segunda categoría en la educación inicial.
Por otra parte el programa presidencial del Partido Comunista, propone aumentar el número de técnicas por niñas y niños estableciendo un coeficiente de 2 técnicas por cada 35 niños y niñas, sin especificar los niveles de atención, podría tratarse de un profundo retroceso, ya que en los jardines infantiles actualmente el número es mucho más bajo por cada técnica, dependiendo del nivel de atención y las edades de niñas y niños.
Coeficiente técnico y cobertura, es todo lo que se plantea en este programa de gobierno en materia de educación inicial, quedando afuera temas muy importantes como el reconocimiento de título de las educadoras de párvulos. En la práctica significa el fortalecimiento de un sistema de educación inicial compartimentado, con educadoras y técnicas de primera y de segunda categoría, con infraestructura precaria y bajos presupuestos. Esto sin proponerse una transformación al conjunto del sistema educativo que incluya la educación inicial y mejore las condiciones de sus trabajadoras.
Contra las y los profesores de Chile: Nueva Educación Pública (NEP) y Carrera Docente
Las y los profesores no olvidamos. El Partido Comunista fue uno de los principales impulsores de la NEP que derivó en cientos de despidos y en masivas movilizaciones como la que se desarrolló en el comunal Barrancas. El 2019, la lucha docente continuó en la calle peleando por demandas históricas que no fueron resueltas por ninguno de los gobiernos de turno.
Mientras lo que se necesita es la derogación de la NEP, el Partido Comunista aboga por “potenciar, reforzar y reorientar” su implementación. No es primera vez que mantienen y defienden una posición contraria al profesorado, es cosa de recordar la Carrera Docente promovida por Camila Vallejo, contra la cual nos movilizamos casi dos meses, entre otras razones, porque no apunta a disminuir el agobio, no ofrece estabilidad laboral, no garantiza jubilaciones dignas y establece una relación de competencia entre los profesores en base a la punición y el agobio.
En materia de organización y gobierno de los establecimientos escolares, el programa de Jadue propone más participación a través de Directorios Colegiados y Centros de Mediación de Conflictos Estudiantiles. Pero la "participación" no es incidencia real en las decisiones sobre los modelos pedagógicos o las relaciones laborales al interior de los establecimientos escolares, por el contrario, la participación se ha configurado como una vía para que nada cambie integrando voces no vinculantes de estudiantes y docentes y, con ello, descomprimir el descontento y la movilización. Lo cual en nada cambia la forma autoritaria y muchas veces arbitraria en que se toman las decisiones educativas, con lo que no se termina, por ejemplo, con la inestabilidad laboral, que es un aspecto muy preocupante para las y los trabajadores de la educación, donde Recoleta no ha sido la excepción. Reproducir este modelo de “más participación” está muy lejos del reclamo legítimo porque seamos las comunidades quienes decidamos.
Educación superior y la defensa del legado de Bachelet y la Nueva Mayoría
Otra ley del período de Bachelet que defienden y que utilizan como marco legal para el desarrollo de su programa es la Ley de Universidades Estatales, cuya implementación sirvió únicamente para desviar la lucha por la gratuidad de la educación y para frenar el cuestionamiento al autoritarismo universitario. Esta ley limitó el acceso a las universidades del Estado disminuyendo la matrícula, dejando al menos el 80% del financiamiento del estado para aportes a privados; buscó modelar la estructura de gobiernos universitarios fortaleciendo la injerencia estatal en universidades que deberían ser autónomas para el libre desarrollo académico.
En defensa y profundización de esta ley promulgada con la resistencia de miles en las calles, se plantean: “articular una red de Educación Superior Estatal, potenciando a las instituciones de educación superior públicas y construyendo una red pública de educación superior, con presupuesto y orientaciones propias, valiéndose de lo estipulado en la ley Nº 21.094 [Ley de Universidades del Estado]”.
Otras medidas que plantean relativas al acceso a la educación superior son totalmente insuficientes y no apuntan a acabar con el mercado educativo: “democratizar” el acceso a la educación superior, pero nada de ingreso irrestricto; “disminuir el peso de las pruebas de selección”, pero nada de acabar con la PTU; Fin al CAE y “considerar una condonación progresiva” en vez de condonación inmediata de la deuda sin pago ni indemnización a la banca privada; “sistema de financiamiento estudiantil para los deciles sin cobertura de gratuidad”, dejando la lucha por la educación gratuita y el financiamiento total por parte del Estado para un futuro incierto. Y otras derechamente cuestionables como mantener el modelo de acreditación, mecanismo para echar a andar un sistema educativo basado en la competencia.
Con otra estrategia y otro programa, otro modelo educativo es posible
Así, el Partido Comunista, en todos los niveles, ha buscado “promover la lógica de la colaboración por sobre la competencia”, es decir, regular el mercado, cuando en realidad lo que se requiere para fortalecer la educación pública es acabar con él. Esto no se logrará con reformas parciales que lo único que han hecho ha sido maquillar la legislación heredada de dictadura, tampoco de la mano de los partidos de la ex Concertación que estuvo en contra del movimiento educativo que se caracterizó en Chile por ser uno de los más combativos de Latinoamérica: secundarios, universitarios y docentes.
Así ocurrió en el primer gobierno de Bachelet con la LOCE, recordemos que tras el enorme movimiento secundario que reclamó su fin, la ex Concertación, con la mismísima Yasna Provoste en el Ministerio de Educación, nos impusieron su ley gemela: la LGE. Y ocurrió también en el segundo gobierno de Bachelet con la impopular ley por una Nueva Educación Pública (NEP) y con la “beca gratuidad”. Cambiar algo para que nada cambie fue y sigue siendo el lema de los partidos de la ex Concertación, algo que el programa de Jadue viene a ratificar.
La rebelión exigió el fin de los 30 años de políticas de los consensos entre los partidos del régimen, el fin a las políticas gatopardistas y de migajas y a las pequeñas reformas que no han resultado en cambios sustanciales para el pueblo trabajador, es hora de grandes cambios, de dar vuelta las prioridades y de pensar un programa que responda a las necesidad de las amplias mayorías.
Profesoras y educadoras del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) planteamos, entre otras medidas: poner fin a toda forma de subsidio a los privados, desmunicipalizar y deslocalizar derogando la Ley por una Nueva Educación Pública, implementar un sistema nacional unificado y de educación continua, de ingreso irrestricto a la educación superior, donde sean las comunidades educativas junto a especialistas quienes lo administren, con un financiamiento basal que cubra integralmente los requerimientos de la educación en todos sus niveles y de gratuidad total, sacado de la renacionalización del cobre y puesto a funcionar bajo control de las y los trabajadores. Fin a las pruebas estandarizadas como la PTU y el SIMCE, fin al agobio laboral y a la variabilidad del salario docente que hoy se compone principalmente por bonos, es necesario un monto fijo acorde a la importancia del rol que cumplimos las y los profesores en la sociedad, considerando 50% de horas no lectivas para mejorar la calidad de la educación que entregamos, además de enfrentar los problemas de salud mental que se han agudizado en pandemia dando tiempo para el ocio y para compartir con nuestras familias. Junto con lo anterior la educación debe tener un carácter laico, no sexista e inclusiva, para ello se requiere de una educación integral, que involucre el ámbito sexual, filosófico, artístico, valórico y por supuesto, formación en derechos humanos y sociales. Un sistema educativo al servicio del pueblo trabajador. |
