En la tarde del lunes, un fallo judicial instó al gobierno de Axel Kicillof a diseñar, en el plazo de cinco días, una plan de vacunación para las personas privadas de su libertad mayores de 60 años y con factores de riesgo, las cuales aún no han sido inoculadas contra el coronavirus.
Desde la Gobernación consideraron que "la Justicia no debe ser la encargada de pautar los tiempos de la vacunación". Sin embargo, en horas de la tarde, según lo informado por el portal Urgente 24, desde la sede gubernamental informaron que "se está avanzando en un protocolo para responder judicialmente, siempre en el marco de los grupos priorizados que establece el Plan provincial de vacunación y supeditado a la cantidad de dosis que haya disponibles".
Una contradicción absoluta ya que, siguiendo el plan implementado por el gobierno provincial, deberían estar vacunadas las personas de los grupos de riesgo y al día de hoy no hubo vacunación para presos y presas, negándoles el derecho de acceso a la salud y generando una bomba de tiempo en las unidades carcelarias.
Kicillof y el Frente de Todos llevan meses intentando convertir a la campaña de vacunación en la bandera principal de cara a las elecciones legislativas de este año. La instalación de postas intinerantes y la vacunación puerta a puerta que pretenden hacer son muestra de ello. Pero la población carcelaria no es parte de la batalla contra el coronavirus.
Las condiciones inhumanas de detención, la falta de alimentos y atención médica, las torturas son parte de una larga cadena de violaciones a los derechos humanos que todos los días sufren las más de cien mil personas privadas de su libertad en el país para lo que este gobierno y sus antecesores respondieron con más cárceles y represión ante cada reclamo. | 
