El “faltante” de un kilo de clorhidrato de cocaína que hace once meses se detectó en la sede de la División Toxicomanía de la Policía de Misiones ubicada en Oberá puede concluir sin culpables. O, mejor dicho, con penas menores para cinco policías apenas “sospechados” de no haber cumplido con su “deber”.
Según la información brindada por el Poder Judicial federal, el caso salió a la luz el 11 de agosto de 2020, cuando el jefe de esa importante división de (supuesto) “combate” al narcotráfico recibió la información de sus propios subordinados sobre el faltante de parte de la droga que estaba “guardada” en un depósito de la seccional. Después de “un estricto control”, asegura la misma Policía, se estableció que sólo faltaba un “ladrillo” de clorhidrato de cocaína.
¿Quiénes tenían la llave del depósito? Precisamente el jefe y su segundo, de quienes gracias a las gestiones de la gobernación que encabeza Oscar Herrera Ahuad la prensa local y la nacional procuraron desde el principio no difundir sus identidades completas, llamándolos sólo “subcomisario Carlos Ariel L.” y “sargento Mauro Maximiliano M.”. Ellos tenían la responsabilidad absoluta sobre el depósito y por eso apenas desatado el escándalo fueron pasados a “disponibilidad”.
No debería haber sido muy difícil saber quién entró a ese depósito con las manos vacías y salió con las manos cargadas. Sin embargo, el propio “L.” diría luego ante el juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga que las llaves “solían quedar en la oficina” y cualquiera podía acceder a ella. Curiosamente (o no tanto) el depósito no tenía ni una cámara de seguridad que registrara los movimientos.
A casi un año del hecho Gallandat Luzuriaga “no pudo probar” quiénes se llevaron la cocaína del depósito y por eso sólo procesó a cinco uniformados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero la fiscala Viviana Vallejos apeló esos procesamientos ya que considera que los policías en verdad deberían ser juzgados por haber violado la Ley de Estupefacientes, esa norma reaccionaria y retrógrada con la que hoy hay miles de personas presas (todas pobres) y casi ningún policía con la excusa del combate al narco.
Tras el planteo de la fiscala, ahora la causa está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones. Lo que dice la representante del Ministerio Público Fiscal es algo obvio, que había una corresponsabilidad por ese faltante de la droga que estaba bajo su custodia en un depósito policial dedicado precisamente al tema.
Según publicó este jueves Clarín, la Jefatura de Policía de Misiones había iniciado “un sumario interno y dio intervención a la Justicia Federal, pero demoró varios días en pasar a disponibilidad a los cinco policías que integraban la División. Uno de los sospechosos incluso participó de algunas pesquisas que se hicieron”.
Encima en los primeros días de “investigación” el juez llamó a indagatoria a doce personas y allanó la vivienda de un supuesto “dealer”, familiar de un policía, pero toda esa gente debió ser desvinculada del caso al no encontrarse ninguna prueba que la vincularan al hurto.
La única certeza que hay hasta el momento, a once meses de los hechos, es que quien se llevó el “ladrillo” de cocaína lo hizo llave en mano y con la plena seguridad de que no sería detectado por ninguna medida o registro fílmico.
Para el juez Gallandat Luzuriaga la conservación y custodia de la droga “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía”, lo que los obligaba a “adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”. Pero como se detectaron “numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito”, además de “ausencia de una guardia o control constante”, se los procesó por incumplmiento de esos deberes.
Dice Clarín que desde el Juzgado Federal afirmaron que, si la Cámara Federal de Posadas confirma los procesamientos, el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio antes de fin de año. Y que “en caso de ser hallados culpables, los policías recibirían penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Muy lejos de los seis a 18 años que le corresponderían por el hurto de la droga”. | 
