Mucho se ha dicho sobre la falta de perspectivas para las generaciones que viven el fin del neoliberalismo y nacieron bajo el manto de la crisis del 2008. A diferencia de un par de décadas atrás, el discurso triunfalista del capitalismo como sistema de la primacía del individuo no va más; es difícil convencer a quienes han carecido de todo que este sistema económico y político es la panacea.
El desempleo, la precarización, la violencia, el aislamiento social y el suicidio son el trasfondo de un malestar generacional. Ésta es la base del descontento activo que despertó a millones de jóvenes a la vida política en varios países del mundo. La revuelta, a través de la cual puede asomarse la revolución, se ha instalado en la conciencia colectiva como una posibilidad de expresar potentemente el hastío contra una realidad que nada ofrece a jóvenes y niños, casi la mitad de la población mundial.
El caso de Colombia es emblemático. La primera línea de las revueltas que han persistido tras dos meses de paro nacional contra la pobreza y la desigualdad estructural en el país, contra el gobierno de Duque y su brutal represión, está compuesta por jóvenes, lgbt+ y mujeres. Y es que son precisamente las mujeres y los jóvenes quienes enfrentan la mayor vulnerabilidad frente a la desocupación, la precariedad laboral (ambas profundizadas con la pandemia) así como la criminalización social o la violencia feminicida (de 3445 homicidios de indígenas y afro, 65,5% eran mujeres según la ONU).
Es claro que la oleada de movimiento de mujeres que se extendió internacionalmente también inundó Colombia, planteando la posibilidad de que la masividad del mismo confluyera con una combativa generación harta de la violencia del narco, los grupos armados y el gobierno. También se puede rastrear el descontento activo entre las filas del activismo LGBT+, con la disidencia sexogenérica y la resistencia trans brillando en el combate cuerpo a cuerpo con la policía. Las identidades y pertenencias afro, indígenas, lgbt+ y feministas hoy confluyen identificando un enemigo común, el gobierno de Duque y sus políticas neoliberales dictadas desde Washington.
La represión se ha extendido como llamarada, aplicada también por los gobiernos locales de las principales ciudades colombianas como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Pasto, Manizales, Pereira, Bucaramanga, pero ni la presencia de la policía y el ejército, ni los casi 100 asesinados, ni los más de 3 mil presos políticos o los más de 300 detenidos-desaparecidos (que se suman a los más de 80 mil durante el conflicto armado) han logrado hacer retroceder la movilización popular.
Todo esto ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos, que denuncian violaciones graves a las garantías individuales, uso sistemático de armas de fuego y tortura (incluyendo tortura sexual) aplicados contra las y los manifestantes y con particular saña contra las y los jóvenes. Uno de los casos más indignantes fue el de Alison Mélendez, joven de 17 años quien tras ser detenida sufrió tortura sexual y se quitó la vida tras los abusos. Esto ya ha atraído la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuya visita no puede esperarse ninguna medida efectiva contra la represión.
Y es que la caída de las reformas tributarias y de la salud, así como la renuncia de algunos funcionarios del gobierno (el ministro de Hacienda, la canciller, el director de derechos humanos y el secretario de seguridad de Bogotá o el comandante de la policía de Cali) no han hecho más que imprimir impulso a la primera línea de las protestas.
El ánimo sigue, hace falta una política para vencer
Sin embargo, la represión y el ataque sistemático de los medios oficiales y del gobierno buscan dividir a los sectores combativos del conjunto de la población para legitimar la represión —criminalizando sus métodos de lucha para enfrentar la represión del Estado y señalándolos por seguir en las protestas mientras se niegan a asistir a las mesas de negociación que el gobierno busca imponer con miles de detenidos y cientos de desaparecidos y asesinados— y así hacer retroceder el movimiento. Importantes referentes se han constituido alrededor de la Asamblea Nacional Popular, desde donde se coordinan asambleas populares, ollas comunitarias y movilizaciones, pero el riesgo de caer en las maniobras del gobierno y las políticas de conciliación y negociación con el mismo que sostienen el auto nombrado Comité de Paro (que llamó a desmovilizar sistemáticamente) y varias organizaciones, en su mayoría vinculadas a los partidos del régimen, son altas.
Muestra de esto es la política de referentes como Gustavo Petro, que además de llamar a levantar los bloqueos y piquetes, responsabinlizó a los manifestantes de la represión, sin denunciar la responsabilidad del gobierno y su política de militar de mano dura y alinéandose con Duque. Además, la propia ANP no ha levantado una política para desarrollar el movimiento alrededor del paro articulando por abajo a sus distintos protagonistas.
Además, los partidos tradicionales que sostienen el régimen buscan capitalizar el desprestigio de Uribe electoralmente e imponer un desvío de la movilización popular. El gran actor ausente sigue siendo la clase obrera y su capacidad de paralizar las circuitos centrales de la producción económica, cuya potencia ha buscado ser a toda cosa contenida por parte de las direcciones sindicales para diluir la fuerza organizada de la clase trabajadora en las movilizaciones populares.
Sin forjar esta poderosa alianza entre la clase obrera, los sectores de trabajadores, populares, jóvenes y los movimientos indígenas, campesinos, lgbt+, de mujeres y afrocolombianos, no será posible derrotar la represión del gobierno ni ir más allá en el cuestionamiento a sus políticas hambreadoras y anti populares. La clave para torcerle el brazo al régimen se encuentra en poder convertir el paro nacional en una gran huelga general que paralice todo Colombia y convoque a la solidaridad internacional de la población pobre y trabajadora, así como de las mujeres y jóvenes que se movilizan en el continente, y que ponga sobre la mesa el problema del poder, pues detrás de la represión y las políticas del gobierno de Duque, se encuentran los capitalistas y sus Estados.
Urge construir aceleradamente en Colombia una organización revolucionaria que se apueste a sembrar pie en las organizaciones obreras para luchar contra la burocracia por recuperar los sindicatos como herramientas de lucha, y superar sus límites organizativos mediante el impulso de comités de paro que permitan articular a todos los sectores que participan de las movilizaciones y enfrentan la represión bajo una perspectiva anticapitalista y socialista, que desarrolle organismos de autodeterminación obrera y popular que puedan organizar milicias que acaben con el gobierno de Duque y con un régimen político subordinado a los grupos armados y a los intereses del imperialismo estadounidense, para levantar, con la movilización revolucionaria de los trabajadores y las masas, una fuerza política que enfrente y destruya al Estado, sus instituciones y liquide la propiedad privada de los capitalistas, para poner en pie un nuevo tipo de poder, un gobierno obrero, campesino y popular que responda a los intereses de las grandes mayorías.
Mientras tanto, las y los jóvenes, lgbt+ y mujeres que encabezan la primera línea de las protestas y el enfrentamiento con la represión son una enorme inspiración para una generación que daba todo por perdido y hoy ve en la protesta y la movilización una razón para vivir: la lucha por transformar de raíz este sistema de opresión y miseria para arrancar un futuro que valga la pena ser vivido.
|
