Las personas trans, travestis y no binaries vienen de conquistar la legalización del cupo laboral trans hace pocas semanas a nivel nacional, que establece que al menos el 1 % de la planta de trabajadores del sector público debe estar ocupada por personas trans. Una demanda que ganó fuerza en las calles la última década, como parte de pelear por una respuesta elemental ante la falta de ingresos y la discriminación laboral.
Durante la pandemia vimos todo tipo de imágenes de la crisis. Desde travestis reclamando “peleamos por un pedazo de tierra” en la ocupación en Guernica -que posteriormente fue reprimida por la Policía de Berni-, hasta personas trans reclamando por un ingreso elemental en medio de la cuarentena o denunciando el hostigamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En marzo la desaparición de Tehuel, no sin movilizaciones de por medio de familiares y amigues, llegó a diferentes medios mostrando la realidad de un pibe trans sin laburo, yendo justamente a ganarse unos pesos para sobrevivir.
Es en ese marco es que urge este reclamo y su implementación en los hechos, razones por las que desde las bancas del Frente de Izquierda se presentaron proyectos de cupo en distintos lugares del país. El decreto emitido en septiembre de 2020 y la reciente legalización, se suman a legislaciones similares ya sancionadas en algunas provincias y diversas ciudades. Esa experiencia previa vuelve importante preguntarse ¿qué pasa con su aplicación efectiva?
Datos, no opinión
Un caso que sirve para dimensionar lo que sucede hasta el momento en muchas provincias y municipios es el de la provincia de Buenos Aires. Dicha ley fue aprobada en septiembre de 2015 donde todavía gobernaba Daniel Scioli y su reglamentación recién sucedió a fines de 2019 bajo el mandato de María Eugenia Vidal que estaba por abandonar el cargo. A mediados de 2020 el Gobierno de Axel Kicillof dispuso la “creación de una Comisión Técnica Mixta que monitoree el cumplimiento del cupo laboral trans”.
A casi un año de la conformación de esa comisión, un documento del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual bonaerense afirma que: “Hasta el mes de mayo 2021, 176 personas travestis y trans ingresaron a trabajar en la administración pública y en los municipios que adhirieron a la ley provincial de cupo laboral travesti-trans con el acompañamiento de nuestro Ministerio”.
¿Cuán cerca está esa cantidad del porcentaje mínimo del cupo para el sector público de la provincia? Según el presupuesto 2021 de la provincia, si se excluye a las fuerzas represivas y al sector educativo donde la gran mayoría de cargos son docentes, hay 178.982 trabajadores ocupando cargos entre permantenes y temporarios entre la administración central y organismos descentralizados. Un 1% equivaldría a 1790 personas, los 176 ingresos hasta el momento no llegan ni a una décima parte de ese número.
Un ejemplo claro ocurre en IOMA, la obra social de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Allí trabajan cerca de 3.000 personas y respecto a esta situación cuenta Luana Simioni, secretaria general de ATE en la mutual bonaerense, que "a pesar de haber reclamado en muchas oportunidades desde que se sancionó la ley en la provincia que se cumpla, actualmente hay apenas dos compañeres, que además ingresaron con contratos precarios. Hoy lograron el pase a planta temporaria, pero estamos lejísimos de cumplir el piso que establece la ley de cupo trans travesti. En IOMA nos faltan casi 30 compañeres más para llegar a ese piso mínimo".
El Gobierno provincial sabe de primera mano que hay sectores de la población trans atravesando una profunda vulnerabilidad económica y social, que necesitan un trabajo con derechos elementales. En el mismo informe citado sobre la cantidad de ingresos por cupo, se afirma a su vez que “desde la Dirección de Políticas de Diversidad Sexual se realizó la inscripción de 800 personas al Programa Potenciar Trabajo, de las cuales ya fueron dadas de alta 700 personas”. Dicho programa ofrece el 50% de un salario mínimo vital y móvil a cambio de trabajar media jornada laboral (4 horas), que a partir de julio equivale a $ 13.608. Un monto que no resiste ningún análisis de supervivencia posible, menos aún con los constantes aumentos de precios y una canasta básica familiar que supera los 100 mil pesos según la Junta Interna de ATE INDEC.
En otras provincias como Río Negro, donde el cupo fue aprobado en 2018, ni el exgobernador Alberto Weretilneck ni la actual gobernadora alineada a Juntos por el Cambio, Arabela Carreras, avanzaron en reglamentarlo. En la Ciudad de Buenos Aires gobernada por Larreta, que en cada acontecimiento del orgullo aprovecha para posar con una bandera, ni siquiera se cuenta con una legislación de cupo que garantice el derecho al trabajo para las personas travestis y trans.
Debido a la falta de estadísticas oficiales, se desconoce la población trans en el país. El único número que podría tomarse como referencia parcialmente es del Registro Nacional de las Personas, que hasta mayo de este año contabilizó 9.383 DNI obtenidos conforme al género autopercibido. Sin embargo, es sabido que no todas las personas trans, travestis y no binaries realizan o pueden acceder al cambio registral.
Según la agencia de noticias Télam, hasta el viernes 25 de junio 4.322 personas se habían inscripto a nivel nacional para acceder a este derecho. En una reciente entrevista Alba Rueda, Subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, aseguró que en los siete meses que pasaron desde septiembre a marzo de 2021 “ingresaron 87 personas travestis y trans a trabajar al Estado nacional”.
Realidad versus relatos
Por tomar otro ejemplo dentro de la órbita nacional, el mayo pasado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad anunció el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos de las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que establece: “El apoyo económico que se crea por la presente Resolución pretende contribuir a que travestis, transgéneros y transexuales que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema puedan solventar necesidades básicas de manera inmediata”. El monto del apoyo “será equivalente a DOS (2) salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM)” agrega.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, con datos actualizados al 14 de julio, el monto destinado en ingresos por ayuda social para personas en concepto de “Acciones de Ayuda Urgente para Travestis, Transexuales y Transgenero” es de $ 810.000. Una suma que alcanzaría para darle 2 salarios mínimos vitales y móviles tan solo a 15 personas, número que no llega ni a una persona por provincia.
Si algo caracteriza al Gobierno del Frente de Todos es el constante anuncio de programas y mesas dirigidos a mujeres y LGBTIQ+. Sin embargo, los propios números que trascienden desde el Gobierno dan poco y nada de sustento al relato. Un relato que busca borrar lo imposible, esa realidad donde pibes trans como Tehuel no tienen un trabajo, se tienen que rebuscar la vida como pueden y hasta les recortaron el IFE. Esa donde la gran mayoría de LGBTIQ+ sufren las consecuencias de la precarización y el ajuste, trabajando jornadas largas y por sueldos miserables, mientras el presupuesto del Gobierno se arma a la medida de intereses ajenos, como el pago de la deuda a los especuladores y el FMI.
Por estas razones en muchos lugares del país personas trans, activistas y organizaciones siguen denunciando la dura situación que atraviesan y reclaman que se implemente ya de manera efectiva el cupo laboral. Un reclamo que merece ser escuchado y por el que tenemos que seguir peleando, para que esa igualdad en las leyes lo sea efectivamente en la vida. | 
