Aún no se resuelven los trámites para que 177 indígenas, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), puedan viajar a Europa como se lo proponen, ya que a 62 les negó el pasaporte la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard.
A la par, se recrudece el hostigamiento paramilitar contra las comunidades indígenas en Chiapas, y se asesina a defensores de Derechos Humanos, como Simón Pedro, de la organización Las Abejas. Mientras el gobierno morenista de Rutilio Escandón mira para otro lado, reprime estudiantes normalistas y mantiene a más de 90 -en su mayoría mujeres- bajo proceso penal por protestar.
Por otra parte, se avanza a marchas forzadas en la construcción del Tren Maya, con el que se pretende propiciar el “desarrollo” del sureste mexicano... en beneficio de las grandes empresas involucradas, luego de una supuesta consulta (hecha a modo) a las comunidades indígenas de aquella región.
Todo esto es una muestra de la supuesta “democracia” que promueve el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), la cual busca reforzar con mecanismos “participativos” como la consulta con la que se pretende enjuiciar a los expresidentes, a cuyo impulso se ha sumado el EZLN.
¿La consulta servirá para lograr justicia?
Al igual que otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, que van desde el MORENA hasta algunas que se reivindican socialistas, el EZLN se ha sumado al coro favorable a la consulta, argumentando que ésta puede contribuir a desarrollar un movimiento, “independiente de los de arriba”, por verdad y justicia para las víctimas del Estado mexicano y sus personeros.
Lo que de entrada soslaya esta posición es que, más allá de la comprensible simpatía que puede generar la idea de juzgar a los expresidentes entre un amplio sector de la población, la consulta no tiene nada de independiente.
Como hemos dicho, se trata de un mecanismo institucional que pretenden utilizar AMLO y su partido para mostrarse democráticos; golpear a sus desprestigiados adversarios y desviar el legítimo repudio popular a los expresidentes, hacia la confianza en las instituciones del régimen político -que poco o nada han cambiado con la 4T-, dejando en manos de éstas los reclamos de justicia para evitar que se desarrollen en forma realmente independiente, combativa y en las calles.
Lo cual permite que se fortalezcan quienes desde el poder, dicen ser democráticos y adversarios de la derecha, mientras siguen hostigando y golpeando a las comunidades indígenas, a los estudiantes y a los trabajadores al igual que en sexenios anteriores.
Por una política independiente y combativa para lograr verdad y justicia
Cabe mencionar que no es la primera vez que el EZLN deposita confianza en los mecanismos “democráticos” del régimen. Como sucedió al inicio del gobierno de Vicente Fox, cuando la dirigencia guerrillera pretendió que los diputados y senadores aprobaran en el Congreso de la Unión una reforma constitucional que recogiera el contenido de los Acuerdos de San Andrés, a favor de los derechos y cultura indígenas. Esto terminó en una reforma que les negó a las comunidades el ejercicio pleno de estos derechos, además de que frustró y desactivó el amplio respaldo popular que el EZLN tuvo en aquel entonces. Lo que demostró, una vez más, que no podemos confiar en sus instituciones.
Nada bueno podemos esperar los trabajadores, campesinos, indígenas y el pueblo pobre, de nuestra supuesta “democracia”, que con la 4T mantiene su carácter excluyente, autoritario, racista, al servicio de los caciques y los grandes empresarios. Por más que quieran maquillarla de “participativa”, consultando cada tanto lo que les conviene.
Solo con la más amplia movilización obrera y popular, con verdadera independencia de las instituciones del régimen, conseguiremos verdad y justicia, así como todos nuestros derechos.
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