Tres jóvenes marroquíes son condenados a siete años de prisión y a pagar una indemnización de 4100 euros por delitos de lesiones a dos jóvenes de un grupo neonazi que reconocieron a la policía que iban a “localizar MENAS”. La jueza considera en su fallo que la ideología de los perjudicados o el previo incidente carecen de relevancia.
Estos hechos se remontan a la noche del 13 al 14 de octubre en el barrio de San Blás en Madrid, tras una oleada de agresiones racistas en los alrededores de una conocida casa del barrio donde vivían menores extranjeros no acompañados. El video circuló en redes los días posteriores al suceso. Los hechos se produjeron en un contexto de autodefensa de personas migrantes del barrio que habían recibido varios ataques en días anteriores y tras una agresión ese mismo día en un parque cercano.
Además de los tres jóvenes, hay un cuarto detenido, menor de edad, que manifestó que él y otro grupo de jóvenes marroquíes fueron intimidados, amenazados y agredidos previamente por dos jóvenes, que les empujaron y golpearon con un casco de moto en un parque cercano.
El fallo del juez fue difundido por el abogado de los dos neonazis de Bastión Frontal, llamándolos “camaradas”, cosa que no quiso reconocer uno de los agredidos en el propio juicio. Razón suficiente de lo que se puede intuir que estas agresiones se producen en un contexto de autodefensa de personas migrantes del barrio en respuesta a un ataque xenófobo del grupo neonazi.
Tras los hechos, San Blas se convirtió en escenario de manifestaciones y protestas contra los menores migrantes promovidas por grupos de ultraderecha al grito de “San Blas será la tumba de los menas” y “ni un puto mena en San Blas” e insultos en la puerta de los lugares de residencia de los menores tutelados por la Comunidad de Madrid.
La jueza reconoce en su sentencia que "Es cierto que los perjudicados no ofrecieron una versión coherente de qué es lo que hacían en el parque donde se iniciaron los hechos y de por qué tenían las armas que les fueron incautadas por la Policía, pero lo cierto es que tales hechos no son objeto del presente procedimiento y carecen de relevancia penal".
Los jóvenes han sido condenados a cuatro años de prisión y expulsión del país una vez hayan cumplido un tercio de la pena.
Vox no tiene la exclusividad del racismo y la xenofobia en el Estado español. Cada día vemos como sus discursos racistas son amparados por leyes que encierran a los migrantes en CIEs, por tribunales que les permiten difundir sus mensajes de odio en campaña electoral y por jueces que condenan a las victimas cuando se defienden. El gobierno “más progresista de la historia” mantiene un sistema que condena a la clase trabajadora migrante a la clandestinidad y la miseria, y permanece pasivo ante las injusticias. | 
