El 23 de julio de 1935, la denuncia de los negociados de las empresas imperialistas inglesas en la Argentina con la complicidad del gobierno, llevaría al asesinato de un senador de la nación.
Para poder entender uno de los crímenes políticos más infames de la historia Argentina tenemos que ponernos en contexto.
Desde 1930 el país era gobernado por una dictadura, que había derrocado al radical Hipolito Yrigoyen. El objetivo que tuvo este gobierno fue mitigar los efectos de la gran crisis del ’29 sobre la ganancia de los poderosos terratenientes y cargarla sobre los trabajadores mediante recortes en el ámbito público, aumento de los impuestos y una pérdida general del salario.
Con esto se inaugura una época signada por la sumisión al imperialismo, represión sobre la clase obrera y fraude electoral. Fue denominada "década infame".
La Argentina casi desde su origen cumplió un papel como productor de materias primas y consumidor de manufactura de los países capitalistas dominantes. Sin embargo, durante estos años esta condición empeoró al punto de que los gobiernos se transformaron directamente en oficinas de los intereses de las potencias en el país.
También durante estos años la persecución a las luchas obreras, las corrientes sindicales y de izquierda fue una constante.
La situación empeora
A la crisis económica mundial que ya afectaba la principal fuente de divisas del país, la exportación de carne se le sumó el conocido Pacto de Ottawa [1], que se desarrolló en 1933 y en él Gran Bretaña prioriza la compra de productos primarios como la carne a sus colonias como Australia y Nueva Zelanda.
En este escenario la oligarquía buscó poner a resguardo las cuotas de exportación que Argentina tenía con Gran Bretaña, en particular las de carnes. Por ello en abril de 1933 se firmará el Pacto Roca - Runciman.
El gobierno argentino envió a Londres una misión especial encabezada por el vicepresidente, Julio A. Roca (h.), y Sir Walter Runciman, presidente del Board of Trade británico y magnate exportador. Por dicho Pacto a cambio de mantener la cuota de carne de exportación, Argentina otorgaba brutales concesiones: concedía el 85 % de las licencias de importación y establecía una discriminación en el manejo del control de cambios a favor de las empresas y exportadores británicos; mantenía libres de gravámenes el carbón y otras importaciones inglesas e incrementaba el vigente sobre otros productos, dando un trato preferencial a las inversiones inglesas; se obligaba a la Argentina a abandonar la política de reducción de las tarifas ferroviarias permitiendo a las empresas inglesas aumentar sus ganancias netas, ya que desde 1933 regía la rebaja salarial a los obreros ferroviarios. También se aseguraba la futura creación de la Corporación de Transporte, por la que los capitalistas ingleses pasarían a monopolizar el transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Razones sobraban para considerarlo un "estatuto legal de coloniaje", el sector más acomodado de los hacendados de Buenos Aires se aseguraba la continuidad de sus grandes ganancias a costa de aceptar condiciones humillantes y reforzar enormemente la condición de semicolonial del país.
El clima de corrupción generalizado en connivencia con las empresas extranjeras fue así una de las características ineludibles del gobierno de Justo. Seguramente el ejemplo más destacado fue el negociado de los frigoríficos, denunciado por Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación.
Caricatura representando el acuerdo con el gobierno de Inglaterra.
Asesinato en el Senado
El 8 de septiembre de 1934, el senador Lisandro de la Torre sostenía en el Congreso: “el ministro argentino, señor Duhau, parece el ministro de algunos de los dominios británicos… sabe perfectamente que los frigoríficos constituyen un monopolio escandaloso… que realizan ganancias ilícitas… pero nunca se ha visto un gobierno como el actual y sobre todo un ministro de Agricultura como el actual…” [2]
Lisandro de la Torre expresaba, como dirigente del Partido Demócrata Progresista, los intereses de sectores terratenientes perjudicados por el pacto Roca-Runciman, en particular la burguesía santafesina y los frigoríficos de capital nacional. La investigación sobre el negocio de la carne lo llevó a denunciar al ministro de Hacienda Federico Pinedo y al ministro de Agricultura el estanciero Luis Duhau y al frigorífico Anglo por evasión impositiva. En su investigación se encontró con la negativa de las empresas británicas a abrir sus libros de contabilidad y del propio ministro Duhau a brindar información de dependencias del Estado. El informe presentado el 27 de mayo de 1935 establecía que existía un total monopolio del comercio de las carnes por parte de los frigoríficos ingleses y estadounidenses.
La compañía Anglo, por ejemplo, declaraba 75.000 pesos nacionales de utilidades anuales, cuando en realidad sus ganancias en los últimos tres años llegaban a 37.800.000, todo ello avalado por el ministro de Hacienda.
Lisandro de la Torre hizo una notable investigación y una contundente intervención en el Senado: acusó directamente por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo y aportó pruebas irrefutables que comprometían directamente en el negociado a dos ministros del general presidente Agustín P. Justo: Federico Pinedo y Luis Duhau.
El 21 de julio recibió, en plena sesión de la Cámara, una clara amenaza por parte del ministro Duhau: “¡Ya pagará todo esto el señor senador punto por punto!... ¡Ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho!” [3]
El 23 de julio seguían los debates y De la Torre presentó más pruebas contra los ministros del gobierno de Justo. En un momento de gritos y empujones entre el senador y el ministro, alguien disparó contra De la Torre, pero hirió de muerte al senador santafecino Enzo Bordabehere.
El asesino corrió por los pasillos y buscó refugio en la oficina de los taquígrafos, donde fue inmovilizado por el senador Alfredo Palacios. Se le secuestró un revólver calibre 32, con dos balas y cuatro cápsulas servidas.
El asesino, llamado Ramón Valdez Cora, era un ex comisario de Vicente López, torturador y extorsionador de prostitutas y hombre de confianza del ministro de Agricultura.
Fue condenado. Pero sus instigadores, miembros de la más rancia oligarquía, seguirán libres e impunes. Lisandro de la Torre dio por terminado el debate y su enfrentamiento con los sectores más poderosos de la oligarquía argentina.
Así, pese a las valientes denuncias e investigaciones, la vergonzosa década infame no fue eficazmente combatida por los representantes de ningún sector burgués, serán sí los heroicos obreros de la construcción los que la enfrentarán meses después en una de más importantes luchas de la clase obrera argentina, desplegando las fuerzas de los demás sectores de la clase trabajadora en la huelga general de enero de 1936.
