El Consejo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se reunirá esta semana para tratar la propuesta de suspensión de las patentes de las vacunas COVID-19, iniciada originalmente por India y Sudáfrica en octubre del 2020, y a la cual apoyan con distintos niveles de adhesión, 163 países.
Inicialmente, el tratamiento de esta propuesta se postergó para fines de julio. Pero no podrá continuar, debido al impostergable receso vacacional de los embajadores europeos del organismo, que se tomarán seis semanas para descansar, mientras se cuentan por millones los decesos por la pandemia a nivel mundial.
Bien se conoce la oposición que hay al interior de la OMC alrededor de liberar las patentes, ya que estos diplomáticos actúan como lobbistas al servicio de los principales laboratorios protegiendo sus ganancias que hoy están cotizando más que nunca en las bolsas de los mercados internacionales más importantes.
Hasta el propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró la semana pasada que “Con tantas vidas en juego, las ganancias y las patentes deben pasar a un segundo plano”.
Uno de los argumentos para oponerse a liberar la propiedad intelectual de las vacunas, es porque “perjudicaría la innovación” y que “podría ser contraproducente”. Cosa falaz e hipócrita en este contexto, cuando se conoce que la mayoría de la inversión en recursos depositada en la creación de las vacunas, ha salido de los estados, es decir de la acumulación de conocimiento, investigación y dineros públicos sostenida por los trabajadores, no por los laboratorios privados.
A esta altura, liberar las patentes de las vacunas COVID es lo que permite la diferencia entre la vida y la muerte y que no siga evolucionando el virus en otras cepas como ya estamos viendo en esta tercera ola. | 
