Durante las Mesas de Coordinación Institucional para Garantizar el Acceso a la Justicia y la Atención Integral de Mujeres y Niñas, y de Trabajo para Atención y Seguimiento de Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Adolescentes, realizadas este martes en Veracruz, Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, declaró:
“México es probablemente uno de los países que tiene más condenas a nivel internacional por violencia contra las mujeres. Lo sabemos todos los que estamos aquí, y nos tendríamos que estar preguntando como Estado mexicano, como autoridades mexicanas que estamos aquí presentes, qué es lo que nos toca hacer, no para responder a la comunidad internacional, sino para responder a las mexicanas que están siendo víctimas de violencia, y hemos tomado muchos pasos al respecto”
Como hemos argumentado en otras ocasiones, la política punitivista basada en reformas de leyes, de los y las funcionarias de la 4T, lógica que también sostienen sectores del feminismo, contrasta drásticamente con los resultados de sus programas y estrategias implementadas en estos casi tres años de gobierno. Las nuevas cifras arrojadas por el INEGI, hablan de un aumento del 1.5% de feminicidios con respecto del año anterior, pese a las mayores penas y condenas que presume -internacionalmente- la 4T.
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Detrás de las desapariciones, las redes de trata
En las mesas de trabajo realizadas, participó también el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quién afirmó que las cifras de impunidad en delitos hacia las mujeres supera el 90% de los casos, mientras que hay más de 38 mil homicidios en lo que va del año. Informó que a nivel nacional hay por lo menos 89 mil 865 reportes de personas desaparecidas, de las cuales, el 24% corresponden a niñas, adolescentes y mujeres, mientras que, entre las personas menores de edad desaparecidas, el 64% son mujeres de entre 15 y 19 años.
Como han denunciado desde hace décadas organizaciones de madres, familiares de personas desaparecidas y de la sociedad civil, las desapariciones de mujeres están asociadas en múltiples casos a las redes de trata y explotación sexual, mismas que operan en complicidad con las autoridades y fuerzas armadas. Basta con recordar el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien operaba una red de prostitución al interior del PRI y que, a la fecha, continúa en impunidad.
No obstante, y contando con estas aberrantes cifras, la propuesta de Encinas y las autoridades de la 4T, se reduce a la intención de investigar como feminicidio todo homicidio de mujeres; así como a investigar con protocolos de género toda desaparición de niñas o mujeres y la homologación de la Alerta Amber.
Sin embargo, es pertinente cuestionar ¿Qué tan válidas son las políticas y estrategias institucionales que se activan hasta que los hechos de violencia son consumados? ¿Qué tan confiable es el Estado mexicano y sus autoridades para responder a las demandas del movimiento de mujeres?
Ya en décadas y gobiernos anteriores vimos que más penas, mayores castigos y políticas de seguridad basadas en la militarización del país, no han sido efectivas para aminorar ni erradicar la violencia feminicida y hacia las mujeres, sino todo lo contrario. Y esto sucede porque se trata de un problema estructural, en donde el Estado no es neutral, sino un Estado capitalista y patriarcal encargado de reproducir y legitimar la violencia, sobre todo aquella que está dirigida a someter y oprimir a más de la mitad de la población.
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