La industria de la minería y su alto riesgo, las graves afectaciones al medio ambiente, los desprendimientos de rocas, explosiones o inundaciones, de la mano del peligro latente que provoca a la salud por la exposición al polvo, al derrame de químicos, a la radiación y un largo etc, hacen de la minería unos de los trabajos con mayores riesgos en el país.
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Esta larga lista de peligros no escapa de manos de la autoridad, sin embargo, no le impone medidas de salud y cuidado obligatorias a las empresas, ya que eso implica comprometer las millonarias ganancias de la industria minera. Asimismo, no genera ninguna investigación, mucho menos implementa medidas para evitar que siga sucediendo, tampoco hay ningún tipo de castigo o regulación a las empresas mineras responsables, al contrario, siguen impunes, haciendo amenazas de muerte a defensores de la tierra.
Al respecto el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el acelerado incremento de amenazas en contra de la vida de defensores de la tierra opositores al proyecto minero.
Según esta organización tanto la Cruz Roja Mexicana como la Arquidiócesis de Tetlama y profesores al servicio de la Secretaría de Educación Pública en esta comunidad, “sirven de operadores para abrir paso a este proyecto de muerte”.
Por lo anterior, los pobladores y el organismo defensor pidieron la intervención inmediata de las autoridades invocadas para evitar que este conflicto siga creciendo, que se retiren de su cargo todos aquellos funcionarios operadores en favor de este proyecto y se brinden medidas de seguridad lo antes posible a los 26 defensores amenazados de muerte.
No es sequía, es saqueo
Este no es un caso aislado: según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México, al año la industria minera acapara 250 mil millones de litros de agua y estas concesiones están concentradas en estados del norte afectados por la sequía, como Sonora, Durango y Zacatecas y Colima.
Los primeros meses del 2021, México pasó por una de las peores sequías en los últimos años, donde a mediados de abril, el 84% del territorio se encontraba en estas condiciones. Al mismo tiempo, la falta de lluvias empeoró los escenarios de incendios forestales, siendo una de las peores temporadas registradas en una década.
De acuerdo con la titular de la Semarnat, Rocío Nahle, 100 empresas mineras mantienen derechos de explotación del recurso por hasta 100 años incluyendo a grandes consorcios como Grupo México, responsable del desastre del Río Sonora en 2014. Según la titular de la Semarnat, más del 50% del territorio ha sido concesionado a la industria minera en los últimos años.
En México, fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se modificó el artículo 27 constitucional, abriendo el paso a la entrega de concesiones a las grandes compañías mineras, nacionales o extranjeras, como parte de la ofensiva neoliberal en el sector. Esto ha sido continuado durante los gobiernos federales posteriores. Los daños al ambiente ocasionados por la minería a cielo abierto y los conflictos sociales y laborales son dos caras de la misma moneda.
Esta lucha de los sectores populares debe ser amplia ,unitaria y en unidad con las comunidades y los trabajadores de la minería Es por esto que para que triunfe la lucha contra los megaproyectos es necesaria la movilización y la organización independiente de la patronal, los partidos del régimen y la burocracia sindical, de la mano de forjar la unidad de las comunidades afectadas y los trabajadores mineros para luchar juntos por la nacionalización de la minería, bajo control de sus trabajadores. De esta manera la industria minera estaría puesta al servicio de las grandes mayorías y no de las ganancias capitalistas.
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