En semanas anteriores, un informe del "proyecto Pegasus", encabezada por la ONG Forbidden Stories junto con Amnistía internacional y un consorcio de medios reveló que el software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO, "Pegasus" fue contratado por al menos 50 países, para intervenir teléfonos de más de 600 políticos y funcionarios (jefes de Estado, diplomáticos, integrantes de gabinetes y más), 189 periodistas, 65 ejecutivos empresariales y 85 activistas de derechos humanos.
Ante esto, El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha comprobado que ya no utiliza el software espía Pegasus.
De acuerdo con información publicada en su web, la FGR informó que la carpeta de investigación sobre el caso se encuentra en trámite y por tanto, las evidencias no podían ser alteradas, es decir, que la información sobre el uso de este software no puede ser revelada, pues el expediente aún se encuentra en su etapa de investigación.
En el micrositio perteneciente al INAI, denominado Ante la Opinión Pública, cuya última actualización abre una sección sobre el tema Pegasus, se explica que el máximo órgano en materia de transparencia solicitó recientemente a la FGR, información sobre el proceso que guarda la carpeta de investigación en torno a una sentencia emitida por el propio instituto desde el 20 de febrero de 2019.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 15 mil teléfonos fueron intervenidos con el software israelí. Entre estos, destacan periodistas, activistas, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos que estaban en la lista de objetivos de Pegasus, incluyendo a Cecilio Pineda, periodista asesinado en 2017, al mismo tiempo que familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El software espía de NSO es el instrumento preferido de gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y combatir la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas. Los gobiernos presentan estos programas y otros sistemas de vigilancia como instrumentos para garantizar la "seguridad" de la población, invirtiendo millones de pesos en su adquisición.
|
