El policía Facundo Nahuel Amendolara, investigado por haber disparado y herido gravemente en el abdomen al músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier en la madrugada de este lunes, fue imputado en las últimas horas por el delito de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”, una carátula que contempla penas de entre tres y quince años de prisión.
El fiscal Martín Zocca, titular de la UFI 1 de Delitos Complejos de Zárate-Campana, notificó este viernes al policía de 27 años y a su defensa de la imputación. Como se sabe, por las heridas recibidas a Chano le debieron extirpar el páncreas, el bazo y el riñón izquierdo.
Este jueves, poco antes de conocer formalmente de lo que se lo acusa, Amendolara se reunió con el policía asesino y condenado por gatillo fácil Luis Chocobar, quien tres días antes disparó al abdomen del músico Santiago “Chano” Charpentier, Allí sellaron el pacto para que al bonaerense pase a defenderlo el abogado Fernando Soto, quien patrocinó a Chocobar en el juicio en el que fue condenado por el crimen de Pablo Kukoc.
Este viernes Amendolara y Soto se presentaron ante la Fiscalía de Zocca para tomar vista del expediente. A la salida, una gran cantidad de medios los esperaban. “Él no va a hablar por ahora, el fiscal acaba de informar la imputación y nos citaron para esto”, comenzó diciendo el letrado.
“Nosotros queremos ver bien el expediente y participar en las pruebas, por ejemplo en la (pericia) balística, vamos a poner un perito de parte”, agregó al tiempo que consideró que “la aparición de la remera (de Chano) demuestra que no hubo un protocolo de protección de la prueba, con lo que no hay seguridad sobre la intangibilidad de la prueba, pudo haberse perdido o deteriorado prueba”.
“Me extraña que la acusación sea con dolo, porque no hay el menor elemento que pueda sostener que él (Amendolara) haya salido a asesinar a Chano”, dijo Soto mostrando cierta “sorpresa”. Y consideró que no habría motivos para que su defendido sea detenido con prisión preventiva.
Soto dijo que quiere conocer bien la declaración de los médicos que estaban presentes en la casa del barrio privado de Exaltación de la Cruz al momento de llegar los policías porque, según él, el accionar de Amendolara estuvo totalmente justificado por lo “peligroso” que resultaba el músico en ese momento.
Soto habla de “legítima defensa” del policía al haber sido supuestamente atacado por el exlíder de Tan Biónica y no poder ser controlado por el personal médico presente.
Su línea argumental coincide con el de su jefa política Patricia Bullrich y con la del ministro de Seguridad de Axel Kicillof. De hecho afirmó, al igual que Berni y la exministra de Macri, que de estar autorizadas las pistolas Taser Chano “no hubiera resultado herido”.
Para él, el bonaerense “no tuvo otra opción” que disparar. “Encima, lamentablemente, no tienen sustitutivo de armas de fuego, no tienen siquiera Taser. Si hubiera tenido una Taser, Chano no hubiera tenido ninguna herida”, sentenció.
Es curioso que, siendo abogado y defensor de policías criminales, no sepa que en personas con problemas de salud física y/o mental la picana del Siglo XXI está totalmente desaconsejada, incluso por la ONU.
Por las dudas Soto, para no quedar mal con quienes simpatizan con Chano, dijo que el músico es un “pobre” hombre al que no se le puede “reprochar” nada porque es “víctima de sus padecimientos”.
Sobre su defendido (al que tenía al lado pero no lo dejó hablar), Soto dijo que Amendolara “está preocupado, afligido por lo que está pasando, no quería lastimar a nadie pero no tuvo más remedio que obrar con una actividad prolija, de hecho estaba por ascender y dar cursos como docente”.
Contra toda evidencia científica y apelando al sentido común reaccionario, Soto llegó a cuestionar la Ley Nacional de Salud Mental. “Esa ley tiene diez años y hace que los médicos psiquiátricos no puedan internar preventivamente a una persona”, dijo buscando justificar el accionar de su defendido.
¿Quién es Soto?
Hace tres años el doctor Fernando Soto era asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación que comandaba Patricia Bullrich. En esos tiempos llegó a ser la cara visible de la defensa legal de funcionarios y miembros de la Prefectura imputados en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Nada menos.
En un artículo publicado por este diario en julio de 2018 detallamos que las relaciones de Soto con las fuerzas represivas del Estado y con el Poder Judicial datan de, al menos, dos décadas atrás, focalizadas por lo general en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y con la Policía Federal.
A mediados de los años 90 era un avezado abogado penalista y no solía defender “perejiles”. En 1998 Clarín, por ejemplo, informaba que Soto había sido “el primer abogado de (Norberto) Oyarbide cuando se conoció el escándalo de Spartacus”, el prostíbulo en el que el juez federal fue filmado participando de una fiesta VIP y por lo que fue acusado de proteger a una extensa red de esos negocios ilegales.
Según el propio Clarín, Oyarbide llegó a pedirle al doctor Soto que dejara de defenderlo ya que era “conocida” su participación “en la defensa de dueños de prostíbulos” y eso no lo beneficiaba. Es que Soto se había presentado “varias veces en procedimientos y allanamientos en el sauna The One”, un prostíbulo cuya propiedad se le adjudicó siempre al proxeneta VIP Raúl Martins, amigo personal de Mauricio Macri y exagente de la SIDE durante los 70 y 80.
En 1997, además, Soto fue envuelto en una denuncia por la cual el abogado Ángel Grieco lo acusó de intentar sobornarlo en plena comisaría segunda de la Federal para no radicar una denuncia por “lesiones” contra personal de The One. Siempre se presumió que Soto le ofreció $ 5.000 (en ese momento equivalentes a U$S 5.000) por su silencio.
Años después, tras el incendio del boliche Cromañón el 30 de diciembre de 2004, Soto se ganó la confianza de muchas de las familias de las 194 víctimas y se convirtió en una de la voces cantantes de las querellas. Desde ese visible lugar buscó que se juzgara y condenara a la banda Callejeros para diluir al máximo la culpa de funcionarios y del empresariado Omar Chabán.
A su vez, en los tiempos de Macri presidente de Boca Juniors, Soto intervino en una causa por asociación ilícita que involucraba a barrabravas del club y a miembros de la Comisión Directiva. Allí atendió los requerimientos de Macri, quien se estaba convirtiendo en su jefe político. Al menos dos de los imputados fueron defendidos por él.
En 2009, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Soto ingresó al Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, con el cargo de “profesor” en la materia Prevención Sumaria, que ostenta hasta la actualidad. Pero debería esperar algunos años para meterse de lleno en el Estado.
En mayo de 2016 se sumó al plantel del Ministerio de Seguridad con el cargo de director nacional de Proyectos, Evaluación de Normas y Cooperación Legislativa de la cartera conducida por Bullrich. Todo un ejemplar. | 
