El eco de 2015 vuelve a sacudir a Guatemala, donde diversos sectores de la población han salido a recuperar las calles en plena pandemia por Covid 19 para exigir la renuncia del actual presidente Alejandro Giammattei y de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras por actos de corrupción, mal manejo de la contingencia sanitaria y la reciente destitución del funcionario Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
La FECI ha desempeñado una colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), organismo financiado por Naciones Unidas para “desintegrar las estructuras de corrupción y crimen organizado”, y que en 2015 gracias a la presión popular lograron la renuncia de Otto Pérez Molina y gran parte de su gabinete por su participación en “La línea” una red de defraudación aduanera, asociación ilícita y de desvíos de recursos.
Así, este jueves 29 de julio miles de guatemaltecos aglutinados en organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales, indígenas y de mujeres nutrieron la convocatoria de paro nacional con al menos 20 bloqueos carreteros en varios puntos del país y movilizaciones en los 22 departamentos de Guatemala. Una jornada que condensa el descontento social arraigado desde la gestión del ex presidente Jimmy Morales y que ha tenido continuidad con la administración del derechista Giammattei, quien pasó de dirigir el sistema penitenciario a encabezar la administración política, económica y social del país centroamericano.
La corrupción mata
Guatemala se encuentra en una situación grave a nivel sanitario, siendo el país con más contagios y muertes al alza en el istmo centroamericano (más de 10 mil muertes al mes de julio) y de los países que menos ha avanzado en su plan de vacunación de toda América Latina.
La deficiencia en el sistema de salud público, duramente golpeado por los gobiernos anteriores, ha provocado el desbordamiento en la atención a casos de contagio de Covid 19, aunado a la demora en la recepción de vacunas contra el virus –de un estimado de 6,6 millones de vacunas que se tenían contempladas, solo han recibido 650 mil de la marca inglesa AstraZeneca–, así como jugosos negocios que resultan lesivos para el conjunto de la población en la adquisición de las vacunas.
Asimismo, las medidas que este gobierno ha tomado ante la crisis no han sido de carácter social, por el contrario, se han aplicado medias profundamente represivas como los distintos decretos de “Estado de Prevención” una medida cuyo fin ha sido frenar las movilizaciones en contra del gobierno y que al ser una disposición legal de Orden Público opera para militarizar los centros públicos y privados, así como condicionar el derecho a huelga e intervenir en caso de incitación al orden público. Dicha medida se ha traducido en la violación a las garantías individuales y colectivas, con decenas de detenciones arbitrarias y multas a sectores de la juventud y de la clase trabajadora que buscan el sustento para sus familias.
Paro nacional, ¿con quiénes y con qué fin?
La respuesta de la población guatemalteca de salir a las calles y recuperar las plazas frente a la corrupción y el estado de negligencia que mantiene el gobierno es sin duda alentadora y debe buscar fortalecerse. Sin embargo, es clave hacerlo con las mejores lecciones que procesos pasados han dejado para no echar en saco roto la voluntad de movilización y protesta actual.
Volviendo a 2015, el escenario social no solo logró cimbrar a Guatemala, sino que sus alcances lograron reflejarse en el conjunto de la región con las multitudinarias “Marchas de antorchas” que sacudieron a países como Honduras y El Salvador en defensa del sistema de salud y contra las reformas de privatización.
Estas expresiones hicieron temblar a sus respectivos gobiernos, que no dudaron en reprimir y buscaron por distintos flancos contener y desviar el descontento. En el caso guatemalteco el régimen pudo canalizar el descontento en las urnas electorales dando pie a la llegada del gobierno de Giammattei. Un gobierno signado no solo por la corrupción develada por Francisco Sandoval, sino por el autoritarismo hacia las demandas del sector salud que se encuentra combatiendo en primera línea la pandemia, contra las demandas de las mujeres y su derecho al aborto, así como el hostigamiento y persecución contra comunidades de campesinos e indígenas que enfrentan la construcción de megaproyectos en sus territorios, además de los múltiples ataques contra los derechos y la libertad sindical de la clase trabajadora en el país.
Por ello, aunque las actuales protestas aún no han alcanzado la masividad de pasadas experiencias es necesario lograr claridad política en el contenido y la composición social que dan lugar a las convocatorias de movilización y dilucidar los intereses de clase en juego.
En este sentido es fundamental alertar sobre el rol oportunista de la clase empresarial al montarse en las demandas del movimiento social en diferentes procesos, pues es la patronal y organismos como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), quienes atentan contra los derechos de miles de trabajadores, ofreciendo salarios de miseria bajo el modelo de sobrexplotación que se renueva aún en pandemia y que tiene como único objetivo regular el alcance de las acciones sociales hasta donde lo permitan sus intereses y ganancias.
De igual manera es necesario subrayar que la actividad de organismos como la FECI o la CICIG resultan insuficientes para terminar con un régimen que desde sus entrañas orquesta y perpetúa el sistema de corrupción.
¿Puede un organismo dependiente de la ONU terminar con la corrupción y aquello que aqueja al grueso de la población en Guatemala? Para responder a la pregunta tenemos que recordar que se trata del mismo organismo que envió a los cascos azules a Haití, orquestando todo tipo de abusos contra la población, en especial contra mujeres y niños.
El amplio respaldo de la población a la figura de Sandoval debe ubicar también los enormes límites de una institución afín a los intereses del imperialismo estadounidense y que se amolda a un régimen heredero de dictaduras militares, garante de la expoliación y el saqueo en la región.
Por ello, potenciar la movilización en las calles de manera independiente a las instituciones del régimen y bajo las demandas de los sectores de trabajadores, indígenas, campesinos, organizaciones de mujeres y sectores de la juventud que resisten la crisis sanitaria y económica es una de las tareas centrales en la presente coyuntura. | 
