A Klug se le acusa por ser cómplice de desaparición y homicidio de 23 trabajadores de la empresa Endesa en la región de los Ángeles durante la dictadura, a lo que se integra una acusación por ser cómplice de la desaparición de un joven universitario en Bio-Bio, crimen del cual fue absuelto el 2015, año en que escapó a Europa para finalmente ser extraditado el 2019.
La terrible situación que viven las y los presos políticos de la rebelión en las cárceles comunes, se contrasta duramente con los privilegios, la impunidad y el silencio de las instituciones represivas, principalmente militares y carabineros. Es desigual e injusto la diferencia de condiciones entre los penales comunes y el Penal Punta Peuco, cuyos “reos” tienen el descaro descomunal de igualarse a los presos de la rebelión, auto incluyéndose a la exigencia de indulto y victimizándose.
Esto último no cae de casualidad, ya que este penal militar fue construido en 1995 para que el Manuel Contreras cumpliera condena por el asesinato del canciller Orlando Letelier. Cabe decir que tras años de administración Concertacioncita, de la derecha y la ex-Nueva Mayoría, sigue funcionando como si nada. Podemos entonces hablar de estas administraciones (y sus partidos) como responsables políticos de una extensa y arrastrada impunidad militar y policial que hoy se traduce en las condenas respecto a las violaciones a DDHH durante la rebelión.
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Respecto a esto y los presos políticos, hemos desarrollado diversos debates en LID en donde problematizamos las posiciones de las figuras presidenciales y direcciones de los grandes organismos sindicales y sociales, no pasan de los marcos establecidos. Con su silencio guían a las bases hacia un terreno infértil depositando toda su confianza en los métodos tradicionales de votos parlamentarios y años de tramitación, mientras organizaciones de detenidos desaparecidos siguen sin saber qué sucedió con sus familiares.
Un gusto amargo deja la noticia de la condena a Walter Krow, ya que esta condena no refleja la brutalidad de sus crímenes ni equipara las consecuencias sociales de la dictadura en la que él y otros militares participaron sin escrúpulos.
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Echar abajo toda la herencia de la dictadura es una perspectiva que no puede quedar acotada a la discusión parlamentaria, como tampoco a la actual Convención Constitucional que en sus últimas declaraciones expresó su respeto a las instituciones establecidas. Sino que, implica un combate político y social mucho mayor con las cúpulas empresariales que se favorecieron de la dictadura Pinochetista y que hoy defienden esa herencia con todo el brazo represivo, influencias en medios de comunicación y en el propio parlamento.
Es por esta razón que desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios venimos planteando la conformación de un Frente de Izquierda Anticapitalista de las y los trabajadores que pelee con todas sus fuerzas por horadar el régimen pinochetista, y con la fuerza del pueblo trabajador echar abajo toda herencia de dictadura, en la educación, en la salud y en la vida laboral que hoy tiene a miles de familias bajo la línea de la pobreza y a unos pocos que se descansan sobre sus privilegios.
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