En 1999-2000, miles de compañeros de mi generación fuimos amenazados con "la ley" durante meses, por impulsar la huelga en la UNAM para defender la gratuidad universitaria y mientras el rector de entonces, el priista Francisco Barnés, impuso una reforma que violaba las leyes de su propia y antidemocrática representación universitaria.
El gobierno y todas las instituciones dijeron que los estudiantes en huelga éramos terroristas, nos acusaron de motín, robo, daño en propiedad ajena, más todos los cargos individuales que se les ocurrían para cada activista, mientras políticos y periodistas reaccionarios hacían jugosas cuentas del número de años de prisión que eso representaba; "como mínimo 30 años" decían en cadena nacional.
Pero cuando el ejército ocupó las instalaciones de la UNAM una madrugada, lo llamaron "recuperación de la legalidad", sus intelectuales entraron en sendos debates sobre lo que según ellos era la autonomía, a la par que policias y militares hacían más de mil detenciones a bordo de camiones y llevaban en camionetas especiales a los estudiantes más señalados por la prensa, como trasladan hoy a narcotraficantes, y cateaban ilegalmente los domicilios buscando a quienes seguíamos libres.
"Todo el peso de la ley" caía sobre nosotros, incluso a algunos de mis compañeros entonces de 16 años fueron amenazados con ser violados en los tutelares de menores y a otros mayores de 18 años, un juez les dictó sentencia de años de cárcel.
Mientras el gobierno y sus instituciones "ejercían la ley" a su antojo, decenas de miles de madres y padres de familia y trabajadores que simpatizaban con la lucha por una universidad pública, permanecían furiosos afuera de cada uno de los centros de detención, exigiendo nuestra liberación de todo cargo. No había una sede policial con estudiantes detenidos que no estuviera rodeada de personas, bloqueando puertas, cantando consignas, pasando alimento y artículos de higiene personal y tratando de evitar que trasladaran a un sólo joven. Protestas coronadas días después con una gran movilización de cerca de un millón de personas, como no se había visto en toda la huelga y en años en México. Eso lo definió todo, desmontando su circo de leyes y cargos penales, evidentemente políticos.
Mágicamente las leyes comenzaron a tener "salidas" y caminos que parecían cerrados se abrieron, el régimen tuvo que liberar primero a cientos de compañeros y aunque intentó mantener presos a los más señalados por directivos y por Juan Ramón de la Fuente, no les quedó más remedio que liberar a todos unos meses después. De otro modo no cerraba esa crisis abierta en el país, con los jóvenes de la lucha estudiantil más importante de los últimos años presos, la UNAM ocupada por el ejército y las elecciones presidenciales en puerta.
Después que el Estado liberó a todos, iniciaron años de persecución ilegal contra estudiantes inconformes y Juan Ramón de la Fuente ordenó miles de sanciones y expulsiones para limpiar de protestas la universidad e imponer la "normalidad académica".
¡Qué absurda es la burguesía y su "justicia" para ricos, que hoy Juan Ramón de la Fuente es embajador de México ante la ONU, "defensor" de los derechos humanos ahí, mientras la Consulta Popular (por supuesto) no considera juzgarlo!
Años después, el gobierno volvió a usar la ley a su conveniencia, ahora para derrotar la lucha de Atenco, y realizó el 3 y 4 de mayo de 2006, el operativo represivo más escandaloso e ilegal de los últimos años, en contra de esa comunidad combativa que se encontraba en una lucha firme en defensa de su tierra. La policía violó y torturó a docenas de mujeres y hombres y lanzó una feroz persecución contra América del Valle y otros pobladores, mientras llevaba a Ignacio del Valle y 11 personas más, algunas que ingresó en penales de máxima seguridad, con cargos como secuestro equiparado y motín, ¡que irían desde 32 hasta 112 años de cárcel!
Inició una tortura física y psicológica en prisión que duraría unos años contra estos compañeros, les intentaron arrancar la vida en nombre de la ley, pero el escándalo internacional por ese escandaloso operativo y la firmeza de las víctimas de la policía para denunciar las terribles violaciones a los derechos humanos que vivieron, finalmente hicieron retroceder al gobierno, que recurrió a la Suprema Corte para poner nombre al artilugio legal que justificara su retroceso y permitiera la liberación de los presos políticos buscando preservar su absurda legalidad.
Estos son sólo dos ejemplos, pero la justicia para ricos la viven todos los días miles de presos injustamente encarcelados, víctimas de la pobreza y el hambre, así como los presos políticos, despojos de tierras y cada injusticia del país avalada por la ley.
Comprendiendo cómo la burguesía y los gobiernos en turno usan la justicia a conveniencia y amoldan las leyes para ello, se entiende mejor cómo la Consulta Popular es antes que nada una política funcional a la 4T, pretende institucionalizar la lucha por justicia frente a los crimenes de lesa humanidad, como la masacre estudiantil de 1968 o la "guerra sucia". Pone al mismo nivel la opinión de un sobreviviente de Tlatelolco o la de padres de Ayotzinapa, que la de un torturador, policía, militar y cualquier otro miembro del Estado criminal mexicano, institucionaliza décadas de lucha por justicia contra estos asesinos. Es una búsqueda de relación de fierzas que respalden a la 4T frente a los otros partidos y en el último de los casos es una búsqueda de justicia.
La Consulta popular no es la ruta hacia la organización independiente, no nos lleva a confiar en la lucha de clases y la organización firme y disciplinada que logre juzgar a los genocidas. Y ¿un juicio independiente?, ni pensarlo, está todo pensado bajo sus leyes, sus formas, sus criterios e intereses políticos.
A Luis Echeverria, como a todos los expresidentes, la ley burguesa lo ha protegido por décadas, mismas que no sabemos nada de algunos de sus desaparecidos políticos.
Las grandes luchas en realidad comienzan cuando empezamos a confiar en las propias fuerzas y rompemos la confianza en sus leyes e instituciones. | 
