Representantes del gobierno y el mismo presidente han hablado del éxito de la consulta, sin presentar un análisis objetivo y serio de la misma; en contraposición, los expresidentes -que son un símbolo del neoliberalismo repudiado por decenas de millones- se han mofado de la misma, mostrando una vez más el cinismo de quienes están al servicio de los empresarios.
Con menos de 7 millones de votos (6 millones y medio a favor, poco más de 100 mil en contra y 50 mil nulos), es un hecho que la participación en la primera consulta nacional reconocida institucionalmente fue escasa, al registrarse un abstencionismo de cerca del 93 %.
Más allá de las maniobras por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) que dificultaron la participación ciudadana en la consulta, parece evidente que quienes promovieron este ejercicio (empezando por el presidente y su partido, hasta las organizaciones políticas y sociales que se sumaron) no lograron entusiasmar y convencer de votar a la mayoría, en un ejercicio donde la pregunta, modificada por las autoridades electorales, ni siquiera planteaba explícitamente el objetivo de enjuiciar a los expresidentes.
Esta baja participación puede expresar que no se le consideró masivamente un mecanismo que realmente vaya a servir para lograr la justicia que sigue reclamando un amplio sector de la población. El mismo López Obrador dijo en más de una ocasión que él votaría en contra y que no se trata de “vengarse” sino de “ver hacia adelante”, evidenciando que su intención no es hacer justicia, sino canalizar institucionalmente el repudio popular a los expresidentes, para legitimarse y posicionarse frente a sus adversarios políticos.
De ahí que la disputa entre el INE (fiel representante de los partidos opositores neoliberales) y el gobierno federal se haya mantenido antes, durante y después de la consulta, evidenciando un elemento de polarización política en el país.
Por otro lado, la poca participación en la misma puede expresar también el relativo desgaste que en su influencia política han venido sufriendo el presidente y su partido, quienes no pudieron convencer más ampliamente de sumarse a esta iniciativa. Mientras sus niveles de aprobación se mantienen altos y su partido mantuvo su lugar como primera fuerza en las recientes elecciones, hay elementos (que hemos analizado aquí) que expresan dicho desgaste.
Es que sectores de jóvenes, mujeres y trabajadores, que son parte de los millones que votaron por AMLO y el MORENA en el 2018 con la esperanza de un cambio -una mínima parte de los cuales participó en la consulta- vienen haciendo una experiencia crítica con este gobierno y su llamada “cuarta transformación” (4T).
El resultado está a la vista: más allá de la retórica progresista y de medidas que generan simpatía como los planes sociales, la militarización del país se mantiene (aunque legalizada con la Guardia Nacional y el mayor rol institucional de las Fuerzas Armadas); aumentan los niveles de violencia, los feminicidios, los asesinatos a periodistas y activistas medioambientales; continúan los despidos, se profundiza la precarización laboral, se legitimó el outsourcing; se imponen los megaproyectos y sigue el saqueo de nuestros recursos naturales por las trasnacionales. Todo lo cual ha ido mermando paulatinamente la confianza en las supuestas bondades de nuestra “democracia” y en que el gobierno de la 4T represente una verdadera transformación.
Aspiraciones democráticas y de justicia
Esto no significa que las aspiraciones democráticas y de justicia de millones hayan desaparecido. Un 97 % de los que sí votaron en la consulta lo hicieron por el sí, y muchos millones más que se abstuvieron -ya sea por no considerar que este ejercicio realmente garantizase el juicio a los expresidentes, y que la justicia se debe aplicar y no consultarse y/o porque tienen una profunda desconfianza en el régimen político-, también tienen deseos de justicia.
Son estas aspiraciones, las que el presidente, su partido y quienes los respaldan, buscan canalizar por la vía institucional para evitar que se expresen en las calles de forma independiente, inaugurando con la consulta la supuesta “democracia participativa” en el país. Que podría continuar con la conformación de “comisiones de la verdad” o “tribunales populares” reconocidos oficialmente, como ya algunos proponen, siempre y cuando estén a expensas de la legalidad y las instituciones del régimen político vigente.
Esta es una forma de legitimar al régimen político haciéndole creer a los trabajadores y el pueblo que su opinión será tomada en cuenta, ya no solo votando cada tanto por quién los gobernará sino también por si están de acuerdo o no con lo que desde arriba les quieran “consultar”.
Sin embargo, más allá del discurso de la “democracia participativa”, nos siguen negando el derecho a deliberar realmente y a tomar nuestras propias decisiones sobre los grandes problemas nacionales, lo que siguen decidiendo desde arriba el gobierno, la casta política y los grandes empresarios a los que ésta sirve (más allá de su partido). Tal como evidencia la imposición de la nueva “normalidad” -que pone en riesgo la vida de millones con tal de continuar la reapertura económica-, el pretendido regreso a clases presenciales en condiciones inseguras, la continuidad de las privatizaciones, el fiel pago de la fraudulenta deuda externa e interna, el avance de los megaproyectos, etcétera.
Por el juicio y castigo para los responsables de los crímenes de Estado
Las demandas de verdad y justicia siguen vigentes. Ayotzinapa, Atenco, Acteal, el 68, el 71 y muchos crímenes de Estado perpetrados por los anteriores gobiernos más siguen impunes. Más aún, bajo la administración de AMLO, se siguen violando los derechos humanos de quienes protestan, como mostró la represión a las y los normalistas de Mactumactzá, quienes continúan sujetos a proceso penal.
Continúa también la impunidad de los exfuncionarios y empresarios negligentes o corruptos, como los vinculados a la línea 12 del metro, donde 26 personas perdieron la vida. Tampoco cesa la violencia contra quienes defienden los derechos humanos, ambientales o laborales, como las huelguistas del SutNotimex y los trabajadores de General Motors.
Lograr el juicio y castigo para los responsables de las violaciones a los derechos humanos, la entrega del país y los crímenes de Estado de ayer y de hoy requiere de la más amplia unidad y la movilización en las calles, encabezada por las víctimas y sus familiares, nutrida con la fuerza de los trabajadores y sus sindicatos, a los que se sumen las organizaciones de derechos humanos, populares, del movimiento estudiantil y de mujeres, sin confiar ni un ápice en las instituciones de este régimen antidemocrático, corrupto y represor. Solo así se podrá lograr el juicio y castigo que las grandes mayorías de México reclaman y exigen. | 
