La demanda presentada ante un tribunal en Boston, apunta a las prácticas comerciales "negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México" y busca la indemnización al gobierno mexicano, por un monto que sería definido en el juicio pero que el canciller estima podría llegar al 2% del PIB además de la implementación de medidas para monitorear y disciplinar a los compradores de armas y que no queden exentas de responsabilidad una vez que vendieron el producto.
Tanto Ebrard, como López Obrador, aclararon que esta demanda es contra las empresas armamentísticas y no contra el gobierno de EEUU, por lo que no tendría que interferir en la relación binacional y que no pretendían incidir en el debate respecto al uso de armas en el país del norte.
El jugoso negocio del tráfico de armas
En un comunicado la asociación de la industria de armas de fuego, NSSF, declaró que la responsabilidad del narcotráfico es del gobierno mexicano y que las acusaciones sobre el tráfico ilegal son completamente falsas y agrega que debería esforzarse en llevar a los cárteles a la justicia en vez de buscar “chivos expiatorios”.
Ante esto, Marcelo Ebrard dijo que estas compañías “están desarrollando armas para el narcotráfico” inclusive estéticamente, como es el caso de la Colt. Super 38 con la que fue asesinada Miroslava Breach, la cual tenía un grabado de Emiliano Zapata o los fusiles Barret calibre 50 que ocupaba el Cártel de Sinaloa en un operativo fallido en el 2019 para detener a Ovidio Guzmán, capaz de derribar a un helicóptero y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Según el gobierno mexicano, cada año entran de manera ilegal, 500 mil armas al país desde EEUU y tan solo en el 2019 fueron ocupadas en el asesinato de 17 mil personas. Para este mismo año, el 70% de los homicidios se cometían con armas de fuego, mientras que en 1997 eran tan solo el 15%.
Una de las formas de los cárteles para conseguir armas, es a través de los que se conocen como “compradores paja”, ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales que por ende pueden comprarlas y posteriormente entregarlas a grupos que las envían ilegalmente a México. Esto sucede principalmente en California, Texas, Arizona y Nuevo México.
Pero en las ferias de armas que se celebran en hoteles o centros de exposiciones así como en internet, no es necesario someterse a ninguna investigación para adquirir armas. Son estas las prácticas “negligentes a las que se refiere el gobierno mexicano”.
¿La demanda pondrá alto al fuego?
Contrario a las afirmaciones de la NSSF, es evidente que el tráfico de armas ilegal de EEUU a México es una realidad y que por décadas ha incidido directamente en el descomunal aumento de la violencia en nuestro país, que en el 2020 se expresó en 36,579 homicidios y que además representa 11 feminicidios diarios y 80 mil desaparecidos y desaparecidas en los últimos 15 años.
Los distintos gobiernos estadounidenses han presionado históricamente a su análogo mexicano para endurecer la mano contra el narcotráfico, encontrando así la excusa perfecta para convertir a su vecino del sur en el muro fronterizo aumentando la militarización sin ningún freno y haciendo uso de su posición como país imperialista, sin embargo, no tiene ningún tipo de medida que impida el tráfico ilegal de armas.
Pero aunque esta demanda, que el propio gobierno reconoce durará mucho tiempo en proceder, resultara en la indemnización y un mayor control por parte de las empresas armamentísticas, eso no resuelve el problema del narcotráfico y la violencia en el país.
Por un lado, sin la legalización total de las drogas, el narcotráfico continuará existiendo, y el dictamen aprobado en marzo para el uso lúdico de la mariguana, está lejos de resolver esto, pues permite la posesión y siembra únicamente con registros y licencias, pero no marca ninguna diferencia en la cadena de producción ni distribución, lo que deja intactos a los cárteles.
El gobierno de la 4T que hoy presenta esta demanda, dijo en su campaña electoral previa al 2018 que desmilitarizaría y pacificaría el país, pero una vez en el gobierno, su estrategia cambió a “pacificar militarizando” creando la Guardia Nacional y rompiendo el récord del PRI y el PAN en cuanto a presencia del ejército en las calles. Como no podía ser de otra forma, esto ha derivado en una brutal alza de la violencia en los tres altos que van de su gestión y el crimen organizado, las redes de trata y el millonario negocios del narcotráfico, siguen intactos.
No habrá pacificación del país si no es a través de la desaparición de uno de los principales negocios del narcotráfico, legalizando todas las drogas, estatizando esta industria y poniéndola a funcionar bajo el control de sus trabajadores y usuarios, medida que debe estar acompañada de la desmilitarización total del país y la disolución de la Guardia Nacional que reprime trabajadores, normalistas, jóvenes y migrantes. | 
