Ya en el año 2017, la cantidad de personas que requerían una solución habitacional a nivel nacional era de 2,2 millones, para las cuales serían necesarias 739.603 unidades habitacionales, según datos entregados por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en el 2017 . El estudio señala que el déficit habitacional total desde el 2015 al 2017 aumentó 13%, sin embargo, no consideró arrendatarios y subarriendos, tampoco migrantes o gente en situación de calle.
Actualmente, y de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se requieren 512.762 soluciones habitacionales a nivel nacional, mientras que 74.649 familias viven en campamentos.
La realidad en Antofagasta no dista mucho de esta dramática escena. Según el Minvu- en base a la encuesta Casen 2020-, en la región se requiere construir 30.985 viviendas, para así ponerle fin al déficit habitacional.
Por su parte, en la región hay actualmente 7.296 familias viviendo en los 89 campamentos que hay, de los cuales 60 se encuentran en la capital minera.
La encuesta Casen 2020, realizada durante la pandemia, también revela otros dramáticos datos: si en 2017 había en la región 30.057 personas pobres, en 2020 esa cifra se duplicó alcanzando los 64.810 habitantes en la pobreza. Y no solo eso. La extrema pobreza por poco se triplicó, pasando de 9.390 personas a 25.738. Esto, mientras las familias más ricas y los grandes grupos económicos se enriquecieron aún más.
Negocio inmobiliario: ganancias millonarias a costa de los altos precios de los arriendos y viviendas
En 2017, Ciper Chile publicó un artículo donde se problematiza el hecho de que “la vivienda se ha convertido en un activo de inversión de renta fija o, si prefiere, se ha “financierizado”. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de uso de una vivienda –sustento para el desarrollo de un hogar– está en desequilibrio ante su valor de cambio. Esto se representa en una estrategia especulativa: invertir en vivienda hoy para vender en el futuro e incrementar la inversión inicial”. En el artículo se hace alusión a lo que muchas personas hacen cuando compran una vivienda: arrendarla para obtener dinero que sirva para financiar gastos o como ingreso extra.
Este aspecto también se encuentra en la región de Antofagasta, donde “la “financierización” de la vivienda alcanzó un nivel crítico, dado sus evidentes efectos sociales. Escondida bajo el manto de ser la ciudad con mayor ingreso per cápita de la nación, se tiende a excluir la relación de dichos ingresos con los costos de vida. La encuesta CASEN 2015 determinó que el ingreso promedio por hogar en Antofagasta es de $1.384.048; resultado engañoso al desagregarlo. En la evaluación por quintiles se observa que los cuatro primeros –un 80% de la población– llega a fin de mes con saldo negativo. En gran parte, esto obedece a un precio de la vivienda desproporcionado, junto a salarios que no están acordes con los costos de vida en la ciudad”, indica el estudio.
El artículo va más allá y cuestiona el negocio inmobiliario de fondo y los altos precios de los arriendos y viviendas que, en última instancia, es el principal motivo de por qué miles de familias no pueden acceder a una vivienda y terminan en campamentos, de allegados o en la calle: “la vivienda en Antofagasta varía en base a reglas propias y no tiene relación ni con el crecimiento de la región, ni con la creación de empleo, ni con el cobre. La vivienda corre por un carril diferente: siempre sube de precio”.
En la investigación se evaluó la rentabilidad promedio de cinco proyectos inmobiliarios a la venta, donde “se obtiene una tasa interna de retorno (TIR) que promedia el 37%, junto a un retorno de la inversión inicial del 93%. Para enfatizar, en Estados Unidos los inversionistas inmobiliarios recomiendan invertir asegurando una TIR mínima de 8%, mientras que se considera muy rentable llegar al 18%. Es decir, no se justificaría el alto precio de la vivienda por los costos de producción, dado que las ganancias ya se encuentran muy por sobre el mínimo recomendado. En otras palabras, la vivienda podría ser mucho más barata”.
¡Por un plan de obras públicas y construcción de viviendas sociales para responder a esta crisis! ¡Por el derecho a la vivienda para toda la población!
Efectivamente, el millonario negocio inmobiliario obtiene suculentas ganancias cada año, a costa del despojo de un derecho elemental para el ser humano, que debería ser totalmente garantizado por el Estado y para toda la población. Pero que, sin embargo, se traduce en la venta o transferencia de terrenos del Fisco (desde Bienes Nacionales) a empresas constructoras que se encargan de construir las viviendas y de venderlas a precios imposibles para la gran mayoría de la población.
En palabras de la concejala del Partido de “Ante el negocio inmobiliario, no se puede olvidar que la lucha por el derecho a la vivienda digna es una de las banderas centrales de la rebelión abierta en octubre de 2019. Hay que terminar con este negocio empresarial y luchar porque el derecho a la vivienda sea efectivo y garantizado por el Estado para toda la población, terminando con todo subsidio estatal a empresas privadas.
Y, ante la actual crisis habitacional, se requiere un plan de obras públicas y de construcción de viviendas sociales, gestionado por los sindicatos de la construcción, junto a los comités de vivienda y allegados, y profesionales a disposición de las necesidades del pueblo trabajador; que sea financiado mediante impuestos a las inmobiliarias e impuestos extraordinarios a las mineras, que permita construir las viviendas necesarias para la población y de calidad.
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