Los movimientos sociales cercanos al gobierno de Alberto Fernández como Barrios de Pie, Movimiento Evita, la CCC y el sector que encabeza Juan Grabois se movilizarán este sábado en el marco de la marcha de San Cayetano por tierra, techo, trabajo y para exigir la implementación de una Renta Básica Universal o Salario Básico Universal equivalente a la tercera parte del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), es decir alrededor de $ 9.072 (si se considera el SMVM de julio).
¿A quién estaría destinado? Según explica Juan Grabois en el DiarioAR sería para todas las personas en edad laboral que no tengan ingresos fijos ni patrimonio significativo. Según el titular de la UTEP, “esta medida deberá regir durante el largo periplo que nos espera para lograr una transición hacia un país con trabajo decente para todos sea éste en el sector privado, el público o la economía popular organizada”.
Además de estas organizaciones, Claudio Lozano, director del Banco Nación, también realizó una propuesta similar, un Ingreso Básico Universal equivalente a una Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un adulto equivalente, es la canasta que elabora el Indec para calcular cuánto se necesita para no ser indigente. Según el último dato que publicó el organismo oficial de junio fue de $ 9.195.
La Renta Básica Universal es también la solución que proponen sectores progresistas a nivel mundial como respuesta al “fin del trabajo” que anticipan por el avance de una supuesta robotización generalizada. No profundizaremos en esta nota sobre este debate, pero se puede destacar que la completa robotización se contrapone con la necesidad del capitalismo de explotar la fuerza de trabajo, que es la única fuente de las ganancias del capital. Se recomienda para profundizar sobre el tema el adelanto del libro de la economista Paula Bach.
Ante la propuesta de los movimientos sociales oficialistas, las preguntas que surgen son ¿por qué hay que naturalizar que millones vivan con un ingreso de indigencia mientras los bancos, los agroexportadores y las alimenticias ganan millones?, y ¿cómo se termina el empleo precario y la desocupación?
La solución de los “Cayetanos” puede resultar atractiva, pero el capitalismo argentino no tiene para ofrecer un panorama alentador. Luego de las elecciones lejos de la recuperación que promete el Gobierno espera el FMI para cerrar un nuevo acuerdo que condenará al país al menos por una década. La historia con el Fondo es conocida para una gran mayoría, años de más ajuste y contrarreformas como la laboral, previsional y tributaria.
Plantean un salario universal mientras se aceptan los ajustes contra el pueblo trabajador que realizó el Gobierno para honrar la deuda. Fue el propio gobierno el que decidió ajustar a los jubilados con la suspensión de la formula de movilidad previsional y el reemplazo de una nueva fórmula, el que realizó el menor gasto fiscal de la región para atender las consecuencias de la pandemia, y recortó el Presupuesto de este año eliminando el IFE, con reducción de programas sociales. Por el contrario se siguieron pagando intereses al FMI y al Club de París, y se renegoció la deuda con los acreedores privados con beneficios para los lobos de Wall Street.
Administrar la decadencia no es el único camino, es posible otra salida como la medida que propone el Frente de Izquierda Unidad de reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, para trabajar menos y trabajar todes.
Paliativo ante la miseria
En Argentina hay alrededor de dos millones de desocupados y se destruyeron unos 337 mil puestos en relación al año pasado, con un mayor golpe sobre los sectores informales. Según un informe de Cifra de la CTA Autónoma, en el primer trimestre del año el empleo no registrado continúa siendo la categoría más afectada, con 11,9 % menos ocupados que en el primer trimestre de 2020. En tanto, los jóvenes y las mujeres son los más afectados por la precarización laboral y el desempleo.
La pobreza aumentó. En un año se registraron 2,5 millones más de pobres, y afecta en todo el país a 18,1 millones de personas en el primer trimestre del 2021, según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que publicó Clarín.
De este panorama desolador no se puede responsabilizar de todo a la llegada de la covid-19 como hace Fernández. Fueron sus decisiones políticas. A pesar de este rumbo de ajuste los movimientos sociales oficialistas continúan apoyando al Gobierno. El pedido de un salario universal implica que el Estado aporte los recursos para que se concrete la medida. Esto es lo contrario a lo que viene haciendo Fernández desde que asumió. Se priorizó reducir jubilaciones, salarios públicos, y mostrar cuentas ordenadas (como le gusta decir a Martín Guzmán para justificar el ajuste) con el objetivo de anticiparse a los requisitos del FMI y así sellar un nuevo acuerdo.
El Gobierno ni siquiera volvió a implementar el IFE ante la segunda ola de la pandemia que lo cobraban 8 millones de personas mientras que la propuesta de los movimientos sociales sería para un universo mayor.
Se podrían obtener más recursos si el Gobierno decidiera afectar las ganancias de los bancos, de los agroexportadores, de los laboratorios, de las alimenticias, pero como se observó con el debate por el aporte solidario a las grandes fortunas, Fernández no está dispuesto a esto. Estos sectores no hicieron ningún aporte extraordinario siendo que son los que más ganaron en la pandemia como reconocen voces oficialistas. Incluso estos sectores gozan de beneficios que este Gobierno les concedió como retenciones bajas, leyes a medida y negocios redondos como los intereses de las Leliq que cobran los bancos.
El Gobierno podría conceder medidas paliativas como lo es la asignación universal por hijo, o ampliar la tarjeta alimentar, que si bien representan una ayuda para los sectores más pobres es un alivio temporal, no se trata de un ingreso universal para toda la población. Tampoco es un ingreso básico, se propone vivir con salarios de indigencia mientras se mantiene el reparto desigual del ingreso entre capitalistas y trabajadores. Que exista una política de alivio para unos pocos es la manera para que siga la explotación de la fuerza de trabajo en peores condiciones laborales que necesita el capitalismo contemporáneo, y más en los países atrasados y dependientes como la Argentina.
Como señala el economista Esteban Mercatante, “lejos del imaginario de la renta básica como una reforma progresiva para asegurar un ingreso a toda la ciudadanía, las políticas públicas, tironeadas entre la exigencia de austeridad fiscal y la necesidad de contener el descontento y hacer soportable la degradación social que impone el panorama de decadencia capitalista, apuntan hacia una pobreza administrada, contenida a raya mediante rentas focalizadas en asegurar la supervivencia en condiciones de miseria”.
Repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados
Contra la ilusión de una Renta Universal, la respuesta ante el aumento del desempleo, y la precarización laboral es pelear por la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales) sin reducción salarial, con un salario mínimo equivalente a la canasta familiar (se puede tomar de referencia la canasta de consumos mínimos estimada por Ate Indec que en junio fue de $ 103.128) y por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles.
El planteo del reparto de las horas de trabajo apunta a que nadie se quede sin empleo. Para que no haya un ejército de desocupados crónicos que las patronales utilizan como extorsión para que los que tienen trabajo acepten peores condiciones, reducciones salariales, jornadas extenuantes, mayor intensidad en el ritmo de producción.
Los avances tecnológicos, en vez de lo que sucede ahora que están puestos al servicio de producir y reproducir miseria de un lado y grandes fortunas del otro, tienen que estar al servicio de bajar la jornada laboral del conjunto de la clase obrera para tener más tiempo libre para estudiar, para viajar, o para compartir momentos con las amigas o los amigos, otras relaciones personales, o la familia.
La propuesta de la izquierda está ligada a seguir peleando por empleo con plenos derechos, contra la tercerización laboral y la precarización laboral, y que nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar.
Con las condiciones actuales de la tecnología y de la producción es posible llevar adelante esta propuesta, pero implica la amplia movilización de la clase trabajadora y los oprimidos para enfrentar la resistencia de las patronales que se opondrán a una medida que afecte sus ganancias, y con la perspectiva de la reorganización de la producción articulada no en función de la ganancia privada sino de las necesidades del conjunto social. Vale la pena pelear por una vida que merezca ser vivida.
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