En pleno 2021, con una pandemia de por medio y cientos de denuncias contra las fuerzas represivas, el gobierno se apura para hacer lobby con el cannabis industrial, pero las cárceles siguen llenas de presxs por "delitos sin víctimas", sin condena firme y en condiciones deplorables.
Este lunes 9, la "justicia" de Bahía Blanca (donde vuelve a resonar el nombre del fiscal Mauricio del Cero, una eminencia en la criminalización de cultivadores) dictó una pena de prisión en suspenso para Sergio y María, una pareja que fue allanada en marzo del año pasado en la localidad de Sierra de la Ventana, condenada por tres plantas y un frasco de cogollos. Máximo López, de Azul, padre de 3 hijos, estudiante de derecho en la UNICEN, (carrera que continúa al día de hoy desde Sierra Chica), también está preso por cultivo.
Los 10 pibes de Puan que todavía están en la cárcel, más los que quedaron con domiciliaria, aún esperan un juicio por ser cultivadores en el marco de una causa montada sobre una denuncia falsa. Incluso, hace unos días en Las Grutas detuvieron a personas que contaban con el permiso de Reprocann que les fue desconocido.
De estos casos hay cientos. Lo que no hay, es una respuesta clara de los gobiernos, ni para el uso adulto de la marihuana, ni para la precarización y la persecusión que vive la juventud.
Aún con la existencia del fallo Arriola, aún con la regulación del cannabis medicinal del año pasado, la creación del Reprocann y con media sanción de un proyecto de cannabis industrial (para el cual, tanto funcionarios y amigos del oficialismo como de la oposición de derecha ya tienen todo montado para armar sus negociados) siguen habiendo detenciones arbitrarias, se dictan prisiones preventivas, se acumulan causas y archivos que cuestan fortunas al Estado, se sobrepueblan las cárceles de manera inhumana, se estigmatiza personas, se las margina y todo por cultivar una planta. La misma que se utiliza de manera terapéutica, medicinal e industrial. La ridiculez de esto le arruina la vida a miles de familias por años.
En una recorrida por la región, Nicolás del Caño (precandidato a diputado nacional) junto con Lorena Savioli (precandidata a diputada por la sexta sección en la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad) se reunieron con Cristina, madre de Facundo Castro, y con las familias de los pibes de Puan presos por plantar.
En el marco de esa visita, entrevistado por la radio de Tres Arroyos LU24, Del Caño expresó su preocupación por la criminalización de la juventud y la violencia policial: “Tenemos desde hace tiempo un proyecto de legalización integral de la marihuana que parte de parar con esa persecución. Y hay una hipocresía enorme, porque mientras se montan operativos para presentar a pibes que tienen una planta como grandes narcotraficantes, que terminan presos y se les arruina la vida, hay jefes policiales liderando las bandas de narcotráfico.”
“Además, el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación dio un dato en el Congreso: el 600% de incremento de las denuncias por violencia institucional en el período de aislamiento estricto. Y esos casos de violencia y gatillo fácil tienen relación directa con una política del gobierno de empoderar a las fuerzas de seguridad, para ejercer control social cuando lo que había que hacer era destinar recursos reales para hacerle frente a la pandemia, a la pérdida de empleo” señaló el referente del PTS en el FIT-U.
Si algo dejó demostrado el punitivismo en el último medio siglo, es que no tiene el mismo norte que la juventud que pelea por un futuro que valga la pena. Como venimos denunciando desde La Izquierda Diario, el atropello policial aumentó de manera exponencial con el empoderamiento de las fuerzas represivas, y estos datos son apenas los que reconoce el propio oficialismo.
Claro, no es una novedad: éste gobierno asumió su mandato inviertiendo en las fuerzas como primer orden. Por eso hoy sigue la pelea contra la impunidad en casos como el de Facundo Castro y Brandon Romero, entre otro sinfín de pibes y pibas masacrados por el brazo represivo del Estado.
Los gobiernos nacional y provincial, lejos de ofrecer alguna alternativa para la juventud, refuerzan el mandato del FMI, destinan plata a la deuda y a represión y proponen naturalizar la precarización de la vida. Quedó claro cuando, en el marco de cumplirse un año de la desaparición de Facundo Castro, Berni y Kicillof visitaron Bahía Blanca trayendo una histórica inversión en patrulleros y equipamiento para reprimir más y mejor, mientras aumenta la pobreza y la desocupación.
Entre fiscales que hacen carrera a costa de "perejiles" y hazañas medíaticas, jueces que militan la impunidad y la represión designados de forma antidemocrática por el reaccionario Senado, y ministros que pagan millones en spots publicitarios, montando campañas sobre causas armadas a cultivadorxs, la provincia (aunque no de manera exclusiva) muestra que lo único que tiene este gobierno y sus funcionarios para ofrecerle a la juventud, es precarización de la vida, resignación y marginación, que luego usan como excusas para criminalizar, perseguir y hostigar.
Es necesario fortalecer a la izquierda, una tercera fuerza política -frente a los partidos de los Berni y las Bullrich que alimentan la represión y la impunidad- que pelee por dar vuelta las prioridades, para que deje de ser la juventud y el pueblo trabajador quien pague las consecuencias de la crisis.
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