Karina Forcinito, economista y docente de la UNGS y la UBA; y Pablo Varela, biólogo, intervienen en el debate y plantean la importancia de que la izquierda tome la agenda socioambiental en la zona norte.
Entrevistamos a Pablo Varela, biólogo integrante de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, y a Karina Forcinito, economista y especialista en política económica ambiental. Ambos son miembros de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica.
Las problemáticas socioambientales del distrito de Escobar, dirigido por el niño mimado del Frente de Todos, Ariel Sujarchuk, son compartidas con distritos vecinos, como Campana, Luján, Pilar. Esta zona está afectada por el llamado extractivismo urbano, que genera una presión muy fuerte por parte de los mercaderes del suelo hacia la especulación inmobiliaria.
Cerca de 3.000 hectáreas de humedales fueron destruidas por emprendimientos inmobiliarios, que el Estado comercializa como “tierras urbanas” a costa del sacrificio de bienes comunes (o recursos naturales), e implica la pérdida de valiosos servicios ecosistémicos.
Karina Forcinito, plantea que estamos atravesando una crisis socioambiental sin retorno, y que es necesario modificar la concepción que tenemos de desarrollo. Existen escuelas económicas que vienen proponiendo un desarrollo compatible con la vida frente a la necesidad de privilegiar la sostenibilidad de la vida ante todo.
Este gobierno no escucha los reclamos ambientalistas, porque tiene un modelo neodesarrollista. Ante esto la izquierda tiene un papel fundamental que es ir con propuestas concretas, impulsando este tipo de mirada económica en donde no hay incompatibilidad entre el desarrollo económico y el medio ambiente.
En los humedales se pueden realizar actividades forestales, horticultura, viveros agroecológicos, ganadería, avicultura, apicultura, piscicultura sustentables, acuaponia, servicios de educación ambiental, servicios recreativos, gastronómicos, hoteleros con las escalas y tecnologías apropiadas, servicios de transporte fluvial, pesca, canotaje etc. Todo esto es compatible con la generación de puestos de trabajo, con relativamente poca inversión y tecnología.
La agenda socioambiental debe estar al servicio de las necesidades populares y no del poder económico. Decidir pagar la deuda e impulsar una agenda extractivista no son, una consecuencia inevitable la segunda de la primera, sino más bien una decisión política de aceptación de ambas: saqueo financiero por medio de una deuda odiosa que podría desconocerse soberanamente usado como excusa para continuar el saqueo extractivista.
“Desarrollarse”, en los términos que impone el capitalismo es incompatible con poder tomar medidas para hacer los cambios estructurales necesarios en favor del cuidado ambiental, que implicaría nacionalizar bajo administración y control de sus trabajadores la industria petrolera la minería, la pesca y destinar recursos a un plan de transición energética en base a actividades no contaminantes ni destructivas.
