Las comunidades indígenas que componen este municipio, que se encuentra en la región de los altos de Chiapas, mantienen la toma de la cabecera municipal desde el pasado 9 de julio, día en el cual los habitantes de la región incendiaron las casas de funcionarios señalados por complicidad con el narco, entre ellos la presidenta municipal Delia Janeth Velasco Flores y su esposo el alcalde electo, Raquel Trujillo Morales.
Posterior a ello, los pobladores demandaron mesa de diálogo para resolver la elección de nuevas autoridades con los métodos de usos y costumbres. Después de dos mesas de diálogo llevadas a cabo el 3 y el 6 de agosto en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, el coordinador de asesores del gobierno de Chiapas, Leonel Reyes, aseguró a los representantes de los 18 barrios del municipio que la actual presidenta municipal no regresará a sus funciones.
Junto con la renuncia de la funcionaria también está la exigencia de que se respete la elección por usos y costumbres que llevaron a cabo el pasado lunes, en una asamblea donde determinaron quiénes serían sus nuevas autoridades, desconociendo por la vía de los hechos al alcalde electo Raquel Trujillo Morales. Hasta el momento no se ha dado a conocer quienes serían las nuevas autoridades.
No confiar más que en las propias fuerzas
Pese a las declaraciones realizadas en el diálogo por el coordinador de asesores, sobre la presunta renuncia de Velasco Flores, que a decir de él mismo, fue solicitada por el propio gobierno estatal, la realidad es que ésta todavía tiene que pasar por un proceso legislativo en el Congreso Local. Por lo tanto, podría tratarse de una maniobra para descomprimir el legítimo descontento de la población.
A esto se suma el asesinato reciente del fiscal indígena Gregorio Pérez, encargado de investigar los crímenes ocurridos en el municipio chiapaneco, quien fue baleado en su automóvil la noche del pasado martes mientras circulaba por las calles de San Cristóbal, lo que podría detener las indagatorias por parte del Estado para el esclarecimiento de los crímenes ocurridos en Pantelhó y el vínculo de sus autoridades con ellos.
Estos hechos demuestran que no se puede confiar en los tiempos de la justicia del Estado. Una importante lección que ha dejado este episodio es que la lucha de los pueblos fue la que obligó a las autoridades a declarar la salida de su actual presidencia municipal. Pero tomando las enseñanzas de otras experiencias, en particular las del autonomismo zapatista, ni estas gestas ni los gobiernos que emanen de los pueblos deben quedar aislados de sus potenciales aliados, los trabajadores y el pueblo pobre en las ciudades y en otras poblaciones, ni mucho menos confiar en los cantos de sirena del Estado en sus mesas de diálogo.
La última ola de violencia en la región había provocado el desplazamiento de más de 400 personas de sus hogares. Sin embargo, después de la noticia de la salida de los funcionarios municipales, desde el pasado 4 de agosto volvieron a Pantelhó 350 personas, lo cual muestra disposición de la población a recuperar sus comunidades.
Desde el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas saludamos este importante esfuerzo del pueblo de Pantelhó, ya que su lucha es una demostración de la necesidad de que los explotados y oprimidos luchemos por conquistar nuestro propio gobierno, lo que para nosotrxs pasa por poner en pie organismos de autodeterminación de las masas trabajadoras, en alianza con las y los trabajadores del campo y los pueblos originarios, con independencia política respecto al actual gobierno, los partidos patronales y las instituciones del régimen. | 
