Casi el 69% de las instituciones de salud de la Ciudad con internación general y especializada se encuentran en manos privadas. Ya comenzó la campaña electoral y los dueños de las prepagas saben quiénes son “sus candidatos”. Mientras Juntos por el Cambio apuestan a privatizar la salud, el Frente de Todos amenazan con una integración, pero siempre dan marcha atrás ante el lobbismo de los magnates de la salud y laboratorios como pasó en el inicio de la pandemia. Achican el presupuesto de la salud pública y habilitan los aumentos de las prepagas.
La pandemia puso en evidencia el fracaso de la privatización de la salud y la crisis en la salud pública. De los establecimientos existentes en CABA, con internación general, un 62% se encuentran en manos privadas. En cuanto a los establecimientos con internación especializados, existen un total de 176, de los cuales 1 es universitario privado y 120 privados, es decir, casi el 69% pertenece al subsector privado (Fuente SISA -Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, Ministerio de Salud-, elaboración propia).
Con el dinero que gasta el estado en subsidiar y mantener la salud privada, se podrían equipar los hospitales públicos que hoy requieren de obras de mantenimiento, renovación tecnológica y compra de nuevas unidades. Es prioridad contar con la tecnología necesaria para el diagnóstico y tratamiento, y así, brindar atención a todos los pacientes con patologías crónicas, o a todos aquellos que lo necesiten. Esto es posible con la unificación del sistema de salud público y privado.
Desde ya, es necesario también el aumento de manera urgente en el presupuesto de salud para invertir en sus tres niveles de atención (hospitales municipales y salitas, hospitales con internación general y especializada y los que además realizan cuidados críticos y son de alta complejidad), poner en pie un verdadero plan de formación de profesionales y contar con todo el equipamiento necesario, así como trabajar un solo turno de 6 horas, con un sueldo mayor a la canasta familiar.
En las elecciones, todo el mundo habla de la salud. Juntos por el Cambio, antes de la campaña, propuso privatizar la vacunación, es obvio ver para que lado juegan. Por otro lado, el Gobierno Nacional, presentaría un proyecto de ley que propone una reforma para generar un sistema Nacional integrado entre los tres subsistemas. No está muy claro el borrador del proyecto redactado por el Instituto Patria, atribuido al entorno del viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cómo funcionaría en concreto.
La crisis de las prepagas y los aumentos desorbitantes de las cuotas
Pero la realidad es que, tanto del lado del oficialismo como de la oposición, defienden los intereses de amigos como Belocopitt, empresario reconocido por ser dueño de Swiss Medical Group y del canal de televisión América TV, aparte presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) y de otros dueños de prepagas.
Oficialistas y opositores tiran para el mismo lado. Las prepagas existen desde los 70 en Argentina. Pero fueron “reguladas” recién en los 90 por el Gobierno de Menem, que junto con las reformas estructurales que incluyeron la flexibilización laboral, desreguló el sistema de salud.
Fue el mismo Macri que, por medio del decreto 66/2019, autorizó el aumento de cuotas según edad para las prepagas. Algo que ya estaban haciendo a través de la Ley 26682, de Regulación de las Entidades de Medicina Prepaga, que buscó darle un marco legal al funcionamiento del sector, la cual se aprobó durante el Gobierno de Cristina Kirchner en el 2011, pero el poder de lobby de las empresas, a través de presentaciones judiciales y otras maniobras logró que, en el último año de Gobierno, Mauricio Macri “blanqueara” la estafa, lo que permitió generar un negocio “paralelo” fenomenal que todavía hoy no ha sido desmontado. Según estimaciones de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2011 y 2019 (cuando se firmó el decreto de Macri), las empresas facturaron demás, unos 1.985 millones de pesos mensuales.
Según el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Héctor Bassano, “las empresas cobraron de forma indebida, desde el 2012, unos 100 a 150 millones de dólares”. Para Bassano, no se puede saber cuánto ganaron las empresas de la salud privada durante la pandemia, cuando tuvieron una atención mínima. Este dijo: “Casi no realizaron prestaciones por las restricciones de la cuarentena, no atendían a nadie y, sin embargo, cobraban las cuotas enteras. Fueron todas ganancias que se multiplican financieramente y, cuando se frena una suba de las cuotas, van a la Justicia”, criticó.
Un ejemplo claro de lo que menciona Bassano, es la obra social Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), cuyo presidente es Tomás Sánchez de Bustamante. El año pasado facturó más de 82.000 millones de pesos. Siguieron acumulando sus ganancias por el cobro sostenido de la prestación, más allá del uso de las coberturas (reconocen los actores del sector), las cuales se redujeron hasta un 70% en estos tiempos de covid-19. OSDE funciona con la tercerización de la prestación mediante casi 140.000 operadores de clínicas, sanatorios y otros espacios de atención privada. Pero en ninguno de esos lugares se hace cargo de los gastos directamente.
Si algo quedó expuesto durante la pandemia, es lo vaciada que está la salud pública en Argentina y que los dueños de dicha salud son intocables para cualquier Gobierno. Con la reciente resolución de la ministra de salud, Carla Vizotti, las prepagas terminarán por ajustar sus cuotas en un 61,04% en menos de un año, período desde marzo de 2021 hasta enero de 2022.
Estos aumentos no fueron excepcionales. Si miramos los datos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el aumento acumulado en el período que va desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019, en las prepagas acumulará un 330% en cuatro años. En cambio, según datos del INDEC y estimaciones del REM-BCRA, la inflación general entre dichos periodos será del 317%. Con lo cual, las prepagas han aumentado el valor de las cuotas 13 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), general. Este número contrasta notablemente con los aumentos nominales que experimentaron en los últimos cuatro años el SMVyM, los salarios medios y la jubilación mínima, cuyos montos crecieron un 202%, 213,4% y 227,2%, respectivamente, o sea, no alcanzaron para compensar los aumentos en las cuotas de las prepagas.
Si bien, empresarios como Belocopitt, desde hace años dicen que tienen pérdidas, los sucesivos Gobiernos, tanto el de Mauricio Macri como el actual de Alberto Fernández, hicieron varias concesiones que les permitieron ganar millones. Además de los reiterados aumentos de las cuotas en los privados que superan ampliamente la inflación, el Gobierno Nacional, benefició a las prepagas con subsidios, incluido el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el cual exime del 95% de los aportes patronales a los dueños de las prepagas. La información acerca de cuánto dinero gastó el Gobierno en esta “ayuda” a las empresas, no está disponible para el público.
Las y los trabajadores cobran y se les va el sueldo en alquiler e impuestos. El estado gasta parte de lo recaudado de esos impuestos para subsidiar empresas, como por ejemplo las de salud. En el 2019, el presupuesto Nacional de la salud representó el 9,4% del PIB. Sobre ese porcentaje, el 2,8% se destinó al gasto privado, 3,9% a seguridad social (obras sociales, incluyendo PAMI) y un miserable 2,7% corresponde a la salud pública. No solo se llevan plata del presupuesto, sino que reciben subsidios.
Los pacientes de las prepagas con problemas graves terminaron en los hospitales públicos, como lo manifestó Cristina Fernández. Para que quede claro, la vicepresidenta de la Nación, el sábado 31 de julio en la presentación de candidatos, hizo un relato sobre una conocida que tuvo una complicación con un familiar internado por coronavirus y dijo: “Tiene prepaga como yo y lo salvaron en un hospital público”, haciendo referencia, al permiso que tuvieron las prepagas para utilizar recursos de hospitales públicos durante el pico de la pandemia.
¿Y en qué quedaron las Obras Sociales?
Las obras sociales son otra parte del sistema de salud que está en decadencia hace años. Aunque la idea de contar con prestaciones basadas en financiamiento solidario entre trabajadores, fue de los primeros sindicatos organizados por los anarquistas y socialistas del principio de siglo. El primero en implementarlo fue la Unión Ferroviaria en 1940, cuando inauguró el Hospital Ferroviario para los trabajadores del ferrocarril. Luego fue institucionalizada por la intervención de Juan Domingo Perón, quien fue parte del golpe militar de 1943. Los fondos de la institución provenían de la contribución obligatoria (decreto 168/44), de todo el personal de los ferrocarriles y demás entidades comprendidas en el régimen de la Ley 10650 y sus complementarias, como así también de la contribución obligatoria patronal de un peso moneda nacional por mes y por cada empleado y obrero que revistara.
La pandemia puso en evidencia el fracaso, la mentira neoliberal de las prepagas y la crisis de la desfinanciación en años de la salud pública. Antes de escribir esta nota, llegó a este medio, una denuncia de una trabajadora de la salud de la Ciudad, la cual fue intervenida quirúrgicamente hace poco tiempo. Contó que luego de la cirugía se enteró que el centro de salud donde fue atendida no tenía más convenio con la obra social OBSBA, entonces tenía que rehabilitarse en otro lugar buscándolo a través de sus propios medios. Ni la obra social, ni el centro de salud se hicieron cargo. Un verdadero abandono de persona por parte del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC).
Consecuencias del desfinanciamiento de la salud pública
Otra trabajadora del hospital Rivadavia nos contaba que: “En el pico de contagios durante la segunda ola, la terapia intensiva del hospital colapsó enseguida, porque contamos solo con 10 unidades en este sector, ahora agregaron 10 más”. Desde el hospital Marie Curie denuncian que no tienen oxígeno central en el mismo y que las instalaciones están en un estado deplorable.
Testimonios que se refieren a un sistema de salud deficiente, que deja en abandono al que no tiene plata, pero al que puede pagar le garantiza una atención de primera. La pandemia puso en evidencia que la salud privada no puede existir, no sirve, es un gran negocio para gente sana, pero que cuando, realmente hay que hacerle frente a algo tan extremo como la llegada de la covid-19, el sistema de salud público, en crisis, desfinanciado, etc, es el único que lo puede resolver.
El Frente de Izquierda es la única fuerza que plantea el sistema unificado. El kirchnerismo osó decir "algo parecido" cuando estaba Ginés González García como ministro de salud de la Nación y el lobbismo de los laboratorios y las empresas privadas lograron que el Gobierno Nacional, finalmente no concretara ningún tipo de centralización de la salud a nivel Nacional, ni por DNU ni bajo ninguna otra modalidad.
Bárbara Acevedo, enfermera del hospital Garrahan, y pre candidata a diputada del Frente de Izquierda Unidad junto a Myriam Bregman en la Ciudad de Buenos Aires, nos contó que van varias semanas de lucha por la mejora salarial y que los Gobiernos, tanto el de la Ciudad como el de la Nación, no les dan respuesta. Cobran un básico que apenas supera los $ 40.000.
En este marco, las y los trabajadores de la salud son héroes que, en esta situación, con pluriempleo, con salarios de miseria, se pusieron el hombro la pandemia para sacar adelante al país, en medio de una crisis sanitaria, económica y social, algo que no reconocen ninguno de los Gobiernos.
Agregó también que: "Es necesario y urgente la unificación y centralización del sistema de salud bajo la órbita estatal con control de trabajadores y profesionales de la salud, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público y privado a fin de garantizar el acceso en forma igualitaria a toda la población, de forma universal y gratuita. Las y los trabajadores somos los que sostenemos los hospitales y los únicos interesados en brindar una atención de calidad. Ya vimos el resultado negativo que se obtuvo con los ministros que puso a dedo el presidente Alberto Fernández cuando salió a la luz el escándalo de la vacunación vip”.
Myriam Bregman junto a Alejandrina Barry, ambas pre candidatas a diputadas en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, presentaron el 7 de abril del 2020, el Proyecto de Ley Medidas de Emergencias ante el Coronavirus (covid-19), para que estas medidas se tomen efectivamente. Ni el PRO (en su momento, ahora Juntos), ni el Frente de Todos lo quisieron debatir.
Te presentamos completo el Proyecto de Ley Medidas de Emergencia ante el Coronavirus (covid-19):
