En los últimos días, la estrategia de seguridad pública del presidente mexicano se puso nuevamente en el centro del debate político y periodístico. AMLO [que junto con el presidente de Argentina. Alberto Fernández, pretende mostrarse como el ala progresista de los gobiernos de nuestra región] volvió a asegurar que no existe militarización en México, y que la misma es solo un recuerdo de los años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde su asunción, López Obrador fue configurando lo que ahora se denomina como el nuevo paradigma en seguridad publica, el cual es presentado como una política supuestamente distinta a la militarización para enfrentar la escalada de violencia en el país. La misma buscaría 1) atacar las causas estructurales de la violencia 2) el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio 3) el combate contra la corrupción. Esto lo ha combinado con otras medidas, como la demanda recientemente presentada en torno a la venta de armas en Estados Unidos.
Pero ¿estamos realmente ante una política radicalmente distinta a la militarización, como pretende el discurso del Gobierno ?
Cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional (GN), AMLO afirmaba que se trataba de una alternativa a la militarización, aduciendo que estaría bajo administración civil e independiente de las cúpulas militares. Sin embargo, eso no fue así, y ahora el presidente defiende su paso a la órbita de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) para evitar “que se corrompa”.
Pero la realidad indica que se trata de un cuerpo militar que asumió las llamadas funciones de seguridad pública, y la culminación de ello es su encuadramiento en las instituciones castrenses. Extendida en todo el territorio nacional, la GN debutó con la represión y la persecución a los migrantes centroamericanos, como fue documentado por múltiples medios de comunicación y organizaciones civiles, cuando en enero de 2020 agredió con gases y piedras a quienes cruzaban la frontera sur del país provenientes de Guatemala.
Nada más lejos de la promesa de “regresar al ejército a los cuarteles”; con otro uniforme, son los mismos militares y marinos que están en las calles.
Que la militarización se mantiene y se profundiza puede verse también en la ampliación de las funciones de las Fuerzas Armadas: administración de puertos y las aduanas, construcción de hospitales y de los bancos del bienestar, “combate a la venta ilegal de combustible”, son algunas de las áreas puestas bajo el control de la cúpula castrense. Si en el sexenio de Calderón vimos el salto en la militarización bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, ahora presenciamos algo nunca visto en México en la época contemporánea: el protagonismo de las fuerzas armadas, en funciones tradicionalmente reservadas a la administración civil.
El presupuesto se duplicó en pocos años. A finales del gobierno de Peña Nieto, las Fuerzas armadas recibían poco más de 75 mil millones de pesos mexicanos. En 2021 su asignación creció casi un 100%: 148 mil millones de pesos. ¡Y eso hay que sumarle la promesa presidencial de otorgar 50 mil millones extras a la Guardia Nacional! Estos números se dan en plena pandemia, cuando el sistema de salud y la educación requieren de manera urgente un incremento presupuestal, demostrando cuales son las verdaderas prioridades del gobierno federal.
De esta manera, el paradigma presidencial, aunque apela a la retórica de “abrazos, no balazos”, descansa, en realidad, en una continuidad de la militarización del país, que intenta ser disimulada por el protagonismo de la GN, y que se combina con el fortalecimiento del lugar de las Fuerzas Armadas, su lugar en la sociedad y su acceso privilegiado al presupuesto federal.
El protagonismo de las mismas y su accionar cotidiano, es un factor que impulsa el aumento de la violencia en el país y hechos como los recientes enfrentamientos en Pantelho entre los autodefensas y la misma Guardia Nacional; esto, mientras siguen intactos los negocios del narcotráfico.
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¿Fuerzas armadas “progresistas” y respetuosas de los derechos humanos?
Otro aspecto en el que descansa el paradigma de la "Cuarta Transformación" es la supuesta transformación de las Fuerzas Armadas en “pueblo armado”, respetuoso de los derechos humanos y ajeno a la corrupción.
De hecho, una de las explicaciones que el presidente brindó para la incorporación de la GN a la SEDENA es evitar que se corrompa, como ocurrió con la Policía Federal. Pero el hecho es que la corrupción y la asociación con los carteles del narcotráfico no sólo tocó a las fuerzas policiales, sino también al ejército y la marina, así como a los distintos niveles del poder político, que llegan a ser árbitros en la distribución de las plazas y obtienen su tajada de los distintos “negocios” ilegales.
Ante quienes alertan sobre el hecho que la GN está compuesta por militares y marinos, AMLO sostiene que ahora se les imparten cursos de derechos humanos, y que no hay denuncias contra las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, en lo que va del sexenio ya se acumularon más de 1600 denuncias por violaciones a los derechos humanos contra la Guardia Nacional y el Ejército, por casos de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros, según datos de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, continuando la tendencia de los sexenios previos, en el contexto de la militarización y bajo la 4T se incrementaron la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
El presidente busca relegitimar a las fuerzas armadas y remontar el desprestigio sufrido por las mismas en las últimas décadas, a partir -por ejemplo- de su participación en la llamada narcoguerra o en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A eso apunta la idea de unas fuerzas armadas renovadas, "apegadas a los derechos humanos e incorruptibles".
Pero la realidad es que el rol del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad, no es resguardar a la población ni son “pueblo armado”. Son instituciones pilares del Estado capitalista, defensoras de los intereses de la clase dominante, cuya función es garantizar la estabilidad política y social apelando a la represión cuando sea necesario -como vimos en el caso de los migrantes o de los normalistas de Mactumactzá- y al amedrentamiento de la población, a donde apuntan los asesinatos, desapariciones y múltiples violaciones a los derechos humanos perpetrados bajo el manto de la militarización.
¿Como atacar las causas profundas de la violencia?
AMLO se ha querido diferenciar de las administraciones anteriores, planteando que hay que atacar las causas profundas de la violencia que recorre el país, en particular la pobreza y la marginación.
Sin embargo, eso implica ir más allá de la retórica y algunas medidas como los planes sociales que no resuelven la situación estructural que viven las grandes mayorías en México.
Bajo su gobierno y en el contexto de la pandemia, alrededor de 15 millones de personas se quedaron sin trabajo, por haber sido despedidos o perder su fuente de ingreso en el sector informal. La precariedad laboral avanzó, favorecida además por medidas como la regularización de la tercerización laboral impulsada por el propio AMLO, que golpea duramente a la juventud.
Resolver la pobreza y la marginación requiere medidas enérgicas que garanticen, en primer lugar, empleo para todas y todos, y pleno acceso a la salud, la cultura y la educación.
Para obtener los recursos para ello, se debería imponer un impuesto progresivo a las grandes fortunas, dejar de pagar la deuda pública, interna y externa, y asignar presupuesto para la educación y la salud, quitándoselo a las Fuerzas Armadas.
De igual manera, repartir las horas de trabajo entre todas las manos
disponibles, con un salario al nivel de la canasta básica de acuerdo a la inflación. Estas serían medidas reales para atacar el problema de raíz.
Ante el accionar de los carteles, hay que legalizar las drogas; adoptando a la par un enfoque que trate la problemática como una cuestión de salud pública y ya no de seguridad; así como expropiar las fortunas de los capos del narco, para ponerlas al servicio de las necesidades sociales planteadas.
Junto a esto, es imperioso retomar la demanda que miles pusieron en las calles contra Calderón y Peña Nieto: que los militares regresen a sus cuarteles. Es necesario construir un gran movimiento por la desmilitarización del país, la disolución de la Guardia Nacional y el juicio y castigo a los responsables de las desapariciones, asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos.
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