Cristina Castro entregará al Poder Ejecutivo y a la Procuración General más pruebas del entramado policial-judicial-político-mediático que impide saber cuándo, dónde y cómo murió Facundo. Comentario sobre un libro que huele a podrido. Y más nombres de la banda de encubridores.
La semana que viene le voy a traer un regalo para que sepa bien qué es lo que pasó - dijo él con su habitual tono pendenciero.
Yo lo que quisiera es que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo y la Justicia todavía no lo hizo - respondió la periodista oliendo, de tan cerca que estaba, el tufo a misoginia.
Lo podría saber si no hubiera tanto desmanejo y tantos intereses mezclados - siguió el ministro, arrastrando vocales mientras pensaba qué palabras entrelazar.
¿Qué es el ‘regalo’? - preguntó el otro periodista.
Es una información bastante interesante - canchereó el ministro, como si se estuviera hablando de un tema menor y no de un caso de desaparición seguida de muerte en el que él está algo más que sospechado de encubrimiento.
El ministro es, huelga decirlo, Sergio Berni. Les periodistas son Catalina de Elía y Diego Schurman. El programa es Fuego Amigo y la entrevista salió en vivo por Canal 9 la noche del martes 13 de julio. ¿El regalo que el jefe político de la Policía Bonaerense le prometió a De Elía es un libro?
Operación (contra) Facundo
Precisamente en esos días estaba saliendo de imprenta Operación Facundo. La oscura trama detrás de la muerte de Astudillo Castro, obra que lleva el sello de Areté Grupo Editor, empresa que publica libros por encargo.
Areté carece hasta de página web, pero sus libros aparecen en catálogos de algunas cadenas de librerías. Sólo tienen una página de Facebook, pero allí el título en cuestión no está difundido. En algunos sitios de ventas online Operación Facundo figura con autor equivocado, en lugar de Germán Sasso dicen que lo escribió el abogado Miguel Ángel Pierri, que en realidad sólo hizo el prólogo. Tal vez buscan hacerlo atractivo camuflando la autoría con el mediático letrado.
Hay que recordar que Pierri, además de amigo de Sasso, es desde abril del año pasado asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es decir de Berni y Kicillof. Y en su sitio web asegura que también asesora a la cartera nacional que conduce Sabina Frederic.
Sergio Berni y Miguel Ángel Pierri | Foto Crimen y Razón
Sasso promociona su obra diciendo que allí se encuentra la verdad revelada. En otro artículo de La Izquierda Diario se hará una reseña detallada de las falacias y calumnias que proliferan en esas páginas. Alcanza con decir acá que el operador mediático reproduce cada punto y coma del relato sostenido por Berni, la Bonaerense, los funcionarios del Municipio de Villarino, la jueza federal María Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez (que renunció a la causa).
Paralelamente el autor desprecia el reclamo de Cristina Castro, degradándola y dejándola como una fabuladora (aunque no la nombre y sólo hable de “la querella”). Y desconoce por completo el trabajo de investigación y denuncia pública realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, reconocida legalmente como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
¿Es el libro de su amigo Sasso el “regalo” que Berni le prometió a la periodista en aquella entrevista televisiva? ¿Puso dinero el propio ministro para financiar la tirada a través de Areté Grupo Editor? ¿Por qué a Sasso no lo entrevistó prácticamente ningún medio con motivo de la salida del libro, sacando un par de periodistas de C5N, reproductores del mismo relato oficial?
La estrecha relación de Sasso con el entramado de encubrimiento en beneficio de la Policía Bonaerense es parte de la información que Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto entregarán en las próximas horas en la Casa Rosada, donde hasta el momento les prometieron recepción. Antes se reunirán con el procurador general de la Nación (interino) Eduardo Casal y darán una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional.
Además de entregar información precisa sobre el entramado de complicidades, la madre de Facundo llegará a esos encuentros con demandas concretas. Al Poder Ejecutivo nacional le exigirá que, si realmente está comprometido con la verdad y la justicia, separe de la Policía Federal al subcomisario José Pérez, a los policías Cristian Arias García y Emanuel Píriz y a otros miembros de la delegación Bahía Blanca de la fuerza.
Esos policías son partícipes de las maniobras que, pese al negacionismo de la jueza Marrón, los fiscales Iara Silvestre, Andrés Heim y Horacio Azzolin y las dos querellas ya lograron constatar en el expediente (novedades que Sasso nunca informa en La Brújula). En el caso de los uniformados, se los acusa concretamente por su accionar en el hallazgo del cuerpo en el cangrejal el 15 de agosto de 2020, por haber colaborado con la Bonaerense a “plantar” a la testigo E.H.R. (Berni y Sasso le dicen “H”) y por intimidar a testigos claves de la causa al momento de tomarles declaración.
Policía Federal "custodiando" el cangrejal a metros del cuerpo de Facundo
En la reunión con Casal, jefe interino de los fiscales federales, ampliarán la acusación contra Martínez con nuevos datos y pruebas. Como se recordará, además de recusarlo dos veces en la causa judicial, en agosto del año pasado Cristina denunció formalmente al fiscal federal ante el procurador. Tras esa reunión, el titular del Ministerio Público nombró a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin al frente de la causa, compartiendo espacio con Martínez (no se animó a desplazarlo). La más reciente designación de Silvestre (fiscal federal de La Pampa) también fue ordenada por Casal.
La querella particular hizo un minucioso trabajo de reconstrucción de los hechos más relevantes del caso, con fechas, nombres y apellidos, lugares y demás detalles que demuestran la trama de encubrimiento que el Estado, a través de diversos actores, parece estar negado a reconocer. Por eso Cristina y sus abogados están decididos a llegar hasta donde sea necesario para que se los escuche.
Valoran mucho el compromiso asumido con la familia por parte de Heim, Azzolin y Silvestre . Pero saben que no es suficiente. Hace falta una decisión política de las máximas autoridades estatales para que la impunidad no sea lo que más avanza. Y saben que para lograr eso no deben dar ni un paso atrás en su lucha independiente, porque el poder no va a investigarse ni sancionarse a sí mismo.
La familia de Facundo, entrecruzando información pública con otra que le brindaron en todos estos meses testigos presenciales de los hechos y personas cercanas a los protagonistas, logró encontrar varias piezas del complejo rompecabezas en el que se fue transformando el caso.
Esas piezas, una vez halladas, complican aún más al intendente de Villarino, el massista Carlos Bevilacqua, y a sus laderos como el presidente del Concejo Deliberante Omar Promenzio, el abogado Sebastián Martínez y varios secretarios y subsecretarios comunales. También al propio ministro Sergio Berni, a su delegado político en Bahía Blanca Federico Montero y a varios jerarcas de la Bonaerense. Y, por supuesto, a Sasso y algunos operadores mediáticos más.
Omar Promenzio y Carlos Bevilacqua
Bevilacqua buscó desde el primer momento resguardar a la Policía y degradar a Facundo y su familia. Además organizó reuniones y hasta asados con policías, funcionarios y periodistas afines. Su gestión de conjunto se puso al servicio del encubrimiento, como si los Castro no fueran lurenses y la Policía no fuera naturalmente sospechosa. Hasta quiso involucrar a Facundo con el narcotráfico, como si ese negocio multimillonario no estuviera regenteado por la propia Policía.
El intendente también puso a su abogado Sebastián Martínez como defensor de los policías Mario Sosa, Alberto González, Jana Curuhinca y Siomara Flores, aún antes de que sean formalmente imputados. Y entregó a la causa informes de registros de patentes de vehículos que pasan por la Ruta Nacional 3, que la querella denuncia como adulterados.
La familia de Facundo logró saber que a principios de julio del año pasado, cuando el caso comenzaba a nacionalizarse, el presidente del Concejo Deliberante dijo a allegados suyos que en la comisaría de Teniente Origone se había encontrado un gorro como el que usaba Facundo y que “Carlos” (por Bevilacqua) había ordenado hacerlo desaparecer. El gorro del que hablaba Omar Promenzio apareció junto a otras pertenencias de Facundo el 12 de septiembre en el cangrejal, un mes después de la aparición del cuerpo.
El gorro de Facundo hallado en la mochila junto a otras pertenencias del joven
Ya se informó en este diario respecto al doctor Sebastián Martínez. La familia y sus abogados no sólo lo identifican con la gestión de Bevilaqcua (algo que es vox populi) sino que lo acusan de ser parte protagónica del plan de encubrimiento de los policías y de demonización de Facundo. Pese a lo que se dice de él, el abogado no está muy interesado en defenderse y guarda un silencio sepulcral. Debe tener otras preocupaciones que atender.
También se habló en este sitio de Federico Montero, quien ostenta un cargo creado por Berni, cobra por ello y ejecuta las órdenes del ministro en la región. Como director de Seguridad de la Sexta Sección de la provincia (nexo entre la Gobernación y la Bonaerense) viene jugando un papel central en el entramado, tal como lo reconstruyeron desde la querella.
Tanto el expediente como la investigación hecha por la familia de Facundo ubican a Montero en lugares y momentos relevantes. Desde conseguirles un psicólogo (por fuera de los estratos policiales) a las y los policías sospechados, hasta haberse hecho presente en el cangrejal durante la madrugada del hallazgo del cuerpo, sin responsabilidad alguna en el caso y luego de que Cristina y sus abogados se hubieron retirado. Son muchas las cosas que Montero debería aclarar en la causa, a riesgo de imputación.
Federico Montero y Sergio Berni
La chapa de Cheppi
Entre los jerarcas policiales con injerencia en el caso a la familia de Facundo les resulta particularmente importante el comisario inspector Gustavo Cheppi, nombrado por Sergio Berni en febrero de 2020 máximo jefe regional de la Policía Bonaerense.
En 2015 a Cheppi se lo mencionó reiteradas veces en un juicio contra once personas acusadas de integrar una banda de narcotraficantes, cuyo líder era el empresario Juan Suris (conocido por ser expareja de la actriz y modelo Mónica Farro). Según dijeron los propios miembros de la banda, Cheppi era uno de los recaudadores de las coimas que recibía la Bonaerense para dejar desarrollar el negocio.
Gustavo Cheppi y Érica Benítez
Suris zafó de aquel proceso y actualmente está a la espera de dos nuevos juicios por los mismos cargos. Pero a partir de aquel juicio se abrió otra causa contra cinco policías bonaerenses, acusados de proteger a la banda del empresario mediático. Los procesados son Alberto González (homónimo del sospechado en el caso Facundo), José Galarza, Javier Urbano, Alberto Dodero y Cheppi.
A fines de 2019 Cheppi fue sobreseído por el juez federal Walter López Da Silva, para quien el comisario inspector no tuvo nada que ver con nada. Los otros cuatro bonaerenses siguieron procesados. Libre de culpa y cargo, Cheppi fue nombrado por Berni tres meses después como jefe regional de la fuerza.
Pero a poco de asumir, la Cámara Federal bahiense revocó el sobreseimiento y ordenó a López Da Silva continuar investigándolo, tanto en su rol de cómplice de Suris como en su abultada situación patrimonial. Poco después de esa noticia, Berni volvió a ascender al procesado y lo puso como coordinador de la Superintendencia Región Sur de la Policía.
Por el rol que desempeña, es imposible que Cheppi no esté al tanto de todo el plan de encubrimiento. Pero además él mismo debería demostrar su inocencia. La querella logró determinar que el comisario inspector es padrino del hijo de Érica Benítez, quien desde hace años es jefa de noticias de Canal 4 Punta Alta Visión. El comisario inspector es una de las “fuentes confiables” de la periodista cuando de temas “policiales” se trata.
Benítez es quien, junto a Germán Sasso, dieron la “primicia” el 13 de julio de 2020 en sus redes sociales de la “aparición” de E.H.R. como testigo en la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro. Ambos lo hicieron antes de que esa información estuviera en el expediente y, obviamente, que la conociera la familia de Facundo. Y ambos la identificaron de entrada como la testigo que daría un vuelco de 180 grados al caso.
Hace pocos días Benítez saludaba muy afectuosamente a Sasso por la salida de Operación Facundo. Lo hacía a través de Twitter, donde el operador con pretensiones de investigador periodístico promociona su libro.
Sasso y Benítez se solidarizan mutuamente. A Sasso le prologa el libro Pierri, que asesora en “seguridad” a Berni y Kicillof. A Benítez le apadrina el hijo Cheppi, el comisario procesado por encubrimiento de narcotráfico que, gracias a Berni y Kicillof, asciende en el escalafón policial. Las órdenes de Berni que cumple Cheppi las supervisa Montero, que les provee psicólogos a Sosa, Curuhinca y el resto de los policías del caso. Los mismos policías a los que defiende el doctor Martínez, ladero del intendente Bevilacqua, el mismo que alguna vez dijo que para resolver la desaparición y muerte de Facundo había que investigar la “pista narco”.
