Este 11 de agosto ,el consejo de defensa del estado (CDE) decidió presentar querella contra el ex director de la PDI Héctor Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, ya que, en las cuentas corrientes del EX PDI y su esposa, se detectaron millonarios depósitos en efectivos, sin justificación, según declaró el organismo.
Por consiguiente, La investigación estará a cargo del fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos, el mismo que indagó el millonario fraude en carabineros.
En concreto, la fiscalía está investigando la adquisición de un departamento de Espinosa en la comuna de Las Condes, luego de cancelar cerca de 250 millones al contado en vales vista, según informó Ciper, “Espinosa figura como codeudor y fiador solidario de esa deuda, pero no incluyó estos antecedentes en su declaración de patrimonio”.
La operación produjo un reporte desde el banco a la unidad de análisis financiero (UAF) que derivó una alerta al ministerio público el 16 de diciembre del 2020. A esto también se suma la adquisición de un departamento en Viña del Mar a nombre de Espinosa, cuando aún estaba al mando de la institución.
En ese momento, desde la PDI señalaron que se trataba de una investigación reservada: “el director general estima que hay una campaña de desprestigio en su contra y su familia”.
Por consiguiente, lo que busca el CDE y la acción penal, es determinar las eventuales responsabilidades que le caben al ex director de la PDI en la sustracción de fondos reservados y la falsificación de documentos al momento de rendir cuenta de ellos.
En el caso de que todas estas acusaciones sean comprobadas como delitos de fraude al estado, las penas que arriesga Espinosa, parten en 15 años de prisión efectiva en el caso de ser culpable.
En cuanto a esto último, cabe preguntarse lo siguiente,
¿Será enviado a la cárcel de manera efectiva, o se hará de la vista gorda con arresto domiciliario y firma mensual? Ya que, esto último ha sido la tónica en innumerables casos de malversación de fondos estatales cometidos por altos jerarcas de las Fuerzas Armadas (milicogate) y Carabineros de Chile (pacogate) en estos últimos años.
Son varios los Generales retirados de parte de estas instituciones que han cometido los mismos delitos, como por ejemplo en las Fuerzas Armadas, Humberto Oviedo (4500 millones) y Juan Miguel Fuentealba, este último, acusado de malversar fondos reservados del cobre por más de 3500 millones de pesos.
Sin embargo, el mayor fraude al estado se produjo en la institución de Carabineros de Chile, entre los años 2006 -20017 , (pacogate) donde la suma fue por más de 35 mil millones de pesos, y hubieron más de 130 carabineros formalizados, además de altos jerarcas de la institución involucrados, entre los cuales se encontraba el retirado General Eduardo Gordon. El cual, solo fue condenado a firma mensual y arresto domiciliario, pero jamás pisó una cárcel.
En conclusión, para que estos actos de corrupción no sigan repitiéndose una y otra vez, es que se hace necesario que las policías, que cumplen un rol de agentes represores del estado, sean disueltas (Carabineros de Chile y PDI) y además que los organismos investigativos sean democráticamente electos en base a tribunales populares, para que el pueblo pobre y trabajador pueda elegir a los jueces y ministros de justicia, así terminar con la justicia elitista, que solo castiga con cárcel efectiva a los más pobres de este país, mientras la burguesía recibe clases de ética. |
