En el video -que tiene más de 350 mil reproducciones y 700 comentarios- cuentan como Cali un estudiante sordo de la carrera de filología tiene más de dos años intentando matricular cursos básicos y no ha podido logralo, ya que la Universidad se niega a brindarle un intérprete para cursos artísticos como apreciación de teatro o apreciación de cine, cursos que él debe completar para continuar con su carrera. La respuesta que la Universidad le brinda es que no siempre cuentan con presupuesto para brindarle lo que por ley es su derecho.
Según la Ley 7600, la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad, en el artículo 14 se “garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas que independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior” y que además esto incluye “tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional”.
Cali cuenta que hace 20 años cuando las universidades empezaron a aplicar medidas para hacer el entorno educativo más accesible, se asignaban intérpretes para cursos artísticos, y que desde entonces no se siente un gran avance. Asimismo menciona que ha recibido reclamos por parte de la Universidad al renunciar a cursos, ya que la institución le ha dicho que él tiene que tener más cuidado para renunciar a cursos debido a que se tiene preparado con antelación el presupuesto para su intérprete, tratándolo como si él fuera un estudiante diferente que no tuviera acceso a los mismo derechos que el resto de los estudiantes de la Universidad y además implementan una práctica que no es poco común con las oficinas de apoyo a personas con discapacidades: plantear que el problema de la falta de acceso es responsabilidad del estudiante y no la institución de enseñanza.
Según menciona Vero en el video “las personas con discapacidad no son personas de segunda categoría, tienen los mismos derechos que los otros estudiantes”. En ese sentido, hay muchas ocasiones en que al solicitar adecuaciones, asistencia, o incluso la aplicación de estas mismas significan un esfuerzo para el estudiante, tener que estar peleando con profesores para que entiendan que la persona necesita la adecuación que fue aprobada por la U y que esta tiene que aplicarse. Así como tener que estar reiterando a los profesores y oficinas de apoyo que sus derechos por ley deben cumplirse.
Aunque las oficinas de apoyo encuentren difícil la aplicación de algunas adecuaciones o que no crean que los profesores se acoplen, deben buscar una solución, y deben tener tanto las capacitación, como las herramientas y el presupuesto para hacerlo. Claro que este peso no debe de estar solo en las oficinas de apoyo, esta tarea es responsabilidad de la administración de la Universidad. Como mencionan Cali y Vero reiteradamente “si una persona necesita una adecuación para poder asistir a clases y llevar la misma educación superior que llevan el resto de los estudiantes de las universidades públicas”, el peso de buscar cómo resolver no debe estar en el estudiante, es insólito que las universidades públicas no tengan el material de sus cursos y otras medidas que harían el entorno accesible para todas las personas, no es entonces una educación verdaderamente integral.
La falta de representación de personas con discapacidades en puestos profesionales se debe a esto mismo, para que una persona sorda pueda estudiar en la Universidad de manera accesible tendría que pagar sus propios interpretés cosa que la gran mayoría no pueden costear y que además refleja el problema que mencionamos anteriormente, no es responsabilidad del estudiante resolver las brechas en temas de accesibilidad. De esta manera es difícil hablar de inclusividad y de igualdad de derechos cuando ni siquiera vemos la representación de personas con discapacidades, primeramente porque tienen gran dificultad para graduarse ya que no cuentan con el acceso a la misma educación superior y que además si tienen el acompañamiento correcto nada garantiza que esto mismo se cumplirá en un ambiente laboral a futuro.
Es relevante poner esto en contexto con el presupuesto para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ya que resulta complicado distribuir un presupuesto que ya está en crisis, pues el artículo 78 de la constitución política dispone que “en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto” , dentro de ese porcentaje desde hace años se ha planteado la meta de que el FEES sea un 2% del PIB, sin embargo esto no se ha cumplido.
Para lograra romper con estas brechas, es necesario exigir que se cumpla lo indicado, para que la educación superior pueda ser accesible para todas las personas, es un deuda que debemos hacer cumplir, las accesibilidad debería ir de primero no de “si sobra presupuesto”, así como plantear un modelo universitario que sea accesible para todas las personas para asegurar que, sin importar condición de discapacidad, trabajo, condición socioeconómica pueden acceder a educación superior de calidad, con la implementación de políticas necesarias como necesario que el voto universal, y que así tanto estudiantes como profesores/trabajadores de la Universidad puedan elegir sus representaciones.
Por último, es de vital importancia tener espacios de participación política de estos sectores, quienes son los que sufren de esta falta de accesibilidad a la educación superior y que junto con profesores de todas las áreas son los que estén involucrados en la toma de decisiones y distribución del presupuesto interno.
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