En abril de 2019 junto a una veintena de compañeros fui despedido ilegalmente de la fábrica, cuando llegamos, como todos los días, se nos trabó el molinete y de esa manera, a las 6 de la mañana, nos enteramos que la empresa nos había despedido. Horas más tarde, mientras seguíamos en el portón de entrada esperando explicaciones, nos enteramos que ese mismo día la patronal abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo, una maniobra burda e ilegal para despedirnos.
Desde ese día nos plantamos en el portón de entrada pero también fuimos a la justicia. Primero conseguimos un fallo en primera instancia donde los jueces (en su fallo a favor nuestro), llamaban la atención sobre la “avivada” ilegal de la patronal, ellos le dicen "suspicacias" a los despidos efectuados el mismo día que abren el preventivo de crisis: "El compromiso acordado con la entidad gremial representativa de esa actividad, en el marco de un procedimiento preventivo (cfr. arts. 98 y sgtes. de la Ley 24.013), de mantener hasta el 31/12/2019 y “… no despedir personal sin causa ni por causas económicas ni realizar suspensiones por causas económicas…” (sic), por su contemporaneidad, refleja cierta suspicacia en la exclusión del convenio a 22 trabajadores despedidos ese mismo día; circunstancia que denota un claro apartamiento de las previsiones del tal imperativo legal que regula ese proceso administrativo"
Nos daban la razón, nos dejaron fuera del PPC de manera ilegal y teníamos que volver a trabajar. Pero la empresa no cumplió el fallo, apeló y tuvimos que seguir peleándola, así llegamos a la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones, allí nuevamente se ratifico que los despidos fueron ilegales. Esto decía la sentencia de la Cámara en relación a nuestros despidos y el famoso Procedimiento Preventivo de Crisis: “en punto a que dicho Procedimiento Preventivo de Crisis no contempló a los demandantes en la suspensión de los despidos y, por ende, aportarían indicios suficientes que permiten inferir la alegada conducta antijurídica de discriminación que se atribuye a la accionada, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo’”. Otra instancia judicial que decía que nuestros despidos fueron arbitrarios, ilegales y discriminatorios. Otra vez la empresa hace lo quiere con las leyes y los fallos de la justicia.
Hace ya más de dos años, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, sindicales y políticas que apoyan esta pelea, dijimos basta, basta de ser pisoteados, de que te echen como un perro y que a minutos, una multinacional que es está en más de 150 países, diga que tiene crisis. Quiero volver a trabajar. Por eso espero que el Poder Judicial no convalide la impunidad de la multinacional dueña de Electrolux. Lo que sería justo para los trabajadores que sufrimos estos atropellos y que nos quedamos en la calle años esperando que las empresas cumplan con la ley, es que la Corte ratifique los fallos anteriores y se termine esta situación donde los que tienen plata y poder como esta Multinacional se dé el lujo de no cumplir los fallos de la justicia.
No es novedad para nadie que estamos en una crisis social, sanitaria y económica enorme, que cada vez hay más trabajadores desocupados y que conseguir un laburo es cada vez más difícil. Tampoco es novedad que las patronales aprovecharon la pandemia y las crisis para aumentar sus ganancias a costa de nuestro salario y de despidos.
Cuando nos dejaron afuera, despidiendo a más de veinte compañeros vimos como meses más tarde tomaron nuevo personal contratado con menos derechos y salario, vimos como compraron robots para aumentar los ritmos de producción y flexibilizar más la jornada laboral. Se ve a las claras que era una mentira que estaban en crisis y como demostramos incansablemente, los despidos fueron un atropello por donde se los mire.
No me quiero olvidar del apoyo que recibimos de distintos sectores, retomo un párrafo del escrito que presentaron organizaciones y personalidades de derechos humanos junto con Asociación de Abogados Laboralistas en nuestra defensa: “entendemos que estamos ante un actuar ilegal de la empresa Electrolux SA y Frimetal SA, que han despedido previo a realizar un PPC, en el caso de los actores contemporáneamente a firmar un acuerdo que regía hasta fin del presente año”. Ese mismo escrito dice que “nos encontramos ante un claro caso de comportamiento discriminatorio por motivos políticos, ideológicos y antisindicales que dan pábulo a la confirmación de la medida cautelar dictada en primera instancia como expresión de una Tutela Jurisdiccional Efectiva”. También organismos derechos humanos le hicieron saber por parte de la nieta recuperada María Victoria Moyano Artigas a la Secretaría Laboral de la Corte su preocupación por los puestos de trabajo y que no le den la razón a la empresa.
Hace más de dos años que venimos dando esta pelea por recuperar el trabajo, más de dos años que venimos viendo cómo la empresa incumple las órdenes judiciales. Espero que la Corte falle nuestro favor, ubicándose del lado de las familias trabajadores ante esta multinacional tan poderosa. |
